Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– A finales de enero de este año, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam anunció lo que denominó la «verdad histórica de los hechos» de Iguala, Guerrero, ocurridos en septiembre de 2014 y concluyó: «los normalistas están muertos; fueron calcinados».

Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, no creyeron en esa versión entonces y, a 10 meses que sus hijos fueran retenidos por policías municipales, tampoco.

Felipe de la Cruz Sandoval, vocero del movimiento y familiar de uno de los normalistas explicó que no pueden creer que el Estado haya intentado cerrar el caso cuando no hubo una investigación exhaustiva que incluyera las declaraciones de los militares del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala,– señalados por los padres de familia como culpables–, ni de otros involucrados, así como no abrir a los forenses argentinos las puertas del cuartel militar, punto que marcó el GPS del celular de uno de los muchachos.

«Su verdad histórica se convirtió en la mentira histórica del país», dijo De la Cruz mientras los contingentes se abrieron camino por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, durante la marcha del domingo.

A 10 meses, los padres y madres de los normalistas sostienen que sus hijos están vivos y pidieron a las autoridades federales reanudar los operativos de búsqueda, así como hacer nuevamente la investigación pero ahora de forma seria y rigurosa.

«Queremos que nos den respuestas serias y gente responsable al frente de este país y exigimos a las organizaciones de derechos humanos que demuestren hasta dónde pueden verdaderamente hacer por nuestros hijos», expresó uno de padres.

Por su parte, Omar García, normalista sobreviviente, comentó que durante este tiempo el movimiento ha cometido errores pero ante la negativa de las autoridades para atender sus demandas es necesario que se reorganicen y que la sociedad no se conforme con sólo salir a manifestarse en las calles sino que se comience un cambio profundo a partir del trabajo conjunto para no dejar que los crímenes contra derechos humanos queden impunes.

«Hemos visto problemas que no han tenido la misma repercusión que tuvo el 26 de septiembre, eso no significa que no estén ahí. A nosotros nos preocupó, compañeros, lo que pasó en Apatzingán, lo que pasó en Tanhuato, lo que pasó recientemente en la comunidad de Ostula [en Michoacán], donde un niño resultó asesinado por balas del Ejército; también nos indigna el decreto de apropiación en San Francisco Acuautla, Estado de México. Nos indignan todos los problemas e invitamos a los estudiantes, a que cuando regresemos a clases volvamos a reunirnos para impulsar nuevamente al movimiento», declaró García, quien también es alumno de Ayotzinapa.

«En 10 meses hemos aprendido mucho de nuestros errores y con base en eso podemos reimpulsar el movimiento. Tenemos que trabajar, para cuando se cumpla incluso un año, queremos ver que somos más en las calles recordándole al gobierno mexicano que los crímenes de lesa humanidad no pueden pasar desapercibidos en este país», agregó el joven.

A dos meses que se cumpla un año de los hechos de Iguala, familiares, estudiantes y activistas anunciaron que se realizarán caravanas que recorrerán el país con el fin de unir fuerzas y sumar causas, además de llamar a más mexicanos a la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

El movimiento anunció que el próximo 31 de julio se realizarán dos caravanas informativas. Una en los estados del norte que iniciará en Chihuahua y otra al sur de la República mexicana, que partirá de Chiapas.

“Queremos que nos unamos, sumar causas con organizaciones y la sociedad”, adelantaron.

La caravana del norte recorrerá también los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco. La del sur pasará por Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Distrito Federal y terminará en Guerrero.

El domingo, cientos de manifestantes tomaron Paseo de la Reforma, en la capital del país, como parte de la jornada de protesta para exigir la aparición con vida de los normalistas. Organizaciones civiles y sindicales se dieron cita en el Ángel de la Independencia en punto de las 16:00 horas para realizar una manifestación y recordar a las autoridades que hace 10 meses seis personas murieron, hubo decenas de heridos y desaparecieron 43 estudiantes.

Los manifestantes llegaron al Hemiciclo a Juárez donde realizaron un mitin en el que participaron familiares de los normalistas. Ahí pidieron que se hiciera justicia para que se castigue a militares que hayan estado involucrados en los casos de Iguala, Tlatlaya y Ostula.

“El Ejército está realizando ejecuciones extrajudiciales”, se escuchó en la protesta.

“El Ejército mexicano asesinó a un niño en Michoacán, es el mismo Ejército que desapareció a nuestros muchachos. Por eso pedimos que se abran los cuarteles al equipo de expertos argentinos”, dijo Felipe de la cruz, vocero de los padres de los normalistas.

Durante el mitin los padres de familia aseguraron que desde hace 10 meses han vivido un infierno, pero gracias al apoyo de muchos mexicanos han tomado fuerza para salir a exigir justicia “porque no podemos quedarnos callados en el país donde las autoridades dicen que no pasa nada”, expresó una familiar de los normalistas.

Además adelantaron que no permitirán las elecciones en Iguala ni la presencia de Fuerzas Armadas en el municipio.

“No habrá elecciones hasta que abran los cuarteles a los expertos”, agregó la mujer.

Previo al acto político realizaron una parada en el «antimonumento» +43 donde los padres de familia advirtieron que si algo le sucede a sus muchachos el responsable será el Presidente Enrique Peña Nieto.

En el transcurso de la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió diversas fallas y omisiones en la investigación ministerial por parte de la PGR y de la Fiscalía General de Guerrero.

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta, acompañado del Ombusdman nacional, Luis Raúl Pérez González, recomendó a la autoridades mexicanas explorar nuevas líneas de investigación.

Una de ellas es que el ataque a los estudiantes pudo darse en Pueblo Viejo y el paraje La Parota (parajes de las inmediaciones de Iguala) “pues existen referencias de un individuo perfectamente identificado quien podría aportar información relativa a la vinculación o no de los hechos de la desaparición de los estudiantes con los hechos”. Además de que hay alusiones a otros sujetos de los que también sólo se conoce su apelativo, a quienes tampoco se les ha investigado.

Sergio Rincón

https://dev.sinembargo.mx/author/sergiorincon/

#Análisis ¬ ¿Es posible que Claudia suba más? Sí: en 2018, AMLO apretó en los últimos 30 días