Sutil y silenciosa, una operación para extorsionar a empresarios y familias ha afectado al sector inmobiliario de la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Las empresas no desean hacer público un hecho así por temor a represalias, a que surjan nuevos actos o para que no se inhiba a futuros compradores.
Víctimas de este delito aseguraron a SinEmbargo que es como un cáncer que ha sabido moverse de forma permanente en un mundo lleno de impunidad, y muchas veces negligencia o complicidad, de las autoridades capitalinas.
Dos representantes de constructoras sospechan que se trata de una o varias bandas que se dedican a la ocupación ilegal de inmuebles y actúan con el mismo modus operandi: llegan, saquean, extorsionan y cuando obtienen el dinero se van, como si nada hubiese ocurrido.
NOTA: A petición de los entrevistados sus nombres fueron cambiados por temor a represalias y por su seguridad. SinEmbargo cuenta con los testigos de audio de cada una de las conversaciones.
Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– La mañana del 15 de abril de este año un grupo de hombres tocaron a la puerta de un edificio deshabitado en remodelación que se encuentra en la calle Zamora de la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Entraron a la fuerza y amenazaron a 20 albañiles para que salieran del inmueble, porque la “dueña” –dijeron a los trabajadores– los demandaría por invasión.
Los maestros de la obra no sabían lo que ocurría. A ellos los contrató la empresa que compró la construcción, hasta donde entendían, pero repentinamente había aparecido una nueva propietaria reclamando sus derechos de pertenencia a punta de violencia.
“¿Es un robo?”, se preguntaron algunos mientras a empujones, jaloneos y mentadas los acorralaron, con los ojos mirando al suelo, en un cuarto lleno de tablas y herramientas. Cualquier chasquido y de inmediato surgía un manotazo o insulto.
–Uno de ellos vino una semana antes a pedir trabajo. Se pasó días dando vueltas para ver si había y ya luego no supimos nada de él. Yo estaba en el tercer piso, y cuando llegaron lo vi, él me dijo que me bajara, y yo pensé que ya estaban trabajando, que eran personas nuevas. ¡Y cuál! –narró Sonia, trabajadora del edificio en remodelación.
–¿Los golpearon?
–Sí, bueno: empujones. Al que le fue peor fue al compañero que abrió la puerta, porque él sí se puso brusco. Tuvieron que llevarlo arrastrando entre cuatro –contestó Ramón, el encargado de obra.
–¿Qué armas traían? –se les preguntó.
–Sólo un muchacho, el primero que entró traía una más o menos así [Ramón forma una pistola con su mano]. No sé bien de qué calibre, pero traía una maleta llena de pistolas, yo creo que para los demás.
Los albañiles, incluyendo a la mujer, hubieran defendido su lugar de trabajo, querían hacerlo y responder a las agresiones, dijeron a SinEmbargo; incluso los rebasaban en número, pero la diferencia de dos a uno no significaba nada porque “nos estaban apuntando con una escuadra”, detallaron.
20 minutos después, aquel edificio donde ellos habían dedicado horas, semanas y meses de trabajo… había sido tomado por desconocidos.
Días y noches colocado las molduras en los los techos, cambiando ventanas o esculpiendo pisos, y de un momento a otro, todo eso había pasado a otras manos. Se había concretado un despojo.
OPERACIÓN DESPOJO
Se trata de una vieja forma de extorsión que ha tomado por sorpresa a habitantes y trabajadores de la Condesa.
Sutil y silenciosa ha afectado al sector inmobiliario y a decenas de familias. Las empresas no desean hacer público un hecho así por temor a represalias, a que surjan nuevos actos o para que no se inhiba a futuros compradores.
Víctimas de este delito aseguraron que es como un cáncer que ha sabido moverse de forma permanente en un mundo lleno de impunidad, y muchas veces negligencia o complicidad, de las autoridades capitalinas.
Dos representantes de constructoras sospechan que se trata de una o varias bandas que se dedican a la ocupación ilegal de inmuebles y actúan con el mismo modus operandi: llegan, saquean, extorsionan y cuando obtienen el dinero se van, como si nada hubiese ocurrido.
–¿Qué ganan ocupando un inmueble, si finalmente no tienen cómo comprobar que son dueños?
–El caso va a un juicio de cinco meses o un año, y mientras las empresas pierden dinero con la obra detenida o por la mala fama que daña a las ventas. A nosotros no nos pasó, pero en el sector hay casos donde los invasores piden dinero para irse, y los inversionistas ven menos pérdida dándoles lo que piden que esperando a que se resuelva la situación.
–¿Y qué hacen las autoridades?
–Es una forma de secuestro que opera ante la ineficacia de la autoridad. Ellos no pueden hacer nada. No estamos seguros de donde vienen, pero basados en nuestra experiencia puedo decir que la propia policía les facilita el trabajo porque no los sacan, a pesar que no son dueños. A nosotros, por ejemplo, nos dijeron que se trataba de un pleito entre particulares y debíamos arreglarlo. Cuando los detuvieron, a pesar de todas las pruebas que dimos, los dejaron libres.
–¿O sea que es complicidad?
–No sé si lo sea, pero no es nada nuevo. Algo similar se hacen en otras partes, amparados por partidos políticos: organizaciones civiles llevan a “paracaidistas” y ocupan grandes terrenos, y luego los reparten por votos. Es más o menos lo mismo, pero aquí es totalmente extorsión, secuestro e invasión.
El Maestro José Guadalupe Zuñiga Alegría, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, explicó que el despojo es un delito grave que se entiende, por ejemplo, cuando una persona externa toma control de un inmueble.
Cuando alguien se apodera de un edificio, detalló, las autoridades se enfrentan a una situación muy delicada, incluso aunque hayan pasado pocos minutos después que los ocupantes se hayan apropiado, los policías no intervienen porque queda a interpretación si se trata de un acto concretado o de flagrancia.
«Los policías prefieren no pasar a la propiedad, para evitarse caer en violaciones», comentó el profesor, quien es además miembro del Bufete Jurídico de la UAM.
Ese mismo 15 de de abril, seis horas después del incidente, y ante la negativa de las autoridades para apoyarlos, uno de los socios de la constructora y los albañiles se hicieron de valor, rompieron una puerta, ingresaron y sacaron por su propia mano a los ocupantes del edificio en remodelación ubicado en la calle de Zamora.
“Llegó la policía pero dijo que no podía ayudarnos. Los tipos presentaron una fotocopia que no decía nada, pero según ellos era el documento que comprobaba que había una ‘dueña’; no era ni la copia de la escritura, ellos no podían hacer una controversia por la propiedad, pero para los patrulleros eso era válido y no los sacaron”, contó el Ingeniero Julián, uno de los socios de la constructora.
A pesar que las autoridades detuvieron a tres personas, y que en la ampliación de la denuncia se reportó el robo de dinero, herramientas y celulares, los sospechosos salieron libres a los tres días tras pagar una fianza en el Ministerio Público.
El caso, a la fecha, sigue encarpetado. No hubo la correspondiente averiguación previa.
MÁS INTENTOS DE OCUPACIÓN
En la misma calle de Zamora ocurrió un hecho parecido, pero se trató de un edificio familiar. Ahí hubieron dos detenidos, también existieron testigos y demandantes y policías y evidencia… pero no hay personas tras las rejas, todos fueron liberados tras pagar una fianza al Ministerio Público.
Fue a mediados de marzo de este año: Martha, sus hijos, su hermana, sobrinos y al menos nueve familias más, fueron irrumpidos a la una de la mañana por al menos 10 hombres, quienes con un mazo rompieron la chapa del edificio y comenzaron a sacar a sus habitantes a punta violencia y amenazas.
“Es un desalojo”, gritaron con rabia los sujetos vestidos de civil, además que se identificaron como judiciales, contó Martha.
La señora que lleva viviendo 20 años en aquel edificio llamó a la policía, pero le dijeron que no había ni una sola patrulla disponible en el sector. «Mi hermana salió descalza y en la esquina, de puro milagro, pasó una y vino y detuvo a dos de los que querían sacarnos».
–¿Estaban armados?
–Sí, traían armas blancas y mazos.
–¿Qué dijeron cuando forzaron la puerta?
–Que era un desalojo. Nada más decían así: «desalojo, desalojo…».
–¿Se presentaron o llegaron con un abogado?
–Dijeron que eran judiciales y que teníamos 15 minutos para salir.
–Qué hizo la policía cuando llegó?
–Detuvo a dos. De hecho uno mi hermana lo agarró para que no se escapara.
–¿Cuántos eran?
–Como unos 10 y sólo agarraron a dos, los otros se echaron a correr.
–¿Y en le Ministerio Público qué argumentaron?
–No sé porque la declaración fue por separado. Pero aquí los mismos policías no pidieron que llegáramos a un acuerdo. Pero le dije al policía: qué acuerdo ni que nada, ellos se nos querían meter.
El investigador José Guadalupe Zuñiga Alegría, quien ha llevado juicios de desalojos familiares, informó que esta práctica, una vez que se concretó y los ocupantes tienen el control total del inmueble lo siguiente es que las autoridades realizan una investigación previa si el afectado levanta la denuncia, y luego el caso se va a juicio.
El abogado aseveró que una vez que el caso entra juicio el proceso puede extenderse meses o años debido a las garantías que se otorgan para ambas partes.
«El proceso, en sus diferentes etapas, permite que se le brinden todas las garantías a un persona que no tienen nada, ni un documento que certifique la propiedad», refirió Zuñiga Alegría.
El 23 de mayo pasado surgió otro intento de ocupación en un terreno en proceso de construcción de la calle Cuernavaca de la Condesa. Durante la madrugada 40 hombres con armas blancas amenazaron al guardia de la obra y lograron ingresar.
Héctor, representante de la constructora dueña del predio, contó para las 6:30 de la mañana los invasores se habían ido, quedando uno solo, que huyo al ver la presencia de 50 albañiles, quienes se alistaban para iniciar su jornada de trabajo.
«Nosotros no le llamamos a la patrulla porque en lo que llega, y ven e investigan y luego que el juicio… pues en todo eso ya perdiste mucho tiempo. Nuestra prioridad no era esa, sino saber qué estaba ocurriendo», dijo Héctor.
–¿Y ya no regresaron?
–No, de inmediato pusimos seguridad fuerte. Varios guardias, que representan un gasto importante.
LA VIEJA PRÁCTICA
De acuerdo con José Guadalupe Zuñiga Alegría en el despojo puede ser llevado a cabo por una persona o una familia, que son los casos comunes; sin embargo, también existen organizaciones civiles que se apropian de terrenos, como el caso de Movimiento Antorchista Nacional, generalmente conocido como Antorcha Campesina y también se encuentra el Frente Popular Francisco Villa.
En un reportaje realizado por Humberto Padget y publicado por este medio en abril de 2014, se describe la forma de operación de Antorcha Campesina, quienes por medio de acuerdos verbales la organización vende terrenos ocupados o donados a «participantes», comunmente personas de bajos recursos que pagan poco a poco el predio y asisten a mítines, juntas, plantones, colectas o son requeridos en votaciones a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Otro grupo que ha realizado, y que incluso ha amenazado con quitar terrenos contra las empresas que hagan fracking, es el Frente Popular Francisco Villa, el cual opera en el oriente de la Ciudad de México.
Ambas organizaciones han actuado de forma política desde hace años, sobre todo en proceso electorales.
Julián, uno de los afectados, dijo que lo primero que pensaron fue que se trataba de algunos de estos grupos.
«Pensamos que eran de algún partido o paracaidistas, pero nos extrañó porque ellos se mueven de otra forma y en otra parte. Casi siempre despojan a los que ellos consideran «latifundistas» o «terratenientes», pero aquí es distinto, fueron otro tipo de personas. Por lo que sabemos se trata de pandillas que podrían estar respaldadas por autoridades», dijo el ingeniero.
Tras el intento de despojo en la calle Cuernava, Héctor aseguró que la empresa no quiso indagar más del tema. «Ahí la dejamos, no quisimos saber de dónde venían, pero no dudo que se trate de crimen organizado», apuntó.
NO HAY EXTORSIÓN: PGJDF
Mientras que el sector de la construcción denuncia que son presas de la extorsión por parte de grupos de ocupas, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Fernando Ríos Garza, calificó como falsos los rumores de extorsión e intimidación en la colonia Condesa.
A principios de mes, el Procurador realizó rondines en restaurantes y comercios del corredor Roma-Condesa, luego que empresarios del ramo restaurantero informaron que criminales les pedían cuota por el derecho de piso. Días después, Hugo Luna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados apoyó la versión de Ríos Garza, y dijo que efectivamente no había denuncias de extorsión.
No obstante, se implementó un operativo para resguardar la zona.
El Procurador capitalino destacó que durante su visita se constató que “la colonia Condesa, el corredor Condesa-Roma, es un lugar seguro; ustedes se han dado cuenta que los lugares tanto ayer como hoy se encuentran llenos, la gente confía en estos lugares”.
Pero las fuentes consultadas por SinEmbargo refirieron que el sector está siendo extorsionado de forma sutil por el crimen organizado.
«Los muchachos [albañiles] vieron a dos de los sujetos que se nos metieron en La Laguinilla, también en Tepito. Ellos han de ser de por allá o ahí operan también», contó Julián.
Al preguntarle a los trabajadores, uno de ellos dijo que cuando fue a la ampliación de la declaración contra los ocupantes, donde ahora reportarían el robo de celulares, los policías dijeron que uno de los detenidos fue su compañero.
«Nosotros fuimos a la ampliación de la declaración y cuando los policías nos trajeron a la obra nos dijeron que uno de los que estaban detenidos era un policía dado de baja, y que trabajó con ellos, en la delegación Cuauhtémoc», contó Oscar, un albañil que trabajaba en el edificio de remodelación ubicado en la Condesa.
SinEmbargo pudo constatar que tras el intento de despojo, la empresa elevó los niveles de seguridad, contratando a personal y capacitando a sus trabajadores de obra, sobre las acciones que se deben emprender en caso que un hecho similar vuelva a ocurrir.
Lo mismo ocurrió con el predio de la calle de Cuernavaca, donde seguridad privada resguarda la zona, comentó Héctor, quien también aseguró que estas medidas se están replicando en diversos proyectos para prevenir esta situación.
«Nosotros ya tenemos un plan de acción, incluso hemos trabajado con los vecinos, por si algo similar le pasa a alguno todos debemos actuar», comentó Julián, del edificio en Zamora.
