Entre las exigencias reiteradas de las voces críticas destacan el nulo acceso a la información o la diseminación de información tendenciosa que sólo expone los beneficios, pero omite hablar de los posibles daños ambientales y sociales a corto y mediano y largo plazo.
Académicos e integrantes de grupos sociales solicitan la nulidad de la consulta indígena por el Tren Maya. Algunas de las irregularidades detectadas consisten en la violación al derecho de acceso a información previa, la violación al principio de consentimiento libre, la violación a los mecanismos y formas que las comunidades y pueblos indígenas tienen para deliberar y tomar decisiones que les afectarán y la violación al principio de consentimiento libre.
Por Robin Canul
Calakmul, Campeche, 14 de diciembre (PieDePágina).- A un día de realizarse la fase consultiva sobre el Tren Maya la incertidumbre está presente en el pueblo maya. Algunos comisarios ejidales denuncian recibir presiones para impulsar el sí. Otros no tienen claridad sobre qué implicará para las comunidades uno de los principales proyectos de desarrollo del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 29 y 30 de noviembre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) asignaron una tarea compleja a las autoridades ejidales: llevar información sobre los beneficios del Tren Maya a sus respectivas asambleas para regresar el 14 y 15 de diciembre con la anuencia de sus comunidades.
Así lo corroboró el comisario ejidal de Tenabo, José Rigoberto Huchím Uc, quien en la asamblea informativa cuestionó sobre la intromisión de empresas intermediarias de Fonatur.
Una compañía contratada por la dependencia gubernamental ha ejercido presión para que los pobladores aceleren las asambleas ejidales en las que se trata el tema del tren.
“Ellos están contratados para hacer estudios de suelo y mediciones pero están brincando a algo que no les corresponde, quieren que hagamos una asamblea convocada cuando no existen los lineamientos” señala Huchím Uc.
El comisario se refiere a la consultora Bya Barrientos y Asociados quienes, aseguró, lo han presionado para que delibere a favor sin realizar la asamblea de ley.
En Calkiní el comisario del núcleo ejidal Pedro Raul Chi Canche aseguró que cuentan con asesoría legal y que van a defender lo que por ley les corresponde. El ejido, dijo, tiene una amplia experiencia en litigios para con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las vías férreas existentes, que a la fecha tienen una deuda sin saldar con los ejidatarios. También cuestionó a las empresas que fungen como intermediarios del Gobierno federal.
”Hemos aprendido mucho, se hacen las carreteras federales pero es propiedad del ejido, tenemos que pagar abogado. Ahora crean el tren pero la tierra es de nosotros y nos tienen que pedir permiso para que crucen las vías”, advirtió a las autoridades federales durante la fase informativa.
Al comisario del ejido de Becán, Nicolás Montero Díaz Calakmul, no le queda claro el proceso de consulta indígena, para él lo más importante es que se subsanen las necesidades que atañen a la población.
“Estoy de acuerdo que entre el Tren Maya, pero primero vamos a hablar de las necesidades de mi pueblo que es la como la escasez de agua y los servicios médicos”.
Nicolás Montero dijo que para este próximo 15 de diciembre, durante la consulta, las autoridades les pidieron una lista de necesidades.
Para Melquicedec García, empresario local de transporte y restaurantes, el proyecto del Tren Maya traerá beneficios, sin embargo, dijo que espera que el Gobierno les apoye económicamente para que puedan competir contra los grandes consorcios hoteleros o agencias de viajes.
“Han venido compañeros explicando que va a venir un tren, no sabemos si va a agarrar zona de carretera o la zona federal de la comisión, no sabemos hasta ahora…”.
DIFERENCIAS ENTRE CONSULTAS PÚBLICA E INDÍGENA
Elisa Cruz Rueda, profesora investigadora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena, de la Universidad Autónoma de Chiapas, señala que avanzar a la fase deliberativa con una consulta pública de votación en urnas y una consulta indígena genera serias confusiones entre la población y la ciudadanía.
Explicó que la Consulta Pública tiene como finalidad recabar la opinión de la ciudadanía a través de preguntas cortas con respuestas tales como sí, no, no sé, o sobre una ley, o sobre una decisión de uno de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo o judicial), y esa opinión puede o no ser tomada en cuenta por ese poder.
La Consulta Indígena, en cambio, está regulada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado. En el caso de México, precisó la académica, por el Presidente de la República y el Senado. En dicho convenio, están otros instrumentos que deben aplicarse como lo es las opiniones del mecanismo de expertos y los estándares internacionales que se derivan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para México desde 1998.
VOCES CRÍTICAS
Entre las exigencias reiteradas de las voces críticas destacan el nulo acceso a la información o la diseminación de información tendenciosa que sólo expone los beneficios, pero omite hablar de los posibles daños ambientales y sociales a corto y mediano y largo plazo.
El colectivo Geo Comunes expuso en su documento “Tren Maya como nueva infraestructura de articulación de los capitales agroindustriales y turísticos inmobiliarios en la península”, que dicho desarrollo traerá consigo impactos socioambientales en lugares donde no existe derecho de vía. En su análisis advierten que la construcción de infraestructura ferroviaria vulnera las zonas que se caracterizan por su concentración de riqueza cultural, ambiental y que combinan núcleos ejidales de comunidades mayas, zonas de humedales y reservas naturales, como es el caso de la reserva de la Biosfera de los Petenes, la reserva de la Biosfera de Calakmul y más 3 mil 657 sitios arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la península de Yucatán. Esto supone una posible afectación al patrimonio histórico y cultural al sacar a la luz una cantidad importante de nuevos descubrimientos arqueológicos, sin omitir la relación integral entre el Tren Maya y los sectores del capital industrial como las granjas porcícolas, el mercado de granos como soya, palma africana y otros megaproyectos asentados en la región. (liga del documento)
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-já, el Colectivo Popol Wuj y la Articulación Yucatán, incluyendo académicos de la UADY, del Cinvestav y del Grupo CONACYT Territorios Tren Maya, sostienen que la consulta indígena incurrió en violaciones desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues afirman que la consulta no cumple con el principio de buena fe, pues expresaron que no hay información concreta respecto al tren sino una fuerte manipulación para que los pueblos cedan sus tierras. Sontienen que el Tren Maya implica riesgos territoriales, la falta de información acerca del proyecto y sobre la violación al derecho a la libre autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado, compromisos obligatorios del Gobierno federal de acuerdo con lo estipulado en el convenio 169 de la OIT.
Los académicos señalaron su preocupación por la falta de una evaluación ambiental y social sobre los impactos del proyecto al territorio.
“En el discurso oficial se anuncia que el proyecto del Tren Peninsular está vinculado con programas de ordenamiento territorial, y que generará un desarrollo equilibrado y sostenible mediante procesos de planeación con participación ciudadana. Sin embargo, en la práctica, lo que está sucediendo es que hace falta un análisis estratégico que incluya impactos acumulativos y sinérgicos de los diferentes tramos del Tren, de sus polos de desarrollo y de éstos con otros proyectos de infraestructura, como los grandes parques fotovoltaicos y eólicos, los desarrollos agroindustriales o el tsunami inmobiliario y turístico. Una Evaluación Ambiental Estratégica permitiría asegurar la sostenibilidad del territorio peninsular, en un marco de gobernanza y respeto al derecho de libre determinación del pueblo maya, permitiendo analizar la necesidad y viabilidad del TM y cuidando la riqueza biocultural de nuestra región”, señaló Rodrigo Patiño, investigador del Cinvestav y miembro de la Articulación Yucatán.
Académicos e integrantes de grupos sociales solicitan la nulidad de la consulta indígena por el Tren Maya. En un documento, plantean un análisis de las acciones del Gobierno federal durante la implementación de la consulta del tren, más allá del sí o no.
En el documento critican el acelerado proceso a la fase deliberativa en las diversas asambleas realizadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Entre irregularidades detectadas está la violación al derecho de acceso a información previa, la violación al principio de consentimiento libre, la violación a los mecanismos y formas que las comunidades y pueblos indígenas tienen para deliberar y tomar decisiones que les afectarán y la violación al principio de consentimiento libre.
“Hemos constatado que los procedimientos, así como las estrategias que utilizan el Gobierno y sus dependencias, están encaminadas para buscar sin contratiempos la anuencia del megaproyecto industrial y turístico del ‘Tren Maya’, cuyo nombre rechazamos rotundamente”.
Asimismo, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya presentó parte de la documentación que realiza acerca de ese proceso:
-Como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las medidas que generen un impacto significativo no solo deben ser consultadas, sino que se debe obtener el consentimiento de los pueblos afectados.
– Aún no existen evaluaciones de impacto ambiental y social del Proyecto, por lo que no se sabe si el Tren Maya generará un impacto significativo o menor a los pueblos indígenas de la región. La ponderación del impacto no se puede derivar únicamente del asunto de las vías férreas que actualmente están en operación y los derechos de vía en carreteras federales que ya se tienen, pues, como han anunciado los propios promotores del Proyecto, éste no consiste solo en un tren, sino también en una serie de “Polos de desarrollo”, cuyo impacto en las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades aún se desconoce.
