Al menos 15 personas han sido arrestadas, dijo a los periodistas Azahalea Solís, líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó el pasado miércoles la manifestación pero cuya celebración estuvo en duda en las últimas horas.
También fue capturado José Dolores Blandino, padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del Presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, según publicó en sus redes sociales Gioconda Artola, esposa del detenido.
Managua, 14 oct (EFE).- La Policía y grupos de manifestantes se enfrentaron hoy en Managua antes del inicio de una nueva protesta contra el presidente Daniel Ortega, y varias personas fueron detenidas por las autoridades, que decretaron en septiembre pasado ilegales las manifestaciones públicas que no cuenten con permiso.
El enfrentamiento se dio en la zona sureste de Managua cuando agentes de la Policía nicaragüense lanzaron bombas de sonido en contra de un grupo de personas que aparentemente estaban a la espera de sumarse a la protesta, constató Efe.
Al menos 15 personas han sido arrestadas, dijo a los periodistas Azahalea Solís, líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó el pasado miércoles la manifestación pero cuya celebración estuvo en duda en las últimas horas.
Según pudo captar la prensa, los agentes policiales arrastraron por el pavimento a jóvenes, adultos y ancianos para llevarlos hasta los coches de patrulla del cuerpo de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, ambas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS); José Antonio Peraza, miembro del Movimiento por Nicaragua, y Tamara Dávila, hija del fallecido coronel en retiro Irwin Dávila, opositor al Gobierno.
También fue capturado José Dolores Blandino, padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del Presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, según publicó en sus redes sociales Gioconda Artola, esposa del detenido.
Al grito de «protestar en un derecho, reprimir es un delito», los opositores se reunieron en un punto diferente al inicialmente fijado para arrancar la manifestación, cuyo lema era «Unidos por la libertad», pero el fuerte dispositivo policial impidió que los autoconvocados se movieran del lugar.
Los antimotines de la Policía Nacional lanzaron bombas «aturdidoras» para dispersar a los «blanquiazules», quienes sin rendirse continuaron clamando a voces por una «Nicaragua libre».
Este nuevo episodio de violencia se registra en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado y que ha dejado según organizaciones humanitarias locales e internacionales entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Desde la madrugada de este domingo contingentes policiales de operaciones especiales, antimotines y grupos afines al Gobierno se desplegaron en distintos puntos de Managua, especialmente en la vía por donde se anunció que pasaría la manifestación.
El sábado la Policía reiteró que «no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso», y que «tomará todas la medidas necesarias para mantener la seguridad y el orden público».
Ya a finales de septiembre la Policía anunció que consideraría «ilegal» las protestas de los llamados autoconvocados, los grupos civiles de oposición, y advirtió que arrestaría a sus organizadores.
Las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses han señalado que esa disposición viola la Constitución, que en sus artículos 53 y 54 reconoce el derecho de reunión pacífica, concentración y manifestación, sin necesidad de solicitar permiso.
«Siguen llamando a realizar marchas, no por la paz, sino para buscar sangre, quieren sangre, están sedientos de sangre», destacó anoche Ortega en un acto para celebrar la canonización del monseñor salvadoreño Óscar Arnulfo Romero.
El mismo sábado la oposición dijo que suspendió ese día manifestaciones antigubernamentales en Managua y la zona de Bluefields debido al despliegue de la Policía.
El 18 de abril pasado comenzaron las protestas contra Ortega por unas reformas de seguridad social que fueron anuladas en un intento por contener la crisis, que se convirtió en la exigencia de su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Ortega rechaza las denuncias de abusos locales e internacionales en contra de su Gobierno y asegura que la crisis impulsada por grupos golpistas y terroristas. EFE
