La titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, está en la lista de funcionarios más polémicos –junto con el Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; el Canciller, Luis Videgaray Caso, y el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin– del gabinete que se desmorona en 48 días más.
Ella retó, en una de sus últimas apariciones, a que se le investigue hasta “por debajo de las piedras”.
La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó las mil 469 páginas de investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las Cuentas Públicas de 2013 a 2016. Halló más de 11 mil 224 millones de pesos de posibles daños al erario público durante la dirección de Robles en la Sedesol y en la Sedatu. Pero Rosario Robles no es señalada por firmar ningún contrato. Abogados y especialistas en transparencia aseguraron que eso no la exime de responsabilidades, pues hay una cadena de mando.
SEGUNDA PARTE DE UNA SERIE
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Las mil 469 páginas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado sobre las gestiones de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) muestran que, de 2013 a 2016, hubo un posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos.
La defensa por la que optó Robles Berlanga fue declarar que en ningún documento relacionado con el mal uso de dinero público está su firma. Aunque en una de las auditorías de 2015 se constata que autorizó los manuales de Organización y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales, áreas clave en la operación y control de contratos.
Además, ha asegurado que todas las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu son legales, ya que se han hecho «bajo el amparo» del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. No obstante, la Auditoría observó una y otra vez que se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
«Entiendo que han dicho que el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] no me perdonará. Yo no pido el perdón de nadie. No tengo absolutamente nada que temer, ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras», aseveró en una conferencia de prensa del 11 de septiembre pasado.
El total de auditorías, revisadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo, testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-agosto 2015), hubo dudas por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos. Y en la Sedatu –hasta el momento únicamente observaciones de 2016– dudas por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
A 48 días del término del sexenio de Enrique Peña Nieto, la funcionaria es uno de los personajes más polémicos, junto con el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, y quien fungió como Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Santiago Nieto Castillo, abogado y futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que considerando el delito de comisión por omisión, Robles «tiene calidad de garante, por ello es responsable penalmente». Es decir, sobre ella recae no haber evitado las irregularidades reiteradas que el órgano fiscalizador señaló durante cuatro años, aunque podía y era su deber jurídico.
Está documentado por la ASF que durante el periodo de gestión de Rosario Robles Berlanga se realizaron adjudicaciones directas de Sedesol y Sedatu a universidades públicas como la de Morelos, Estado de México, Chiapas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Dichas instancias pagaban a terceros por los servicios, lo que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares, concluyó la ASF.
Robles ha insistido en que no está comprobado, no hay vínculo con su persona o lo solventaron con entregables. «Seguimos hablando de auditorías que han pasado, que han sido superadas», declaró en la conferencia.
De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, el caso de Rosario Robles tiene un patrón similar al de otros igual de polémicos tejidos con redes de corrupción muy parecidas que se pueden observar, por ejemplo, con las constructoras OHL México u Odebrecht, señaladas de entregar sobornos a funcionarios públicos.
“El hecho de que alguien hoy diga ‘mi firma no está ahí’ es un indicador muy claro de algo que se perdió de vista: quizá la característica más importante de la gran corrupción es la simulación […] Es importante fortalecer las policías de investigación, todas las instancias de procuración de justicia para que se realicen investigaciones. Hay que ir mucho más allá”, planteó.
Pero, coincidió con Nieto, el hecho de que no esté la firma de Rosario Robles en esos documentos no le quita responsabilidad.
“Hay que ahondar en esas investigaciones, hacia abajo en la cadena y hacia arriba para ver quién autorizó, por qué y si tenía facultades. También ver qué ocurría en ese momento, si había elecciones o no había, ver a dónde fue a dar ese dinero. Luego todo un equipo tendría que tomar ese caso, pero no hay algo así en este país; no tenemos una policía de investigación seria que se ocupe de esos asuntos con el nivel de detalle, seriedad y profesionalización que se requiere, que nos permita ver cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas involucradas, más allá de que hayan puesto su firma o no”, comentó en entrevista.
Otro ejemplo es Luis Videgaray, quien como Secretario de Hacienda decía que no firmaba contratos o autorizaba contratos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Y sí, es cierto. Pero es de nueva cuenta la apariencia de legalidad, porque él era el Presidente del Consejo de Administración del Consejo Directivo de Banobras y él tenía que presidir todas aquellas reuniones en las que se aprobaban contratos por ciertos montos.
«Entonces lo que hizo fue crear comités –muchos al margen de la ley– para que no pasaran por el Consejo Directivo, sino que esos actos se aprobaran en un comité delegado del Consejo Directivo. Eso es completamente ilegal, son las cosas que hay que empezar a ver, porque si aceptamos el argumento del ‘yo no firmé’ tendremos un análisis incompleto”, reiteró Díez.
Sobre Ruiz Esparza, el abogado Díez, quien ha seguido durante años el caso de OHL México, aseguró que «todo es una simulación y es lo que tenemos que romper. No nos podemos quedar con que no está su firma. Es tanto como creerle a Ruiz Esparza que niega todo categóricamente y que piensa que eso es suficiente. Se tiene que hacer un análisis fuerte”.
Robles debe comparecer ante el Congreso de la Unión este martes 16 de octubre. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, prevé que «la Secretaria Robles insistirá en la legalidad de sus actos y una autoridad investigadora tendrá que comprobar su dicho».
«Históricamente la responsabilidad administrativa se ha asignado solo a los funcionarios que firman los documentos. Ni las contralorías, ni los auditores externos han logrado establecer los casos en los que los funcionarios han recibido instrucciones superiores o son parte de una red de corrupción», expuso.
La organización Transparencia Mexicana ha insistido desde hace más de dos décadas en que se necesita un mecanismo de protección a los informantes dentro de una red de corrupción. «La única forma en que se han detectado las redes de corrupción en América Latina ha sido a través de mecanismos de ‘delación premiada’ en los que los integrantes de menor rango informan qué fue lo que les pidió un superior jerárquico a cambio de una reducción en las penas», dijo.
A mediados de septiembre, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché presentaron basados en las auditorías una iniciativa de reforma para el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para frenar actos de corrupción.
La sociedad civil ha exigido por años una nueva Ley General de Adquisiciones y una nueva Ley General de Obras. Hay más de 110 formas de venderle al Estado, expuso Bohórquez. «Eso genera ineficiencia, falta de competitividad, pero también corrupción», planteó.
LA REITERACIÓN DEL MODUS OPERANDI
Rosario Robles Berlanga dirigió la Sedesol del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015. Durante ese tiempo, la Auditoría Superior de la Federación observó probables daños al erario público por 6 mil 558 millones de pesos en las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 en programas y contratos de esta dependencia.
El órgano fiscalizador realizó a la Sedesol 17 auditorías en la Cuenta Pública 2013, 20 auditorías en la Cuenta 2014 y 19 auditorías en la Cuenta Pública 2015, entre las que están a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, implementada por Omar Garfias Reyes; a los Comedores Comunitarios, por Victor Calvillo Carlos; al Seguro de Vida para Jefas de Familia, por Ernesto Némer; a las Estancias Infantiles y a Pensiones para Adultos Mayores en las que advirtió, durante tres años consecutivos, deficiencias en la definición de la población objetivo.
«Por qué no se cumplió con la promesa presidencial de contar con un Padrón Único de Beneficiarios (lo que evitaría clientelismo político y uso discrecional de los recursos)», cuestionó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. «Por qué no existe una Catálogo Nacional de Programas Sociales, que también fue compromiso presidencial».
El modus operandi de las contrataciones o convenios con universidades públicas sin capacidad para cumplir con los servicios requeridos también se repitió.
En la Cuenta Pública de 2013, por ejemplo, se dictaminó que en los contratos celebrados con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) por 857 millones 618 mil pesos para algunas acciones del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la Sedesol incurrió en conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y adquisiciones, y la subcontratación de proveedores sin el perfil para prestar los servicios comprometidos. Algunas empresas contratadas ni siquiera pudieron encontrarse.
«No se acreditó la realización de los trabajos ni la entrega de los bienes y servicios a las entidades y municipios por 845 millones 483 mil pesos, que equivalen al 98.6 por ciento del monto total de los recursos convenidos con ambas universidades», dictaminó el 23 de enero de 2015.
Aunque no se aseguró a la población objetivo que carece de una vida digna, fueron pagadas sin que la Sedesol supervisara, vigilara y constatara su ejecución, y durante la fiscalización, los hallazgos permitieron constatar que los servicios no llegaron a la población que se debía.
Para la Cuenta Pública 2014, el 28 de enero de 2016 el órgano fiscalizador dictaminó cinco contratos celebrados con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), por 430 millones 109 mil pesos, de los cuales se observaron inconsistencia en cuatro de ellos por 426 millones 424 mil pesos.
A cuatro de los proveedores la UAEMOR –cuyo rector era Alejandro Vera Jiménez, señalado de abuso de confianza– les pagó 399 millones 608 mil pesos, de los cuales el 82.3 por ciento fueron transferidos a la cuenta de la empresa Esger, Servicios y Construcciones.
Ese mismo 2014, de acuerdo con el dictamen del 28 de enero de 2016, la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México no lograron incorporar a un total de 226 mil 779 adultos mayores al programa de pensiones por lo que la Secretaría de Robles Berlanga realizó pagos injustificados a la UAEM, que a su vez contrató a Tecnología Informática y Symmetrix Architecture, por 68 millones 033 mil pesos.
En otras observaciones de 2014, en un dictamen a Liconsa del 20 de noviembre de 2015 se identificaron registros por 1 millón 239 mil pesos de leche en polvo caduca desde 2012 no destruida.
En la Cuenta Pública 2015, la ASF expuso en una auditoría sobre convenios con universidades que en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014 ya se le había recomendado a la Sedesol abstenerse de contratar o convenir servicios con terceros cuando no tengan la capacidad para ejecutarlos.
Pero, aunque la dependencia manifestó que corroboró antes su capacidad, Sedesol realizó tres convenios por un total de 611 millones 685 mil pesos, suscritos con las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, sin que contaran con la capacidad por lo que subcontraron a terceros por 605 millones 3012 mil pesos, el 99 por ciento de lo convenido.
«Por lo cual se considera como una acción reiterada», concluyó la ASF.
Sobre la instalación de techos fijos de láminas del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, hubo posibles daños al erario público por 156 millones 274 mil pesos. Además, la Sedesol no acreditó con el padrón de beneficiarios la totalidad de las 110 mil 562 viviendas beneficiadas y, de las 15 delegaciones en las entidades federativas revisadas, se determinaron irregularidades en la aplicación o destino de los paquetes de láminas, así como en la ejecución y comprobación de los trabajos de instalación, que fueron pagados por la Sedesol con cargo al presupuesto.
Luego de que en 2015 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó sus datos bianuales de pobreza nacional, en el que se registró un incremento de 2 millones de personas en esa condición, el Presidente Peña Nieto le anunció su retiro de la Sedesol y designó a José Antonio Meade Kuribreña, quien heredó las observaciones y recomendaciones.
El Presidente no la sacó de la jugada a pesar de los resultados negativos en erradicación de la pobreza; le entregó la titularidad de la Sedatu y ahí se mantiene hasta la fecha. Y aunque la ASF solo ha publicado las 11 auditorías correspondientes a la Primera Entrega del año fiscal 2016 a esa dependencia, los posibles daños al erario público ya se estiman en 4 mil 666 millones de pesos.
Una auditoría de 2016 analizó 19 convenios con universidades y entes públicos; ocho que fueron suscritos en 2015 y pagó la Sedatu en el ejercicio 2016, y 11 formalizados durante el 2016.
Del 19 de septiembre del año pasado hasta el 13 de diciembre de 2017, fecha en que se dio a conocer el cambio de domicilio y ubicación de oficialía de partes, la dependencia no recibió documentación alguna, bajo la justificación del sismo, por lo que los trabajos de ejecución de la auditoría se vieron afectados, aclaró la ASF.
«Estábamos fuera del edificio de Sedatu [en Reforma 99]. No podíamos entrar. Teníamos prohibido entrar», expuso Robles en la conferencia del 11 de septiembre de este año. «Todo el documental de los convenios de Sedatu estaba bajo el resguardo de la Auditoría Superior de la Federación. Y la Auditoría no puede informar porque no tenía acceso a esa información».
Ya que pudieron entrar encontraron documentos tirados y mojados, evocó la Secretaria. Del 20 de febrero al 20 de abril, la fecha legal para documentar, les entregaron todo y ahora está en sus manos.
En la Sedatu, al igual que se hizo en la Sedesol con Robles, contrató servicios con Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo (Telemax), y siete universidades públicas. Pero se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores con irregularidades por mil 747 millones de pesos.
Fue el caso de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) y Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), a las que les pagó en 2016 un total de mil 899 millones de pesos.
Los dos entes públicos y cinco universidades contrataron con terceros los servicios pactados con la SEDATU, entre el 56.1 y 100 por ciento del total pagado en 2016, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.
Sobre la auditoría de 2015 de Radio y Televisión Hidalguense, Robles aseguró en la conferencia que desde el 4 de abril de 2017 Sedesol entregó un oficio al área de quejas del Órgano Interno de Control para mostrar con facturas que sí recibió los servicios de la difusión de la campaña «Cruzada Nacional contra el Hambre: dos años cumpliendo».
«Supuestamente Sedesol contrató servicios que no recibió y que esos recursos se triangularon hacia empresas determinadas. Aquí están los entregables uno por uno. Son ocho cajas. Ocho terabytes de información. Aquí están estas pruebas», dijo.
«Los servicios se entregaron. Si hay personas que hayan incurrido en alguna irregularidad, que se castigue. Con nombre y apellido».
Días después de esa conferencia, el 26 de septiembre, Gustavo Rodríguez González, el Director de Comunicación Social encargado de esa campaña y señalado por esa auditoría, fue cesado de su cargo para ser investigado.
