Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Tras casi nueve años de haber sido detenida arbitrariamente y torturada, y ante la falta de justicia por parte del Estado mexicano, la periodista y activista Lydia Cacho presentará hoy su caso ante el secretariado del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU).
La CDH es la instancia encargada de conocer y resolver casos individuales de violaciones a derechos humanos, y supervisar que se cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en 1981.
La comunicación sobre el caso de la periodista se presentará este martes, en la última sesión que celebra el CDH este año, en Ginebra, Suiza. Mañana, 15 de octubre, la periodista se reunirá con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Se trata de la primera vez que un caso relacionado con una mexicana periodista y defensora de derechos humanos viva llega dicha instancia internacional, resaltó Darío Ramírez, director para México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, que acompaña a la periodista a presentar la comunicación de su caso ante la CDH.
Será la primera reunión que el Alto Comisionado tendrá con un actor no oficial. “Creo que eso subraya la preocupación que muestra el Alto Comisionado, y esperamos que el Comité vea el caso no sólo como el de Lydia Cacho, sino que se atreva a revisar la libertad de expresión en México. Hay suficiente evidencia para decir lo adverso que es el periodismo en México”, dijo.
“Después de años de estar litigando el caso en foros nacionales, ante juzgados nacionales, que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia [de la Nación], ver que no había manera de acceder a la justicia y a la reparación, llegamos a un foro internacional para que ellos hagan un diagnóstico sobre el caso y hagan un dictamen y digan si se violaron derechos humanos y qué tiene que hacer el gobierno en relación con estas violaciones”, refirió Ramírez.
El director de Artículo 19 recalcó que es una oportunidad para que una instancia internacional obligue al gobierno mexicano a hacer justicia y reparar el daño causado a la periodista. Además, consideró que servirá para visualizar la situación de violencia contra periodistas en México.
Ramírez, quien ya se encuentra en Ginebra, refirió que el caso de Cacho llega a la CDH en un momento en que los acontecimientos recientes de una posible ejecución extrajudicial en Tlatlaya, en el Estado de México, y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, han evidenciado el contexto de inseguridad y debilidad institucional que prevalece en el país.
Del mismo modo, expresó, el caso de Cacho no es aislado, sino que ocurre en un contexto adverso a la libertad de expresión en México: “Llegar a este foro internacional en materia de derechos humanos en Naciones Unidas para nosotros es evidencia clara de que si Lydia Cacho no accede a la justicia, imagínate otros periodistas que están más de manera más invisible en esta violencia contra la prensa en México cómo podrán aspirar a tener justicia”.
HISTORIAL DE AGRESIONES
La agresión contra Cacho ocurrió el 16 de diciembre de 2005, cuando fue detenida arbitrariamente, incomunicada por más de 20 horas y torturada durante un traslado de Quintana Roo hasta Puebla, a aproximadamente mil 472 kilómetros de distancia. La periodista fue detenida por una denuncia penal presentada en su contra, el 2 de agosto de ese año en Puebla, en la que se le acusaba de difamación y calumnia.
Unos meses antes, en marzo de 2005, como parte de su trabajo periodístico, Cacho había revelado una red de pederastia y pornografía infantil en su libro Los demonios del Edén. En éste, hizo referencia a personajes de los ámbitos político y económico que participaban de esa red criminal. Uno de los personajes mencionados fue el empresario textil Kamel Nacif, quien interpuso una denuncia penal por los delitos de difamación y calumnia.
El 10 de agosto se ejerció la primera acción penal contra Cacho, aunque cinco días después el Juez Quinto de lo Penal de Puebla determinó no tener competencia y devolvió el asunto al Ministerio Público. Pero dos meses más tarde, el 10 de octubre, el mismo juez libró finalmente la orden de aprehensión.
Aunque el oficio de colaboración enviado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a su par en Quintana Roo fue recibido por ésta a las 18:54 horas del día 16 de diciembre de 2005, la detención de la periodista había ocurrido seis horas antes, aproximadamente a las 12:30 horas.
Durante el traslado de casi mil 500 kilómetros, la periodista y activista por los derechos humanos sufrió actos de tortura, que hasta la fecha siguen siendo investigados. Es decir, no se han consignado a ningún responsable.
Cacho fue liberada un día después tras pagar una fianza de aproximadamente 6 mil dólares. Sin embargo, el proceso legal continuó hasta que, finalmente, el 22 de diciembre de 2006 se declaró la absoluta libertad de la periodista.
Además, el 14 de febrero de 2006, unos audios filtrados a la prensa de una grabación telefónica entre Nacif y el entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín, en el que festejan el encarcelamiento de la periodista, evidenció que la detención de Cacho fue planeada y se usó a las instancias de procuración y administración de justicia.
Si bien la detención ilegal del 16 de diciembre de 2005 es lo que motiva el caso llevado ante la CDH de la ONU, no es la única agresión que Cacho ha sufrido debido a su trabajo periodístico y en defensa de los derechos humanos.
En mayo de 2007 atentaron contra su vida mientras viajaba a bordo de una camioneta.
Durante febrero y abril de 2009, recibió amenazas de muerte vía Internet.
Ese mismo año, durante los meses de mayo y junio, el Centro Integral de Atención para la Mujer, CIAM, organización que ella fundó, fue objeto de acciones de vigilancia y acoso.
En julio de 2009, una integrante del CIAM fue amenazada. Al mes siguiente, la periodista también lo fue.
Durante febrero de 2010, Cacho recibió amenazas telefónicas y fue víctima de actos de intimidación. También ese año, entre mayo y julio fue nuevamente amenazada.
Todas estas agresiones fueron denunciadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) y, en el último caso, ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
AGRESIONES A PERIODISTAS, EN LA IMPUNIDAD
No obstante, los actos de tortura cometidos contra Cacho siguen en la impunidad tras varias acciones legales emprendidas ante instancias mexicanas.
En marzo de 2006 se inició un proceso penal ante la FEADP y la Fevimtra por los delitos de tortura. Tras acumularse ambos expedientes en una sola averiguación en la FEADP, se solicitó ejercer acción penal contra los elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla involucrados en la detención y traslado de la periodista, caso que se turnó al Juzgado Segundo Penal de Cancún, Quintana Roo. En mayo de 2008, dicho juzgado negó la orden de aprehensión argumentando que no encontraba acreditado el cuerpo del delito. La resolución fue apelada de forma deficiente, de modo que el 8 de enero de 2009 la sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Ro confirmó la negativa.
Además, en abril de 2006 se llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a su facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos. Tras más de un año, en noviembre de 2007, el máximo tribunal judicial del país se declaró incompetente para conocer el caso.
También se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que derivó en la recomendación 16/09, dirigida a los gobernadores de Puebla y Quintana Roo, que no se ha implementado de forma efectiva.
En junio de 2009, a partir de amenazas que la periodista recibió ese año, se solicitaron medidas cautelares antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron otorgadas en agosto siguiente. Con base en las medidas cautelares, el expediente por los actos de tortura fue reabierto, sin que hasta la fecha haya habido avances para acreditar la presunta responsabilidad de los agresores.
A decir de Ramírez, si bien el caso de Cacho es paradigmático, no es el único de agresiones a periodistas en México. Artículo 19 ha documentado hasta ahora 76 asesinatos, además de diversas agresiones de otro tipo que incluyen amenazas, acosos judiciales, agresiones verbales y físicas.
De acuerdo con el informe Impunidad. Violencia contra las mujeres periodistas en México. Análisis legal, publicado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) en agosto pasado, entre 2012 y 2013 se documentaron 86 casos de agresiones a mujeres periodistas en el país. De acuerdo con el documento, el 64 por ciento de los agresores son funcionarios públicos y en la totalidad de los casos se presentaron actos de violencia psicológica.
El registro de casos que CIMAC ha llevado desde 2002, da cuenta de que 2012 y 2013 –el último de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y el primero de la de Enrique Peña Nieto– son los años que concentran más número de casos. Sin embargo, de los 187 que la organización ha registrado, todos permanecen en la impunidad.
“Ninguno tiene una verdadera investigación y un castigo a los culpables materiales e intelectuales que perpetraron el delito, como tampoco hay una reparación del daño”, señala el informe.
