Con 60 votos a favor, Senado aprueba reforma a la Ley General de Bienes Nacionales

14/09/2021 - 12:53 am

Quedó establecido el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos, luego de la votación en el Senado. 

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Con 60 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República avaló que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para establecer el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos.

La reforma modifica el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual establece que la venta de bienes se llevará a cabo con un procedimiento de licitación pública o subasta. Se incorporó que ahora se podrá enajenar bienes por sorteo.

Los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público también se modificaron con el objetivo de incluir entre los procedimiento de enajenación el de sorteo, además de establecer que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado podrá vender los bienes por medio de licitación pública, remate, subasta o sorteo.

LEY DE JUICIO POLÍTICO 

El Senado de la República aprobó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual fue devuelta a la Cámara de Diputados con 28 modificaciones.

Con dichas modificaciones, la Cámara de Diputados enunciará únicamente los procesos de declaración de procedencia que resuelva y comunicará a las legislaturas locales para que éstas, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

“Aprobamos por unanimidad la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Nunca más un servidor público se escudará detrás del fuero para agraviar al pueblo de México. Seguimos dialogando y sumando coincidencias y acuerdos entre todas las fuerzas políticas”, expuso la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.

En la minuta remitida por la legisladora durante los primeros días de septiembre, se le obligaba a los congresos locales a acatar las decisiones de las declaraciones de procedencia, con el propósito de no frenarlas.

Además, la nueva Ley regulará los procedimientos que permiten actuar de forma legal contra funcionarios públicos, entre ellos el Presidente de la República, gobernadores, ministros, integrantes de organismos autónomos y legisladores por casos de corrupción y delitos electorales, entre otros, quienes podrán ser sancionados, destituidos o inhabilitados cuando sus actos u omisiones perjudiquen los intereses públicos.

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