La Universidad de Guadalajara está en disputa con el Gobierno de Jalisco por 140 millones de pesos, pero en el fondo hay más que eso. Podría estar en juego la autonomía de esta casa de estudios, aunque no por una cuestión presupuestal, sino por una posible vencida o pulseada entre grupos políticos.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Universidad de Guadalajara (UdeG) reclama que su autonomía está en juego y que lo que está pasando en Jalisco podría ser un antecedente que vulnere a otros órganos públicos autónomos a nivel nacional.
Hace poco más de un mes, el 7 de agosto de 2021, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció la reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la UdeG, para que recursos que estaban destinados a la construcción de un Museo de Ciencias Ambientales fueran invertidos en el Hospital Civil de Tonalá.
Aunque ambas obras de infraestructura son parte del patrimonio administrativo de la casa de estudios, la decisión de Enrique Alfaro Ramírez generó fricciones entre el Gobierno estatal y la UdeG.
Por un lado, la universidad acusa que la decisión del Gobernador viola la autonomía presupuestaria que tiene por ley; y por otra parte, Alfaro Ramírez asegura que sus acciones tienen sustento legal y que por tanto, no hay tal violación a la autonomía universitaria.
Sin embargo, para politólogos consultados, la reasignación de recursos es un mensaje de separación entre el Gobierno de Alfaro y la UdeG, que rompe con un acuerdo político entre ambas partes.
“Yo creo que lo que lo lleva a mandar ese mensaje a través del presupuesto es decir: ‘nuestra alianza política que duró de 2015 a 2021 se rompió, y por lo tanto ahora la Universidad de Guadalajara, para mí [Alfaro], se encuentra en la oposición’”, comentó Enrique Toussaint Orendáin, analista político de la UdeG.
“Yo creo que pudiera ser o un acuerdo con el Presidente para desplazar al grupo [político de la UdeG en Jalisco], o un intento de él [Alfaro] por congraciarse con el Presidente peleándose con alguien a quien el Presidente le ha demostrado también desprecio, que es el exrector [de la UdeG] Raúl Padilla. Porque no se explica de otra manera este conflicto. Es un conflicto que difícilmente a un Gobernador le sirve o le conviene”, explicó al respecto Gilberto Pérez Castillo, politólogo y periodista jalisciense.
De acuerdo con Toussaint y Pérez, lo que se cuece detrás de la reasignación de 140 millones de pesos es un asunto político que responde a la relación entre el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y Raúl Padilla López, exrector de la UdeG (1989-1995).
Para Toussaint y Pérez, Raúl Padilla es una figura con mucha fuerza social y política. Fue uno de los artífices de la reforma (1994) que convirtió a la UdeG en un órgano público descentralizado y ha sido Diputado local y candidato a Gobernador, además de ser el actual líder del grupo político de la universidad.
“Tal vez, [Padilla] junto con el Cardenal de la Arquidiócesis de Jalisco han de ser los dos personajes más poderosos [del estado] que no están supeditados a los sexenios”, refirió Toussaint.
Pese a que la cuestión política es una hipótesis verosímil, no todos coinciden con esta versión de los hechos.
“¿Dónde está la explicación de este conflicto? Pues debe estar en el terreno personal, en una mala asesoría, que efectivamente Hugo Luna [Vázquez, jefe del gabinete de Alfaro] juega un rol muy importante en este tipo de odios y de fobias”, dijo Ricardo Villanueva Lomelí, actual rector de la UdeG.
Para Villanueva, la creencia de que Raúl Padilla sea el “poder real” de la UdeG es un mito más que una realidad.
“Creer que la Universidad de Guadalajara se puede reducir a una persona, sea Raúl Padilla, sea Ricardo Villanueva, o a un grupo político, es atentar contra la inteligencia de miles de los jaliscienses más preclaros que hay”, señaló el también exabanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien contendió con Alfaro por la presidencia municipal de Guadalajara en 2015.
Además, Villanueva confirmó a SinEmbargo que la disputa no es un tema de dinero, pero sí un riesgo para la autonomía universitaria.
En entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, el rector dijo que 140 millones de pesos es muy poco en comparación con el presupuesto que el Gobierno estatal tiene para obras públicas (11 mil millones de pesos) o incluso para construir vías públicas.
“Si algo ha tenido este Gobierno es dinero. O sea, se gastaron cinco mil millones de pesos en carreteras este año y les faltaron 140 para el hospital. O sea, curiosamente nomás le faltó para el hospital”, cuestionó Villanueva. “Para nosotros no es un tema de 140 millones de pesos. Si fuera un peso lo que nos quiere quitar, es la autonomía la que está en juego”, abundó.
LA HISTORIA DE ALFARO Y PADILLA
Enrique Alfaro Ramírez y Raúl Padilla López “se pelearon muy fuerte” entre 2008 y 2015. En ese periodo, durante las elecciones intermedias de 2009, Alfaro contendió y ganó la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga de la mano de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), recordaron a SinEmbargo los politólogos Enrique Toussaint Orendáin y Gilberto Pérez Castillo.
«Alfaro ganó Tlajomulco como candidato del PRD, pero la universidad era la que en realidad manejaba al PRD», explicó Toussaint. Al llegar a la presidencia municipal, lo primero que hizo Alfaro fue separarse de Padilla y de su grupo político universitario.
“Desde ahí vienen peleándose. Después en 2015, cuando Alfaro gana la Alcaldía de Guadalajara [con el apoyo de MC] que fue la antesala para la gubernatura, pues [Padilla y Alfaro] llegan a un acuerdo y la universidad y MC […] terminan juntos durante tres años”.
Posteriormente hicieron un alianza en 2018 rumbo a la gubernatura. “Tan es así que un exrector de la UdeG [Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla] era el coordinador de los diputados federales de MC”, abundó el politólogo.
La “buenísima relación” entre Alfaro y Padilla continuó hasta el año antepasado, en un contexto en que la UdeG —a través del Congreso local— impulsó la aprobación del proyecto de endeudamiento a iniciativa del Gobernador en 2019, por cinco mil millones de pesos.
La relación entre Padilla y Alfaro comenzó a romperse a partir de 2020 por varios factores, entre ellos por un acuerdo fallido entre MC y el partido político local Hagamos, que fue confundido por Padilla y que, además de tener posibles vínculos económicos con la UdeG, también ha impulsado la carrera política de varias personalidades universitarias además de la de Itzcóatl Tonatiuh.
Entre ellas están los actuales diputados locales Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Edgar Enrique Velázquez González, la primera exprofesora-investigadora titular “A” de la UdeG, y el segundo exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).
De acuerdo con Toussaint, la relación infructuosa entre el partido que abandera al Gobernador (MC) y la organización política de Padilla concluyó con una “campaña muy dura” (2020-2021) de Hagamos en contra del Gobierno de Jalisco.
Otro elemento que llevó al rompimiento entre Padilla y Alfaro fue que “en el segundo endeudamiento de seis mil 200 millones de pesos [solicitado en 2020], la UdeG se opuso”.
Además hubo varios episodios de tensión entre la universidad y el Gobernador, como la exigencia de justicia en 2021 del actual rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, por el asesinato de tres jóvenes —Luis Ángel, Ana Karen y José Alberto González Moreno— en la capital de Jalisco.
La serie de eventos coyunturales coincide con otros dos aspectos: el relajamiento de la discordia entre Alfaro y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la fuerza política de MC en los comicios intermedios de junio pasado, en que el movimiento naranja mantuvo el control de varios municipios importantes y la mayoría en el Congreso local sin ayuda externa.
Según Toussaint, “hay otra cosa que también podría explicar lo que estamos viviendo, y es que en los dos primeros años del Gobierno de Alfaro se peleaba con López Obrador todos los días. […] Hubo una mala relación en los dos primeros años, pero a partir de ahí están de amiguísimos quizá por dos cosas: uno, que MC no se subió a la alianza PAN-PRI-PRD en 2020-2021, y dos, una serie de reuniones que hubo de enero de este año hasta hace unas semanas en el estado de Jalisco”, que coinciden con la alineación de algunas políticas del Gobierno estatal con políticas del Gobierno federal, como por ejemplo, el apoyo al regreso a clases.
La relativa victoria de MC en el proceso electoral 2020-2021 sin el apoyo de la UdeG y de Padilla pudo haber hecho que el Gobernador Alfaro considerara innecesario revivir la alianza con ellos, comentó Gilberto Pérez Castillo.
“En términos electorales el grupo de la universidad es un fracaso. […] Hacia adentro tienen un gran poder y una gran fuerza, pero hacia afuera no son eficientes electoralmente” como para representar un beneficio o una afrenta, incluso rumbo a los comicios de 2024.
Para Toussaint y Pérez, con la ruptura de momento, Alfaro utilizó el pretexto de los 140 millones de pesos para trazar una línea de separación entre su Gobierno, la UdeG y Padilla. La razón de esta decisión, empero, es desconocida y hasta cierto punto inexplicable, porque Alfaro no tiene qué ganar, pero sí mucho que perder.
En la opinión de Pérez Castillo, las acciones del Gobernador de Jalisco no le sirven para infiltrarse en las estructuras de poder de la UdeG y tampoco funcionan para debilitar a Raúl Padilla y su grupo político.
En cambio, la disputa generada podría causar que en un momento dado MC y Alfaro no tengan «tanto apoyo ciudadano» como a inicios del sexenio, además de ser un suceso que podría reavivar “el gran problema de las universidades”, que implica una “efervescencia” que “ en muchas ocasiones lleva a la violencia”.
De esa forma, Toussaint y Pérez prevén un conflicto que podría durar de aquí a que concluya el mandato de Alfaro en 2024, cuya consecuencia será un clima de “inestabilidad sociopolítica” y de “ingobernabilidad fuerte” en Jalisco.
En este escenario, los politólogos adelantaron que la UdeG tratará de agotar todas las vías legales o jurídicas para defender su autonomía presupuestal, además de presionar con críticas y manifestaciones públicas de diversa índole.
Por su parte, el Gobierno de Jalisco podría presionar a a la casa de estudios, ya que en noviembre será discutido el presupuesto estatal de 2022 y «seguramente, la universidad va a salir con las manos vacías”, además de que será un tema que podría polarizar o dividir al Congreso local, concluyeron al respecto Toussaint y Pérez.
NO EXISTE UNA CONSPIRACIÓN POLÍTICA
El Diputado local Daniel Robles de León representa al Distrito 20 de Jalisco. De acuerdo con el político emecista, no hay un juego maquiavélico detrás de la reasignación de recursos, sino más bien la intención del Gobierno estatal de responder a la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus.
“El origen de esto la verdad es que no fue un tema político, yo te lo reitero. El origen fue atender una obligación que tenemos como diputados […], y tampoco el tema de la auditoría obedece ni a una revancha política”, mencionó Robles.
Días antes de que el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunciara la reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la UdeG, para que recursos que estaban destinados a la construcción de un Museo de Ciencias Ambientales fueran invertidos en el Hospital Civil de Tonalá, 25 diputados locales de diferentes bancadas acordaron solicitarle al mandatario jalisciense la transferencia del dinero.
“Esto es toda una petición que nosotros le hicimos [a Alfaro], que surge pues de la propia necesidad que hay en el Distrito al que yo represento […]. A mí me toca representar al Distrito 20 del estado de Jalisco que comprende los municipios de Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo y Acatic, que son los municipios ahí aledaños a la zona donde ahora se construye el nuevo Hospital Civil de Oriente”, explicó a SinEmbargo Robles de León.
El Diputado de MC indicó que este año, el Congreso local asignó 60 millones de pesos para la construcción y puesta en marcha del hospital, cuyas obras tienen un avance del 70 u 80 por ciento. No obstante, el aumento en la demanda de servicios y la saturación del sistema de salud hizo que tal cantidad de dinero fuera insuficiente para acelerar la edificación, en un contexto en que la gente del Distrito 20 ha venido «padecido mucho rezago en materia sanitaria”.
Después de considerar varias opciones, incluida la posibilidad de trasladar recursos de otras instituciones o partidas presupuestarias, Robles de León y compañía determinaron que tratándose de una obra que forma parte del patrimonio administrativo de la UdeG, lo adecuado sería buscar recursos de la institución que pudieran resignarse a dicho propósito sin afectar prioridades o cuestiones operativas.
“Lo que nosotros le planteamos al Gobernador es que del mismo presupuesto de la Universidad de Guadalajara, sin violentar su autonomía, sin quitarle un solo peso, buscaran una parte que estuviera disponible para poder priorizar y aplicarla a la construcción del hospital”, dijo el legislador en entrevista.
“Entonces encontramos un subejercicio de 140 millones de pesos que precisamente se observan en la partida destinada a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara y dijimos: ‘bueno, este recurso podría bien funcionar para que siga siendo parte del presupuesto de la Universidad, pero que ahora, para el cierre del año, se asigne a la construcción del Hospital Civil de Oriente”, abundó.
Al respecto, el rector Ricardo Villanueva Lomelí refirió que no puede haber un subejercicio porque el año fiscal está en curso y debido a que el Gobierno estatal aún no les entrega los recursos fiscalizables.
Empero, los Lineamientos Presupuestales de cada año del Gobierno de Jalisco estipulan que los subejercicios se determinan de “las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto [que puede ser por periodos mensuales o multimensuales], sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución”.
Según el Diputado Robles, la propuesta de reasignación de recursos fue vista “con muy buenos ojos” por el Poder Ejecutivo estatal. Después vino la determinación y el anuncio, a lo que siguió «la molestia por parte de la universidad, porque ellos dicen que es un recurso que ya está gastado, comprometido e incluso con un adeudo”.
La versión del Gobierno es que la universidad se negó a la reasignación de recursos —que de acuerdo con Robles es legal y es facultad del Gobernador hacerlo— por cuestiones de autonomía universitaria y debido a que sus autoridades aseguraron que el dinero (140 millones de pesos) ya estaba comprometido, además de que habían 35 millones de pesos en adeudos relacionados.
“Aquí lo que estamos tratando no es de detener un proyecto para impulsar otro ni de afectar una institución para beneficiar a otra. Aquí lo que nos encontramos fue con un recurso subejercido para la construcción de un Museo de Ciencias Ambientales, que en este momento no es prioridad en el estado de Jalisco. […] Ahorita la prioridad es atender los servicios de salud”, recalcó el Diputado local.
Una vez que la UdeG externó que los recursos ya habían sido comprometidos y que había una deuda relacionada al Museo, el Congreso local —según Robles— decidió comprobarlo y encontraron falta de rendición de cuentas, por lo que solicitaron una auditoría extraordinaria.
“De acuerdo con la legislación vigente en Jalisco, [el dinero] no puede ser utilizado hasta que ya esté físicamente disponible para que pueda ser ya ejecutado un proyecto por parte de los organismos públicos descentralizados o de instituciones autónomas, como es el caso de la Universidad de Guadalajara”, explicó el emecista.
“Ni en las plataformas de transparencia […] ni en el propio portal de la Universidad de Guadalajara de transparencia existe evidencia de cómo se ha venido gastando ese recurso”, abundó Robles de León.
En ese sentido, el Legislador comentó que “no hay claridad en el ejercicio del gasto y es ahí donde viene, de acuerdo con lo que marca nuestra Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco, la solicitud a la Auditoría Superior del estado para que realice una auditoría que se puede llamar extraordinaria, pero que en realidad es una auditoría de desempeño para ver cómo se ha venido ejerciendo el gasto, y también una auditoría fiscal para saber por qué se ha gastado un recurso que ni siquiera se había entregado”.
Mientras que la versión gubernamental halla justificación en sus actos, el rector de la UdeG las cuestiona.
“No nos ha dado el dinero y ya nos mandó una auditoría para auditarnos el dinero que no nos ha dado”, acusó Ricardo Villanueva Lomelí en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez para SinEmbargo Al Aire.
El académico y político jalisciense también refirió que además de vulnerar la autonomía universitaria con la reasignación de recursos y de ordenar una auditoría injustificada, el Gobernador Alfaro se niega a reponer los recursos que podrían ser inyectados al hospital, bajo pretexto de que la UdeG tiene un Fideicomiso de Infraestructura Educativa que comprende los ahorros o “economías” por reducción de gastos por un monto de un mil 300 millones de pesos, que sirve para construir aulas e infraestructura educativa, o incluso para gastos de emergencia, como lo fue un desembolso de 141 millones de pesos en causas ligadas a la mitigación de la pandemia de COVID-19.
“Hagan de cuenta que nos está diciendo que nos va a pagar con nuestro dinero”, con los recursos que ahorró la universidad, lamentó Villanueva.
¿EL GOBIERNO VIOLA LA AUTONOMÍA?
La disputa entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco podría polarizar al Congreso local y a la sociedad, con lo que podría estarse gestando un clima de inestabilidad política en el estado. Además, si la controversia llegara a tribunales, el proceso legal podría causar el congelamiento temporal de los recursos y Jalisco podría quedarse sin museo y sin hospital por lo menos en 2021.
“Si hubiera alguna petición formal ante algún tribunal, de entrada uno de los puntos que normalmente se solicitan es que ese recurso se congele, de verdad que no se pueda disponer, y en una segunda etapa, bueno, pues si hubiera alguna violación legal, pues sería la propia autoridad judicial la que determinaría si se tiene que entregar o no se tiene que entregar”, dijo a SinEmbargo el Diputado emecista Daniel Robles de León.
De acuerdo con el legislador, aún no hay un proceso jurídico por parte de la UdeG, «porque saben que hay facultades legales” para justificar la reasignación de recursos por parte del Poder Ejecutivo estatal.
En ese sentido, Robles indicó que “la autonomía no es sinónimo de fuero” y que tampoco «es sinónimo de que las instituciones que están financiadas con dinero público puedan gastárselo como se les dé la gana, y menos omitiendo un tema de transparencia”.
El Diputado local recalcó que las acciones de Alfaro no transgreden la ley ni la autonomía de la UdeG, primero, porque “no es una iniciativa de acuerdo ni de decreto para modificar el presupuesto”; y segundo, ya que el Gobernador tiene facultades de hacer movimientos hasta en un porcentaje del 10 por ciento del presupuesto.
Empero, el rector Ricardo Villanueva Lomelí explicó que en reunión con Alfaro trataron de explicarle que aunque él tiene la facultad de reasignar hasta el 10 por ciento de un programa, sólo incluye a las dependencias a su cargo, como secretarías y órganos desconcertados, y no a entes autónomos, otros poderes o niveles de gobierno.
“Esos 140 millones de pesos ya pasaron. El Congreso del estado los autorizó, pasaron al Consejo General universitario, se aprobaron en el consejo y hoy él [Alfaro] cree que tiene facultades de repreogramación. Imagínense lo grave. Es un Gobernador que no distingue entre dependencias y entes o poderes. […] No han visto bien que la ley dice que sí puede hacerlo, pero para sus dependencias. Él cree que nos lo puede hacer a un ente autónomo”, abundó el académico.
Más allá de los puntos de vista entre las partes, está lo que refiere el Poder Legislativo federal y las leyes vigentes en México.
«La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la Entidad”, se lee en el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la UdeG, que asimismo establece (Artículo 3, fr. IV) que el estado debe garantizarle a la casa de estudios “la administración de su patrimonio».
Sin embargo, de acuerdo con una iniciativa (LXIV/1SPR-31/98251) del Senado de la República no es lo mismo un organismo autónomo constitucional que un organismo público descentralizado, como lo es la UdeG.
A diferencia de los primeros, que tienen fundamento en la Constitución de México, los organismos públicos descentralizados, aunque tienen autonomía son instancias auxiliares del Poder Ejecutivo y pueden ser extintos por este o por el Congreso (local o federal) que los haya creado, además de que tienen una relación de subordinación con la Administración Pública Central.
“Los organismos descentralizados tienen normas que las identifican como organizaciones ante la ley, tienen patrimonio propio, cuentan con leyes especiales creadas por el Congreso de la Unión, el responsable es la persona que asuma las decisiones y el cargo directivo, se encuentran sometidas al control y vigilancia de la Administración Pública Central, su objetivo es brindar servicios o desarrollar tareas para el bienestar social y disponen de una estructura administrativa interna” se lee en la iniciativa.
En ese sentido, el Senado reconoce que toda autonomía es limitada según la norma que la rija, de acuerdo con la naturaleza de la institución que ejerce autonomía y su relación de coordinación o subordinación (para el caso) con otras instancias públicas.
Por un lado, el Gobierno de Jalisco está obligado por ley a garantizar que la UdeG pueda administrar su patrimonio. Por otra parte, existen facultades ordinarias y extraordinarias para que el Poder Ejecutivo local modifique el uso y destino de recursos públicos.
«En caso de siniestro o desastre que ponga en peligro a la población, sus bienes, los servicios públicos, la planta productiva o el medio ambiente, el titular del Poder Ejecutivo del estado tendrá la facultad para realizar de inmediato las gestiones, modificaciones y ajustes del gasto público en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios”, se lee en el Artículo 51 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Para ello, el Gobernador puede determinar las partidas presupuestales necesarias «en los montos de recursos que permitan poner en marcha los programas pertinentes» para resolver la crisis (fr. I), así como “girar instrucciones a las dependencias, tanto de la administración pública, como a los organismos descentralizados para que se integren las partidas de gasto necesarias y suficientes para su ejercicio» (fr. II).
En la opinión de los politólogos Enrique Toussaint Orendáin y Gilberto Pérez Castillo, la autonomía de la UdeG sí está siendo violentada por las acciones del Gobernador. Empero, el Gobierno estatal sostiene lo contrario y los vacíos legales y la situación de crisis podrían darle la razón. No obstante, es un asunto que en el peor de los casos terminará en tribunales y dependerá de la jurisprudencia.
En todo caso, tanto las autoridades gubernamentales como académicas coinciden en que esta situación podría convertirse en un antecedente importante para definir los alcances de la autonomía de los organismos descentralizados a nivel nacional.
