Greenpeace denunció que en México se utiliza el aparato de Estado para proteger los proyectos estratégicos del Gobierno federal y de las administraciones locales, además de las grandes inversiones de empresas nacionales y consorcios extranjeros. Esto conlleva a constantes violaciones a los derechos humanos de los mexicanos y, en especial, de aquellos que alzan la voz para defender su tierra, como es el caso de Ildefonso Zamora y de muchos activistas que hoy están en la cárcel o viven bajo amenazas.
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Tenancingo, Estado de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Lágrimas de alegría. Abrazos y palabras de agradecimiento. Familia y felicidad. Así se ve la libertad después de nueve meses en la oscuridad, bajo la sombra de una pequeña celda.
Un cuerpo delgado, pero fuerte. Una sonrisa breve, pero sincera. Una noche fría, pero de fiesta.
Es 12 de agosto, son las 7:58 de la noche e Ildefonso Zamora Baldomero, el llamado defensor de los bosques, abre bien los ojos, su rostro se ilumina y mira con asombro –como un niño que por primera vez se encuentra con su madre– la oscuridad del cielo y las sonrisas dibujadas y enmarcadas en las mejillas húmedas del llanto que provoca la dicha en sus seres queridos.
Niños, mujeres y hombres lo abrazan, le susurran su sentir al oído. Agradece públicamente a su familia, a las organizaciones que le dieron acompañamiento moral y legal durante el proceso y a las más de 47 mil personas que a través de redes sociales presionaron al Gobernador Eruviel Ávila Villegas y al Presidente Enrique Peña Nieto para que actuaran con justicia y lo pusieran en libertad.
Emocionados, los activistas de Greenpeace, Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) gritan el lema que portan en sus playeras negras con letras blancas, y lo hacen victoriosos: «Ildefonso libre».
Es tiempo de dejar atrás los 266 días de impotencia, de tristeza y coraje. Son ya las 8:19 de esa noche. Es hora de partir rumbo al festejo con música de banda, una fogata para ahuyentar el frío, un par de tequilas y cervezas, tlacoyos recién hechos, albóndigas en salsa verde, té de limón y café de olla, alimentos que sus vecinas prepararon improvisadamente nomás al confirmarse la buena noticia.
Las más de 40 personas que se dieron cita a las afueras del Palacio Municipal de Tenancingo, que se encuentra a un costado del centro de reclusión, se dispersan para emprender un viaje a ratos por carretera, otros por pueblos donde irónicamente hay una antena de Telcel pero es imposible enviar un mensaje o hacer una llamada desde un móvil de esa compañía.
Transcurre poco más de una hora y una pequeña banda musical entona «Las mañanitas» para «el tío Poncho» –como de cariño le apodaron algunos reclusos del Centro de Readaptación Social de Tetancingo–. Lo hacen en la calle Libertad, la que vio crecer a los cinco hijos de Ildefonso: Xóchitl, Misael, Esther, Rosario y Aldo, quien fue asesinado el 15 de mayo de 2007, sin que hasta ahora se haya hecho justicia. Ese fue el primer golpe de dolor, pero también de conciencia para defender los bosques con todo.
«Esto [el encarcelamiento] no me hace claudicar. Esto no me vence. Esto despierta en mí más ímpetu de seguir luchando, de seguir al frente. Fueron noches, días de preocupación, de lágrimas. No duró tanto tiempo, pero sí nueve meses esta pesadilla», dice a través de un micrófono, con la voz entrecortada, a los familiares, amigos y activistas que celebran la victoria a su lado.
Es noche de celebración para los Zamora, sus vecinos y amigos, quienes tantas veces lloraron de desesperación, ahora brindan una y otra vez por la libertad, por la vida, por la salud. Es media noche y la gente comienza a despedirse. Para don Ildefonso es momento de descansar en su cama y ya no más en el piso o en una base de piedra, con una cobija y 14 reos más.
Teresa Baldomero Aguilar, madre de don Ildefonso, ha llorado mucho de alegría en las últimas horas.
«Estoy contenta porque mi hijo ya está aquí. Todo era muy triste sin él», comenta entre sollozos.
Misael Zamora, hijo del defensor tlahuica, es conciso y plantea el siguiente paso.
«Ya logramos la libertad, ahora queremos justicia. No se vale que mi padre haya estado encerrado tantos meses sin deberla. Queremos una disculpa y la reparación del daño».
Desde que su padre fue encarcelado, el pasado 20 de noviembre de 2015, Misael, sobreviviente durante el ataque que cobró la vida de su hermano mayor, acusó que las autoridades locales de San Juan Atzingo, con el apoyo del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, se confabularon para detener al activista.
María Colín Olmos, representante legal de Greenpeace México, advierte que «existe la posibilidad de que sigan acosándolos, lamentablemente la situación no ha quedado aquí, la amenaza se cierne sobre ellos».
Don Ildefonso cuenta que previo a su detención, desde camionetas que transitaban a las afueras de su hogar, lanzaban botellas de vidrio y en alguna ocasión también detonaban armas de fuego.
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La abogada y activista señala que muchos de los perpetradores de criminalización contra activistas «lo hacen en un ambiente de corrupción e impunidad extendida y el 40 por ciento de las personas afectadas pertenecen a comunidades indígenas, ya que son quienes más defienden los recursos naturales.
El caso de don Ildefonso, expuso, «es totalmente un caso de criminalización por parte del Estado, ya que él pertenece a una comunidad indígena: la tlahuica».
Y recuerda: «(Ildefonso) es una persona que desde los años 90’s está defendiendo sus bosques, claramente se encuentra en un contexto en el cual los talamontes están ligados con policías porque los escudan. Es imposible ejercer esta tala sin que la autoridad contribuya con casos de corrupción», aseguró.
Por ello, la representante legal de la ONG internacional lamentó que los casos de criminalización de los defensores del medio ambiente y derechos humanos en el país sean una constante.
«Así como Ildefonso hay distintos casos: los propios yaquis y Bettina Cruz, de los pueblos juchitecos en contra de la instalación de grandes empresas eólicas. Es un patrón que a lo largo y ancho del país se está repitiendo. La impunidad y la corrupción están siendo una constante», denunció.
De igual manera, subrayó, «se está utilizando el aparato de Estado para proteger los proyectos estratégicos del Gobierno, de grandes inversiones. Las autoridades están avalando estas inversiones aún con lo que conllevan, que son violaciones a derechos humanos».
Las recomendaciones para el Gobierno federal van en el sentido de «poner fin a la impunidad de estos ataques. Cesar los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Crear ambientes propicios para que puedan desarrollar su labor. Terminar con el esquema de impunidad y corrupción que se visualiza en estos casos», dijo.
Fueron 266 días los que Ildefonso estuvo en la cárcel. Hoy los Zamora están de fiesta, pero el hambre y la sed de justicia no se acaba.
