Organizaciones sociales acusan que las leyes en México permiten contaminar el agua sin castigo alguno. Denuncian que la normatividad actual no impide la descarga de sustancias tóxicas a los cuerpos del vital liquido debido a que la laxitud de los parámetros deja sin normatividad a una gran cantidad de contaminantes provenientes principalmente de las industrias.
Los grupos civiles resaltan que la Conagua misma reconoce que al menos el 70 por ciento de los cuerpos de agua dulce se encuentran contaminado.
«Los afectados por las NOMs no son las industrias, los afectados son la naturaleza y la población que no tiene voz ni voto. […] En general, las autoridades no se atreven a tocar a las industrias», advierte Elena Burns, de la agrupación Agua para Todxs, Agua para la Vida.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la degradación de los cuerpos de agua en la República Mexicana, a consecuencia de la «laxitud y falta de aplicación» de la norma de descargas NOM- 001, la cual, acusaron, «permite la contaminación impune» del vital líquido en el país.
El Colectivo Ecologista Jalisco, el Instituto de Derecho Ambiental, y Agua para Todxs presentaron la denuncia como parte de las acciones de la campaña «El río suena, Aguas de México sin tóxicos» con la que se pretende evidenciar que la NOM- 001 permite la «contaminación impune» del líquido en el país.
Xavier Romo, integrante del Colectivo, agregó que la campaña busca denunciar de forma creativa y pacífica la situación que se vive en el país gobernado por Enrique Peña Nieto, en esta materia. Además, adelantó que impulsarán nuevas acciones encaminadas a señalar «cómo el sistema normativo permite la degradación ambiental y la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano y que permite todo este desastre».
La denuncia presentada ante la Profepa subraya la necesidad de modificar la NOM- 001- SEMARNAT- 1996 para que se respeten los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano para el desarrollo, al agua potable y al saneamiento. Las organizaciones denunciaron que actualmente se regulan únicamente 20 parámetros y se deja sin normatividad a una gran cantidad de sustancias, particularmente a las que provienen de las industrias.
Asimismo, hace referencia a los estudios realizados por investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Por ejemplo, uno de los análisis indica que la NOM- 001 no impide la descarga de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua en México e indica que varios afluentes industriales cumplen con la norma, sin tomar en cuenta los contaminantes específicos de cada giro, lo cual ocasiona que dichos componentes dañen el ambiente acuático.
La contaminación del agua, ocasionada especialmente por el vertido de químicos y aguas residuales a esos cuerpos de agua, ha reducido de manera importante la disponibilidad y acceso a ese líquido esencial en el país.
La doctora Cindy McCulligh, investigadora del Colectivo Ecologista Jalisco, recordó que en el país, al menos el 70 por ciento de los cuerpos de agua se encuentran contaminados, tal como la propia Conagua ha informado. Ríos, lagos y humedales mexicanos presentan polución en distintos grados.
Incluso, la denuncia cita un reporte de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que se asegura que la mencionada norma tiene un «efecto o impacto nulo», por lo que «no se cumple, lo que representa la libre descarga de contaminantes».
En su oportunidad, Elena Burns, de Agua para Todxs, Agua para la Vida, aseguró que el gran problema de México es la corrupción institucional. «Los afectados por las NOMs no son las industrias, los afectados por las NOMs son la naturaleza y la población que no tiene voz ni voto. […] En general, las autoridades no se atreven a tocar a las industrias», lamentó.
«Nos estamos envenenado en este momento con esta política de impunidad frente a la contaminación […] Ya basta, no podemos permitir que siga este sistema de corrupción institucionalizada. Ha llegado la ciudadanía para poner orden en la casa», advirtió.
La importancia de la campaña, subrayó, McCulligh, radica en denunciar «un sistema de regulación ambiental que está diseñado para no funcionar. La normatividad deja fuera de control una extensa gama de sustancias tóxicas». Otra punto que la campaña busca denunciar, señaló, es que «la capacidad de inspección de las descargas a los cuerpos de agua es sumamente bajo».
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Ante este panorama, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Raquel Gutiérrez Nájera, del Instituto de Derecho Ambiental, hizo «un llamado de atención» a las autoridades del sector ambiental y de desarrollo social» a ver la política mexicana con perspectiva de derechos humanos y volver a un sistema que garantice agua para hoy y para siempre».
Además, señaló que de continuar con el patrón contaminante de agua, habrá una escasez del vital líquido, por lo que urgió a implementar un «rediseño institucional, una reestructuración de fondo de todo el sector hídrico en el país», de lo contrario, advirtió, «el destino del país nos va a alcanzar en escenarios críticos de cambio climático».
