La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones implicaría un grave retroceso en el derecho a la comunicación y a la libre expresión, en un país con una marcada brecha digital, ya que este órgano regulador autónomo ha jugado un papel fundamental para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, a las tecnologías de la información y la defensa de las audiencias, acusaron beneficiados de concesiones sociales indígenas.
Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Ricardo Monreal Ávila, Senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció este domingo que pospondrá la presentación de la iniciativa que busca fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).
“Reitero, como autor de la iniciativa, libre de toda presión y con plena libertad de actuación, solicitaré se posponga la presentación de la misma para que podamos construir una solución cimentada en el consenso y en los acuerdos, no en enfrentamientos, no en la imposición. Nunca es bueno apostar por la polarización ni por la confrontación”, dijo en un video compartido a través de sus redes sociales.
El también coordinador de Morena en el Senado de la República recordó que el pasado 9 de junio, solicitó enlistar en la Gaceta de la Comisión Permanente una iniciativa de modificación constitucional a los artículos 27 y 28, la cual consideró de suma importancia para la vida pública del país.
«Esta iniciativa plantea fusionar tres instituciones autónomas: Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía, con el propósito de promover y preservar la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos y en beneficio, obviamente, de los consumidores y de los usuarios», precisó.
#EnVivo Te platico detalles de la iniciativa que plantea la formación del Inmecob. ¡Comparte! Y espero tus comentarios. https://t.co/2nd5fxQulp
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 14, 2020
El legislador citó los estudios de destacados economistas, en los que se indica que la concentración de mercado es causa de sobreprecios, por lo que «debemos señalar con tal claridad que nos pueda asistir que la ausencia de competencia merma la economía familiar y limita oportunidades de desarrollo a la micro, pero también a la pequeña empresa, que en suma apuesta a la desigualdad».
«Esta es una iniciativa que abre el dialogo a la verdadera competencia a la cual nadie puede estar alejada. Estamos hablando de los tres sectores fundamentales para el desarrollo nacional: el energético, el de telecomunicaciones y el de la radiodifusión, para los que debemos encontrar medidas que garanticen su correcta regulación y fomenten lo que nos interesa, la competencia económica», subrayó.
Monreal Ávila destacó la necesidad de evolucionar el sistema jurídico del país, a fin de «cubrir los espacios que son aprovechados por quienes buscan intereses propios y no los del país. Es preciso garantizar mercados competentes y servicios de calidad en beneficio de los consumidores, de los usuarios, de las audiencias y no solamente conducirse con la lógica de generar mayores ganancias privadas».
Afirmó que en México a raíz de las privatizaciones llevadas a cabo en la década de los noventa del siglo pasado se generaron «prácticas desleales» que distorsionaron nuestro mercado en perjuicio de la sociedad y de los consumidores.
«Así fue como algunos de los bienes o servicios de telecomunicaciones de radiodifusión y de energía, que son considerados productos indispensables, para no solo los hogares, sino para las empresas llegaron a convertirse en monopolios que impiden o impidieron que el número de ofertantes creciera y que mantuvieran los precios por encima de sus niveles reales, perjudicando a todos y a todas los que vivimos en este país», acusó el morenista.
Asimismo, contó que durante la semana escuchó a analistas, especialistas, periodistas, grupos sociales, personalidades, así como a personas del sector público y grupos económicos, «quienes en un intercambio respetuoso e inteligente de opiniones y de buena fe me han solicitado tiempo para el análisis y la deliberación abierta, ya que se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente».
«También he escuchado críticas alejadas de la realidad, que entiendo y que comprendo que son producto de la polarización que vivimos, por ello, es importante aclarar que no hay intención de crear un ‘súperpoder’, ni dar paso al autoritarismo o a la concentración de funciones de estas instituciones en el Ejecutivo, mucho menos eliminar su carácter de autonomía constitucional», finalizó.
HABRÍA RETROCESO EN TELECOMUNICACIONES INDÍGENAS
La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) implicaría un grave retroceso en el derecho a la comunicación y a la libre expresión, en un país con una marcada brecha digital, ya que este órgano regulador autónomo ha jugado un papel fundamental para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, a las tecnologías de la información y la defensa de las audiencias, acusaron el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, entre otros beneficiados de concesiones sociales indígenas.
«El Estado lejos de robustecerse, terminaría debilitado al perder la especialización de los órganos», alertaron en un comunicado firmado por casi 40 organizaciones que piden a los legisladores del Congreso de la Unión rechazar la iniciativa del Senador Ricardo Monreal Ávila y detener la práctica de elaborar propuestas legislativas a espaldas de los directamente involucrados.
En el registro Concesiones Sociales Otorgadas del IFT el total de concesiones de tipo comunitario en el país son 50. Y sumando a las que no cuentan con concesión, en el país existen un aproximado de 73 emisoras comunitarias presentes principalmente en Oaxaca (23), Michoacán (14), Estado de México (6), Morelos (4), Chiapas (3), Sonora (3), Guerrero (3), Ciudad de México (3), Jalisco (2) y Baja California Sur (2), las cuales transmiten en diversas lenguas.
La semana pasada el Senador Monreal presentó una iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional para extinguir la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para fusionarlos en un único órgano autónomo y regulador denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob). Argumentó que la unión generará ahorros para las finanzas públicas por 600 millones de pesos anuales. En el marco de la crisis económica por la COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo si implicaba ahorrar.
Monreal celebró el debate que se está dando y precisó que no estaría en riesgo la autonomía, su carácter técnico ni los procesos que desempeñan actualmente, sino que se fortalecerá y se agilizará la atención de la regulación. «Dará coherencia a los reguladores y certeza a los regulados», dijo antes del video de este domingo. «La iniciativa tendrá que ser discutida ampliamente (incluso con parlamento abierto), votada y en su caso aprobada por una mayoría calificada».
Pero diversas organizaciones recordaron que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2013 fue un logro de la lucha social, entre ellos, la de los pueblos y comunidades indígenas por el reconocimiento al pleno ejercicio de su derecho a la comunicación al poder ser concesionarios de radio, televisión y telefonía, como Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, el primer concesionario indígena de telefonía celular en el mundo. Ha acompañado a 17 poblaciones de Oaxaca y una de Guerrero en la instalación y administración de telefonía celular comunitaria ante el desinterés de grandes como América Móvil o AT&T. Para dar continuidad al proyecto nacido en 2016, se encuentra en proceso la migración de la red 2G a la 4G para resolver los problemas de saturación.
Uno de los resultados centrales de la Ley fue la creación de un órgano regulador autónomo, el IFT, cuya razón de ser se basa «en décadas de abuso de los poderes fácticos en el acaparamiento del espectro radioeléctrico, la violación a derechos de libertad de expresión y la obstaculización de la participación de actores comunitarios e indígenas en la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones».
«Retroceder a través de una reforma que debilite estas barreras [normas para regular acaparamiento] para convertirlo en un órgano político basado en un procedimiento de designación por el Ejecutivo Federal, y a propuesta del Senado como contempla la iniciativa y no mediante un proceso de selección por instituciones autónomas, nos llevaría a condiciones similares a las de la Ley Televisa», alertaron.
Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, expuso que la Ley Televisa de 2006 fue prácticamente elaborada por este monopolio, por lo que al dar revés a la Ley de 2013 –y debilitar al IFT– «hace más fácil la presión de los poderes fácticos de telecomunicaciones sobre el Senado y Ejecutivo para nombrar a sus consejeros».
Los «únicos ganadores» de esta iniciativa serían las grandes empresas reguladas que «se aprovecharon» de órganos reguladores «débiles» dependientes del Ejecutivo, exponen las organizaciones como Ojo de Agua Comunicación y Desarrollo Comunitario y Cultural Ma Nguhe. Entre ellas, Televisa, TV Azteca y grandes radiodifusoras, dijo Huerta.
Y «el gran perdedor» sería el Estado, quien al debilitarse frente a los poderes fácticos, se quedaría sin ningún tipo de salvaguardas para ejercer su función como garante de la libertad de expresión, la cobertura social y de la competencia y libre concurrencia en el mercado de las telecomunicaciones, dicen las organizaciones comunitarias.
¿QUÉ DERECHOS VIOLA LA INICIATIVA?
Para las organizaciones firmantes, como Servicios Integrales Émuri y Red de Comunicadores Boca de Polen, la iniciativa presentada por el Senador Ricardo Monreal contiene aspectos que atentan directamente contra derechos fundamentales, en primera instancia porque se lanzó a espaldas de los órganos especializados involucrados y los concesionarios como comunicadores comunitarios e indígenas.
Al eliminar el examen de conocimientos para la elección de los consejeros y establecer únicamente criterios políticos de elección a través de la única participación del Senado y el Ejecutivo, pone en riesgo la autonomía e independencia del IFT.
Además mina el fortalecimiento técnico y especialización del organismo al incorporarlo a instituciones enfocadas solamente a la competencia económica y no a la vigilancia de derechos fundamentales a la comunicación que la reforma de 2013 buscó atender en la creación de este organismo.
Al eliminarse esta especialización se debilita una estructura que ha permitido el desarrollo de una relación con los medios de comunicación comunitarios e indígenas, y que aún enfrenta varios retos en materia de reconocimiento de la pluralidad y los derechos de las audiencias.
La iniciativa también viola el derecho a la libertad de trabajo. Establece que las consejeras o consejeros y la persona que presida al Inmecob deberán contar con estudios relacionados con el objeto constitucional del Inmecob no inferiores a Maestría, avalados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esto implica la pérdida de capacidades y experiencia especializada en cada uno de los sectores que supervisaría el órgano, si es que las personas adecuadas para ocupar estos cargos llevaron sus estudios especializados en el extranjero.
La propuesta legislativa no considera las necesidades reales e imperativas en el sector de telecomunicaciones, ni la deuda que permanece con poblaciones históricamente rezagadas y marginadas que no tienen acceso a las herramientas necesarias para el ejercicio de sus derechos.
Se busca eliminar la independencia y especialización de un órgano regulador por el que muchas organizaciones han luchado durante casi veinte años y aniquilar una conquista ciudadana como lo es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, concluyen.
Los firmantes son Artículo 19 México y Centroamérica, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Internet Society Chapter Mexico, Ojo de Agua Comunicación, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, Desarrollo Comunitario y Cultural Ma Nguhe, Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, Comunidades Indígenas de San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Zacatepec, SINÉ, SURCO, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), ISOC Capítulo México, Red de Comunicadores Boca de Polen, Cultural Survival México, RCBC Comunicación, TÚ RADIO FM XHRCB 95.3 FM, PLATA TV CANAL 13 XHCSAH-TDT, Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistli y Tsilinkalli Radio de Xoxocotla, Morelos, Japexunjk investigación y comunicación para el desarrollo, Somos RCBC COMUNICACIÓN, Herramientas para el Buen Vivir, FUNCO, Mie Nillu Mazateco, Seminario de Radio y Comunicación Indígena, Coordinación de producción de Territorios Radio de la Universidad de Guadalajara (UDG), Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) – Promoción y Desarrollo Social, Radio Comunitaria Totopo de Juchitán y BINNIGUENDA ÑAA NE LACHI AC de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, RADIO JUCHARI UINAPEKUA 106.1 FM., Noticias de Abajo, Somos Uno Radio, Radio Pez en el Surco, Fabiola Peña, abogada telecomunicaciones y radiodifusión, María Guadalupe Cortés, productora de Radio Educación y Jaime Martínez Luna.
