El desafuero del Gobernador Cabeza de Vaca fue avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados desde el 30 de abril, lo que motivó una controversia ante la SCJN que fue desechada.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Juan Luis González Alcántara, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este viernes la controversia que interpuso el Congreso de Tamulipas contra el desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El Ministro González Alcántará Carrancá desechó la demanda presentada por el Poder Legislativo de Tamaulipas «por notoria y manifiesta improcedencia», según se lee en un extracto del acuerdo de desechamiento.
Pese a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Controversia Constitucional 50/2021, el Gobernador García Cabeza de Vaca sigue protegido contra acciones penales porque el Congreso de Tamaulipas no aprobó su desafuero.
De acuerdo con el abogado defensor de García Cabeza de Vaca la decisión de la SCJN no significa que se prejuzgue la responsabilidad del funcionario, por lo que podría ser investigado hasta que concluya su administración.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Aguilar explicó esta noche que el Ministro González Carrancá reconoció la facultad del Congreso de Tamaulipas para mantener el fuero del Gobernador.
“El tema, por lo menos del desafuero, aquí termina, mi cliente terminará su mandato en la fecha estipulada (…). No puede ser detenido”, aseguró.
Este mediodía, el Gobernador de Tamaulipas reapareció en público luego de dos semanas de silencio, desde que la Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril su desafuero.
En una breve charla con los medios de comunicación en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, Francisco García Cabeza de Vaca dijo: «estoy bien y de buenas».
También volvió a defender su inocencia y afirmó que si su caso no se analiza bien «la fabricación de delitos» se puede extender a otros gobernadores.
«Con solo que digan: ‘Ah, voy a hacer un juicio y quitar y poner gobernadores’, ellos [los legisladores federales] no tienen esa facultad, lo único que tienen esa facultad para poder remover a un Gobernador son los congresos locales», planteó.
El Congreso federal aprobó la solicitud de la FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el Partido Acción Nacional (PAN) tiene la mayoría, rechazó ese mismo día el desafuero, por lo que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, pese a que no fue aprobada, los legisladores estatales podrían impugnar el desechamiento ante una de las Salas de la SCJN.
ACUSACIONES CONTRA CABEZA DE VACA
De acuerdo con Insight Crime, una institución dedicada al análisis del crimen y la violencia en América Latina, el tiempo se agota para el Gobernador de Tamaulipas, quien desde hace años ha estado en el foco de sospechas.
El 10 de mayo pasado, la FGR anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos le había compartido su expediente sobre el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La investigación ofrece información sobre presuntas transferencias ilegales de dinero y otras irregularidades financieras, según el alegado de la Fiscalía.
#FGRInforma Se recibió información del Departamento de Justicia de EU, sobre posibles responsabilidades penales de Francisco J. "G", Ismael "G", José Manuel "G", José Ramón "C" y empresas, vinculadas con operaciones bancarias ilícitas; serán investigadas https://t.co/JexwUzqigh pic.twitter.com/k338pz6EfI
— FGR México (@FGRMexico) May 11, 2021
Esto ocurrió luego de que la Cámara de Diputados votara para levantar la inmunidad al atribulado Gobernador. El Congreso del estado de Tamaulipas se opuso a la decisión y decidió permitir que Cabeza de Vaca siguiera en su cargo. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el desafuero del Gobernador continúe para poder presentarlo ante la justicia.
EN VIVO: La Cámara de Diputados se erige en Jurado de Procedencia para resolver el dictamen de la Sección Instructora relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado por la @FGRMexico, en contra del gobernador del estado de Tamaulipas https://t.co/hIgLdZ9hnZ
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 30, 2021
Cabeza de Vaca es sospechoso de tener vínculos con grupos del crimen organizado y de lavado de dineros ilícitos durante su periodo en el Gobierno de Tamaulipas, según la FGR. Los fiscales alegan que el mandatario amasó una fortuna de varios millones de dólares que no parece provenir de sus ingresos como funcionario público.
Esto incluye un buen número de bienes ocultos, entre ellos 30 propiedades en Texas y Tamaulipas, avaluadas en unos 951 millones de pesos mexicanos (alrededor de 47 millones de dólares), adquiridas por empresas de papel vinculadas a su familia, según informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los fiscales sostienen que entre 2016 y 2019, el funcionario operó una oscura red en su estado, mediante la cual otorgó contratos públicos a firmas que beneficiaban a varios parientes suyos.
Cabeza de Vaca ha rechazado las acusaciones, y calificó la audiencia de retiro de su inmunidad como una “patraña” y como “linchamiento político y criminal orquestado por el Gobierno”.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
La carrera pública de Cabeza de Vaca ha estado rodeada de controversia, como funcionario por el partido conservador de Acción Nacional (PAN), especialmente durante el tiempo que dirigió la administración del estado de Tamaulipas.
Antes de ser elegido Gobernador del estado, Cabeza de Vaca fue acusado de tener nexos con el Cártel del Golfo y de usar ganancias ilícitas de ese grupo para financiar su campaña a la Alcaldía de Reynosa, en la frontera entre México y Estados Unidos.
Durante su Alcaldía entre 2005 y 2007, presuntamente otorgó una autorización especial al capo del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, para realizar un evento público por el “Día de los Niños” en 2006. El exjefe del Cártel del Golfo se encuentra purgando una sentencia de prisión de 25 años por dirigir un “vasto imperio narcotraficante” que importó miles de kilos de cocaína y mariguana a Estados Unidos.
Funcionarios mexicanos y estadounidenses han seguido la presunta actividad criminal de Cabeza de Vaca durante su gestión en la gobernación. En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la Fiscalía General de México, abrió una investigación por lavado de dinero.
Presuntamente la Subprocuraduría obtuvo varias escuchas telefónicas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que pueden vincular a Cabeza de Vaca con ganancias ilícitas de grupos del crimen organizado.
Más recientemente, Cabeza de Vaca fue blanco de críticas luego de que las autoridades detuvieron a varios miembros de un grupo élite de operaciones especiales (GOPES), algunos de los cuales habían recibido adiestramiento de Estados Unidos, por la masacre de 19 personas en enero, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. El GOPES —creado en 2017 como derivación del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, CAIET)— rinde cuentas directamente a Cabeza de Vaca.
Pese a estas irregularidades y otras malas conductas, Cabeza de Vaca ha mantenido una buena imagen frente a los funcionarios de Gobierno de Estados Unidos, y se ha reunido con poderosos senadores del estado de Texas y trabajado en iniciativas de seguridad binacionales con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). En casa, la Marina mexicana lo honró el 21 de abril por su gestión en materia de seguridad en el estado.
Cabeza de Vaca, sin embargo, se ha puesto a la defensiva por la avalancha de acusaciones de delitos financieros y vínculos con dineros ilícitos del crimen organizado. A mediados de abril, contrató una firma de abogados estadounidenses para “mitigar los efectos” de la información financiera confidencial presuntamente filtrada por funcionarios mexicanos, según información hecha pública por el Departamento estadounidense del Tesoro en el marco de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Su abogado también escribió una carta al director de la Red estadounidense de Control de Delitos Financieros (FinCEN) instándolo a “investigar lo que parecen ser continuas filtraciones contra mi cliente”.
–Con información de Insight Crime
