El mito de la transición democrática ha terminado por derrumbarse. Para nadie es un secreto que la alternancia partidista no sólo no transformó las relaciones de poder, sino que acentúo la diferencia entre los pocos que lo poseen y los muchos que son excluidos por él. Aún ahora, 14 años después, son las cúpulas partidistas y las élites empresariales las que imponen el rumbo de esta nación. Aún ahora, los ciudadanos y sus derechos son moneda de cambio para los objetivos políticos y económicos de un reducido grupo de privilegiados. Aún hoy, la sociedad sigue siendo víctima de los poderosos y no la dueña del poder.
Hace casi dos años esta realidad se hizo presente en las calles del país bajo la forma de una exigencia: “democratizar el sistema de medios de comunicación”. La defensa del derecho a la información, el acceso a contenidos plurales y, sobre todo, el desarrollo de medios de comunicación creados por la sociedad, se concibieron entonces como herramientas indispensables para la construcción democrática del país y no como mecanismos para facilitar la competencia económica. En el centro de la discusión no sólo se encontraba la ampliación de opciones mercantiles para los consumidores, sino el empoderamiento de los ciudadanos.
Lejos de caminar en esa dirección la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo Federal pretende regresarnos a nuestro pasado más autoritario. A ese México gobernado por el silencio, la censura y la criminalización de la disidencia del que creímos haber salido hace ya muchos años. A ese México sin democracia al que se opusieron las generaciones que nos preceden ameritando con ello la cárcel o la muerte.
De aprobarse las leyes secundarias que hoy discute el Senado de la República se anularían las libertades conquistadas por la sociedad civil durante las últimas décadas, se intensificaría un pernicioso proceso de estatización de los medios públicos y se bloquearía la aparición de medios sociales y comunitarios, los cuales podrían representar verdaderas alternativas en materia de información y contenidos. .
A continuación enumeramos algunos de los problemas centrales de la iniciativa mencionada que atañen de manera directa a la sociedad civil:
1. Esta ley implica un escenario de disparidad para las y los comunicadores sociales o comunitarios. Se les niega la comercialización de sus espacios, por lo que deberían depender financieramente del Estado o de donativos bien intencionados de otras organizaciones. Todas y todos tenemos derecho a la comunicación en las sociedades de la información, por lo que es necesario dar certidumbre y viabilidad a estos proyectos para garantizar un panorama mediático plural.
2. La digitalización permitiría mejorar la calidad de la señal y elevar la capacidad de transmisión de radio, televisión e internet. Este cambio tecnológico es la oportunidad para hacer un gran salto social, equivalente a pasar del casette al MP3. Sin embargo, por presiones de los agentes preponderantes, la Ley Secundaria posterga este proceso hasta 2017.
3. Hoy podemos usar libremente medios digitales, en caso de aprobarse la legislación secundaria estarían sobreregulados. La redacción vulnera la privacidad, la reserva de datos personales y da pie a la intervención telefónica y monitoreo de los usuarios:
A) Se penaliza compartir a través de internet archivos y contenidos simbólicos y culturales que enriquecen la red.
B) Se permite bloquear señales de comunicación en eventos específicos. Informar en tiempo real es un derecho y una estrategia de cooperación ciudadana que vale la pena resguardar.
4. Así como los servicios de agua y la luz son fundamentales para la subsistencia social, los medios públicos son indispensables para el desarrollo de una ciudadanía democrática: abonan a la integración social, además de promover la tolerancia y pluralidad de pensamiento. La ley secundaria propone su concentración bajo la tutela de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), dejando a discrecionalidad de una sola autoridad los contenidos, la infraestructura, la gestión de recursos y la administración de los consejos.
Esta iniciativa debe entenderse en un contexto de vulneración democrática más amplio cuyas manifestaciones más claras han sido la aparición del ya desahuciado Pacto por México –mecanismo que, en los hechos, hizo de la democracia representativa un mero acuerdo entre una élite política– y la marcada influencia de grupos empresariales en asuntos como la reforma educativa, la reforma energética y la ley de telecomunicaciones.
En el fondo, nos enfrentamos a un agudo proceso de suplantación de los actores políticos por las élites empresariales. Sin embargo, esta suplantación no sólo responde a fines económicos sino que vulnera la esencia misma de la democracia. Es necesario comprender que los medios de comunicación son parte de la configuración de la consciencia colectiva, por lo que los contenidos que aparecen en ellos son un factor determinante si se aspira a la construcción de una cultura democrática. Dejarlos en manos de grupos económicos es abdicar en la lucha por la democracia.
#ColectivosPorLosMediosSociales
