Las vacunas contra el coronavirus comenzaron a producirse a finales de 2020, y potenciaron su crecimiento en 2021 debido a la urgencia de salvar vidas. Sin embargo, aunque se logró producir suficientes vacunas a nivel mundial, no se cumplió el objetivo internacional del 40 por ciento de vacunación debido a que el reparto de los inmunizadores privilegia y se concentra en los países ricos.
Madrid, 14 de febrero (Europa Press).– Amnistía Internacional ha denunciado que las empresas farmacéuticas «fracasaron estrepitosamente» a la hora de «afrontar el reto de una crisis sanitaria y de derechos humanos global sin precedentes», como es la pandemia de COVID-19.
«Por el contrario, monopolizaron la tecnología, bloquearon y presionaron para evitar que no se compartiera la propiedad intelectual, cobraron precios elevados por las vacunas y priorizaron el suministro a los países ricos«, ha señalado este lunes la ONG en una nueva evaluación de los principales desarrolladores de vacunas contra la COVID-19.
El año pasado se produjeron 10 mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, más que suficientes para alcanzar el objetivo del 40 por ciento de vacunación mundial fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el informe revela que poco más del 4 por ciento de la población de países de bajos ingresos se había vacunado con pauta completa a finales del año pasado.
«Más de mil 200 millones de personas en países de ingresos bajos y medianos bajos podrían haberse vacunado para finales de 2021 si los países de ingresos altos y los productores de vacunas se tomaran en serio sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos», ha declarado el director general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Rajat Khosla.
Dos años de pandemia y ni una sola compañía ha compartido conocimento sobre la vacuna COVID con la @WHO. La avaricia de las farmacéuticas está costando vidas.
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«Mientras los países de ingresos altos acaparaban vacunas y restringían cruelmente el suministro a zonas más pobres del mundo, las empresas farmacéuticas fueron decisivas en la catástrofe de derechos humanos que se estaba produciendo, al dejar en la estacada a quienes más lo necesitaban. Estas empresas podrían haber marcado un hito en 2021. En cambio, dieron la espalda a quienes más necesitaban las vacunas y siguieron como siempre, anteponiendo los beneficios a las personas. Si queremos que 2022 sea el último año de esta pandemia, necesitamos cambiar el rumbo ahora», ha añadido al respecto.
Amnistía Internacional lamenta que «a pesar de los miles de millones de financiación pública, estas empresas siguen anteponiendo su propia codicia a sus responsabilidades en materia de derechos humanos». «Es sumamente preocupante que se dé prioridad a los beneficios por encima de las personas, especialmente cuando, hasta la fecha, han muerto más de 5.6 millones de personas a causa de la COVID-19. ¿A cuántas variantes más tendremos que sobrevivir para que los países de ingresos altos y las empresas farmacéuticas comprendan que la población de los países de bajos ingresos, no sólo la de los países ricos, debe tener acceso a las vacunas?», ha señalado Khosla.
La empresa de análisis e información de carácter científico Airfinity ha aportado otras conclusiones al informe, a fecha 31 de diciembre de 2021, que detallan que AstraZeneca produjo algo menos de 2 mil 400 millones de dosis de vacunas en 2021, de las cuales suministró el 1.5 por ciento a países de bajos ingresos y el 70 por ciento a países de ingresos medianos bajos, lo que supone un incremento respecto a la evaluación anterior.
Por su parte, Johnson & Johnson produjo algo más de 300 millones de dosis en 2021, de las cuales distribuyó el 20 por ciento a países de bajos ingresos y el 31 por ciento a países de ingresos medianos bajos, lo que representa un incremento significativo respecto a la evaluación anterior.
Moderna produjo 673 millones de dosis en 2021, de las cuales distribuyó el 2 por ciento a países de bajos ingresos y un 25.5 por ciento a países de ingresos medianos bajos, lo que supone un incremento significativo respecto a la evaluación anterior, aunque «sigue siendo insuficiente», según la ONG.
Pfizer/BioNTech produjeron 2 mil 400 millones de dosis en 2021, de las cuales distribuyeron el uno por ciento a países de bajos ingresos y el 14 por ciento a países de ingresos medianos bajos, lo que supone un ligero incremento respecto a la evaluación anterior, pero por debajo del objetivo del 50 por ciento fijado por Amnistía Internacional.
Sinopharm produjo algo más de 2 mil 200 millones de dosis en 2021, la mayoría de las cuales se suministraron a nivel nacional en China. La empresa suministró el 1.5 por ciento de las dosis a países de bajos ingresos y el 24 por ciento a países de ingresos medianos bajos, «por debajo de lo requerido para una distribución equitativa de sus vacunas».
Sinovac produjo más de 2 mil 400 millones de dosis en 2021, la mayoría de las cuales se suministraron a nivel nacional en China. La empresa suministró el 0.5 por ciento de las dosis a países de bajos ingresos y el 20.5 por ciento a países de ingresos medianos bajos.
El informe de Amnistía también señala que estas empresas «no comparten su propiedad intelectual, sus conocimientos ni su tecnología, ponen obstáculos al acceso justo a las vacunas, y presionan activamente contra la flexibilización de los derechos internacionales de propiedad intelectual».
Y recuerda, exige a @BioNTech_Group @JNJNews @moderna_tx y @pfizer_spain que acaben con la desigualdad de las vacunas y salven millones de vidas ahora.
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«La lucha por las vacunas equitativas aún no ha terminado. Seguiremos instando a las empresas farmacéuticas a que den prioridad al suministro a los países de bajos ingresos para cumplir el objetivo de la OMS de vacunar al 70 por ciento de la población mundial antes de mediados de 2022. Todas las personas merecen la oportunidad de recibir una vacuna y, ahora que entramos en el tercer año de la pandemia, es hora de que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso inmediato a ella», ha afirmado Rajat Khosla.
Amnistía Internacional también exige a las empresas que compartan la propiedad intelectual mediante la expedición de licencias abiertas y no exclusivas o participando en el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), creado para apoyar el intercambio de licencias abiertas y no exclusivas, divulgar públicamente todos los términos y condiciones y fijar el precio de las dosis de manera que los beneficios no se interpongan en el acceso a las vacunas contra la COVID-19.
«Los inversores también han desempeñado un importante papel en esta crisis mundial. Su falta de actuación efectiva demuestra que, mientras la COVID-19 desataba un sufrimiento inimaginable en millones de personas en todo el mundo, los inversores prosperaban, pero sin hacer nada para garantizar que sus inversiones no provocaran perjuicios en los derechos humanos a causa del enfoque basado en los beneficios que adoptan las empresas farmacéuticas. Hacemos un llamamiento a los inversores para que se responsabilicen de sus actos inmediatamente y utilicen su considerable influencia para presionarlas a fin de que eliminen los obstáculos al acceso equitativo a las vacunas y promuevan la responsabilidad y la transparencia», ha añadido Rajat Khosla.
