La política comenzó a aplicarse el 6 de abril de 2018 por una orden ejecutiva emitida sin avisar a otras agencias federales que tendrían que hacerse cargo de la medida, como el Servicio de Alguaciles Federales y el HHS. Fue suspendida el 20 de junio de 2018.
Por Colleen Long
WASHINGTON, 14 de enero (AP).- Altos funcionarios del Departamento de Justicia durante la presidencia de Donald Trump sabían que su política fronteriza de «tolerancia cero” de 2018 resultaría en la separación de familias, pero siguieron adelante con los procesos judiciales aunque otras agencias se vieron rebasadas por el número de migrantes, de acuerdo con el informe de un órgano de control interno difundido el jueves.
El informe del inspector general del Departamento de Justicia dice que dichos funcionarios no hicieron preparativos para implementar la política ni para manejar las secuelas, lo que resultó en la separación de más de tres mil familias y provocó daño emocional duradero a los niños que fueron separados de sus padres en la frontera. La política fue tachada como cruel por mandatarios de otros países, grupos religiosos y legisladores estadounidenses.
El entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, junto con otros funcionarios del Gobierno de Trump, estaban empeñados en frenar la migración. La política de “tolerancia cero” fue una de varias que se adoptaron con el fin de desalentar la llegada de migrantes a la frontera sur. El Gobierno de Trump también redujo considerablemente el número de refugiados permitidos en Estados Unidos y suspendió el asilo en la frontera mediante una combinación de decretos ejecutivos y cambios reglamentarios.
El presidente electo Joe Biden ha dicho que las restrictivas políticas migratorias de Trump son perjudiciales, pero aún se desconoce qué hará para modificar el sistema una vez que asuma el cargo. Unos 5.500 niños fueron separados de sus padres desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, y muchos de esos padres fueron deportados sin sus hijos. Algunos activistas han exhortado a Biden a que permita la reunión de esas familias en Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda para frenar las separaciones, y un juez federal ordenó que dichas familias fueran reunidas, pero no se ha hecho con todas. El abogado Lee Gelernt, quien ha trabajado durante años en el asunto, consideró la práctica “inmoral e ilegal”.
“Como mínimo, los abogados del Departamento de Justicia debieron saber esto último”, dijo Gelernt. “Este nuevo informe muestra cuán lejos estaba dispuesto a ir el Gobierno de Trump para destruir a estas familias. Justo cuando creías que el Gobierno de Trump no podía caer más bajo, lo hace”.
La política de “tolerancia cero” implicaba que cualquier adulto sorprendido cruzando la frontera de manera ilegal sería enjuiciado. Como los niños no pueden estar encarcelados junto con su familia, las familias fueron separadas y los menores pasaron a custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que se encarga de los niños no acompañados en la frontera. La política fue un desastre colosal; no se creó sistema alguno para reunir a los niños con sus familias. El órgano de control interno dijo en su informe que la política resultó en un déficit de financiación de 227 millones de dólares.
Según el informe, los altos funcionarios de la dependencia subestimaron lo difícil que sería llevar a cabo la política en el campo y no informaron a los fiscales locales ni a otros que los menores serían separados. Tampoco entendieron que los niños serían separados más que unas horas, y cuando lo descubrieron, siguieron adelante.
La política comenzó a aplicarse el 6 de abril de 2018 por una orden ejecutiva emitida sin avisar a otras agencias federales que tendrían que hacerse cargo de la medida, como el Servicio de Alguaciles Federales y el HHS. Fue suspendida el 20 de junio de 2018.
El reporte del inspector general señala que jueces, grupos activistas e incluso fiscales federales plantearon sus inquietudes sobre la política. Pero Sessions y otros creían equivocadamente que los arrestos en la frontera no resultarían en separaciones prolongadas e ignoraban lo difícil que sería reunir a las familias.
De acuerdo con notas de una teleconferencia de Sessions con fiscales federales de distritos fronterizos, el entonces secretario de Justicia dijo en parte que “necesitamos quitarles a los niños; si les preocupan los chicos, no los traigan”.
Los funcionarios del Departamento de Justicia examinaron una versión menor de la política aplicada en 2017 en el oeste de Texas, pero ignoraron preocupaciones similares planteadas por jueces y fiscales en ese entonces. Los funcionarios estaban enfocados en la actividad ilegal y no buscaron información que habría mostrado que había inquietudes sobre la separación de familias como resultado.
El informe se suma a otras investigaciones sobre la política, aumentando las pruebas de que los funcionarios del Gobierno de Trump sabían que la política de tolerancia cero resultaría en la separación de familias e infligiría un trauma a los padres y niños migrantes.
De acuerdo con un informe de un órgano de control del HHS, los niños separados en la frontera, muchos ya angustiados por sus vidas en sus países de origen o por su travesía, mostraron más miedo, sentimiento de abandono y síntomas de estrés postraumático que los menores no separados. El caótico proceso de reunificación sólo aumentó su calvario.
En un correo electrónico de noviembre de 2017, un alto funcionario del HHS escribió que hubo escasez de camas para bebés como aparente resultado de las separaciones en y los alrededores de El Paso, Texas, que ocurrieron meses antes de que comenzara la aplicación de la política a nivel nacional. Otros correos electrónicos dejan entrever que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no informó a funcionarios del HHS sobre el programa piloto, aun cuando las instalaciones gubernamentales para los menores a cargo del DHS tuvieron un aumento en el número de niños separados de sus padres. Los correos electrónicos fueron dados a conocer por legisladores demócratas en un informe de octubre de 2020.
