Personas defensoras y especialistas en derechos de la infancia de Argentina, España y Ecuador criticaron la implementación del operativo Mochila Segura porque violan los derechos de las y los menores de edad. Luego de que un niño disparara contra su profesora y sus compañeros en Torreón, Coahuila, llamaron a las autoridades mexicanas a no criminalizarlo y a investigar las causas que lo motivaron y le facilitaron el acceso a armas.
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– El niño que disparó contra su maestra dentro de una escuela y luego se suicidó en Torreón, Coahuila, debe considerarse víctima de un contexto de violencia armada que desde hace años atañe a México y América Latina, coincidieron ex integrantes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y expertos en derechos de la infancia y la adolescencia.
«Este niño es una víctima y su historia explicará mucho de lo que ocurrió. Un niño protegido es un niño que no tendría porqué hacer esto», aseguró en conferencia virtual la defensora Sara Oviedo, quien fue Vicepresidenta del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC, por sus siglas en inglés) de 2013 a 2017.
El pasado 10 de enero un estudiante de 11 años ingresó al Colegio Cervantes de Torreón con dos armas, disparó y asesinó a su maestra, hirió a otras seis personas y se quitó la vida. El hecho conmocionó al país y reavivó el debate sobre la necesidad de incrementar la seguridad en las escuelas.
Ante ello, Sara Oviedo llamó priorizar el análisis del contexto en el que el niño vivió, pues recalcó que en países como México, donde opera el narcotráfico y se ha denunciado su vinculación con funcionarios públicos, las condiciones de desigualdad y violencia se agudizan para niñas, niños y adolescentes.
«Las niñas y niños que viven en un contexto dañado por el narcotráfico son víctimas de muchas cosas que los llevan a ser arrastrados como víctimas, por ejemplo de la exclusión social y la criminalización y los gobiernos deben visibilizarlos», dijo Jorge Cardona, académico de la Universidad de Valencia y ex integrante del CRC.
En ese sentido, Norberto Liwski, quien fue Vicepresidente del CRC hasta 2007, alertó que sería un error que a raíz del tiroteo registrado en Torreón las escuelas se consideren espacios generadores de violencia y se siga criminalizando a las y los estudiantes con operativos como «Mochila Segura», implementado en las escuelas del país desde el 2001 y donde se revisa lo que portan entre sus útiles.
Luego del ataque armado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Coahuila retomó esta semana la implementación del operativo en escuelas de Torreón. Fotografías difundidas por medios locales muestran que incluso fueron utilizados perros para las revisiones.
Mientras que la Secretaría a nivel federal emitió un comunicado en el que adelantó que “evaluará el programa Mochila Segura, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para prevenir este tipo de hechos”.
Ante ello, Jorge Cardona opinó que el programa viola el derecho a la privacidad de las y los menores de edad y los esfuerzos del Gobierno mexicano deberían centrarse en investigar las causas que llevaron al niño a atentar contra sus compañeros y suicidarse.
«El programa ‘Mochila Segura’ es un atentado contra los derechos de la niñez y supone que, entonces, si se registran eventos de este tipo en centros comerciales las bolsas de todos tendrían que revisarse antes de entrar», criticó.
Cardona y Sara Oviedo coincidieron en que las autoridades mexicanas deben enfocarse en analizar y combatir los factores que permiten a un menor de edad acceder a un arma y atender las condiciones en las que vive dicho sector de la población.
«Lo que hay que buscar es porqué un niño lleva una pistola a su escuela sin que eso implique quitarle a la niñez su derecho a la intimidad, porque sino terminaremos apostando por un estado policial», abundó el abogado Jorge Cardona.
NIÑEZ Y CRIMEN ORGANIZADO
Las y los especialistas también destacaron las importancia de que el Gobierno mexicano considere cómo impactan a niñas, niños y adolescentes las políticas para combatir la violencia armada y las estrategias contra el crimen organizado
«Cuando el Estado define una estrategia contra el narcotráfico debe considerar como prioridad que ninguna razón justifica criminalizar a la adolescencia, además, deben implementarse a la par políticas que promuevan sus derechos y nos los excluya socialmente», expuso Norberto Liwski, quien hasta 2008 fue Asesor del Instituto Interamericano del Niño.
Sara Oviedo llamó a contabilizar cuántas personas están siendo víctimas del crimen organizado, «les debemos más visibilización», indicó.
Este mes, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) también se pronunció al respecto, en un balance que hizo del primer año del Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que 2019 estuvo marcado por videos difundidos en redes sociales que muestran a niños con armas largas y uniforme tipo militar, así como por asesinatos de menores de edad que habrían estado involucrados con la delincuencia organizada.
La Red enfatizó que las acciones del Gobierno mexicano en dicha materia siguen sin ser suficientes, pues aunque el pasado 30 de abril en la sesión ordinaria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes autoridades federales reconocieron la existencia del reclutamiento forzado y se comprometieron a desarrollar un programa de atención, éste aún no existe.
Al reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado y la violencia armada se suma la violencia que enfrentan diariamente. Redim también informó que hasta 2019, tres niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidios cada día, mientras que los feminicidios aumentaron en 13.5 por ciento, de acuerdo con la comparación entre los delitos cometidos los primeros siete meses de 2018 con los del año pasado.
