Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– A pesar de que los homicidios de menores de edad han disminuido y que se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el panorama para este sector de la población –que aglomera a alrededor de 40 millones– no es alentador, principalmente por el recrudecimiento de la violencia en su contra, dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Los actos violentos, que afectan mayormente a los adolescentes, son múltiples: desaparición, secuestro con fines de explotación, tortura, homicidio por razón de género, ejecución extrajudicial y «narcoexplotación», de acuerdo con la coalición civil, que agrupa a 75 organizaciones que trabajan temas de infancia en 16 entidades del país.
Al presentar su balance del año que concluyó, el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, expresó que 2014 fue “otro año más de discriminación y violencia contra la infancia”, como eco de la violencia generalizada que persiste en el país.
Refirió que en contextos de violencia armada en cualquier país del mundo, los adolescentes son los más desprotegidos y afectados, y no solamente como víctimas mortales, sino también como víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual o reclutamiento con fines de explotación sexual (principalmente las chicas).
“Aquí la particularidad es que México no está viviendo un conflicto armado reconocido y que tendría, en consecuencia, que tener la capacidad institucional para prevenirlo o para atenderlo y ajusticiarlo en los casos que ha sucedido. Pero esto no ha pasado”, dijo Pérez García en entrevista.
Hasta ahora, para la Redim lo único palpable ha sido la reducción de la tasa de muertes de menores de edad.
De acuerdo con estimaciones de la Red, basadas en las Estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2012 se registró una tasa de cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes, en la población de 0 a 17 años (la tasa más alta en la última década). Para 2013 este índice disminuyó a 3.1 homicidios por cada 100 mil personas de ese grupo de edad.
Esta reducción se dio aparejada con la disminución general de los homicidios en el país, acorde con las cifras oficiales.
Pero aun cuando los homicidios de menores de edad disminuyeron en 2013 con respecto al año anterior, eso no significa que la violencia contra ellos haya disminuido. Por el contrario, hay otras problemáticas vinculadas a la violencia que han persistido e incluso se han agravado, pues se da con expresiones cada vez más ofensivas, advirtió el director de la Redim.
Entre ellas, mencionó la desaparición y la trata de personas, en las cuales las adolescentes figuran como principales víctimas. El municipio mexiquense de Ecatepec es un «foco rojo» en tales temas, refirió Pérez García.
Sin embargo, dijo, la falta de información oficial sobre estas problemáticas dificulta tener claridad sobre su dimensión.
“De lo que sí tenemos evidencia es que hay omisión de las autoridades, incremento por parte de las víctimas” y una mayor percepción de la ocurrencia de estos problemas, subrayó. Asimismo dijo que hay sospechas de que la desaparición y la trata podrían estar vinculados con el crimen organizado, que tendría en la trata con fines de explotación sexual una rama de sus actividades delictivas.
A lo anterior se suman los casos de feminicidios de adolescentes, que son la mayoría de las víctimas de la violencia contra mujeres en el país.
De acuerdo con el Inegi, en 2012 la cantidad de mujeres de 0 a 17 años fallecidas por presunto homicidio fue de 327; para 2013, sumaron 315.
Pero los homicidios por cuestiones de género no son los únicos que preocupan a la Redim. Pérez García habló también del caso Tlatlaya, entre cuyas víctimas de ejecución extrajudicial por parte de militares hubo adolescentes.
El director ejecutivo de la Redim también hizo referencia a la “narcoexplotación”, término que ha acuñado para hablar sobre la explotación de menores de edad para actividades criminales específicas dentro de las redes del narcotráfico. Desde el año 2010, la Redim estima unos 25 mil adolescentes víctimas de “narcoexplotación”.
Un problema que también cuenta entre sus víctimas a niños y adolescentes es el de la tortura, refirió Pérez García. Los albergues y los llamados “anexos” para rehabilitación son los sitios que identificó como «focos rojos», cuyo riesgo aumenta dada la omisión de las autoridades para regularlos y vigilar su operación.
Mencionó el caso del albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, fundado y operado por Rosa Verduzco, que fue cateado y clausurado en julio pasado, dadas las malas condiciones en que se encontraba y albergaba a alrededor de 400 niños y adolescentes. Entre los señalamientos que se hicieron en su momento, se habló de maltratos a los menores que ahí vivían.
Sobre los “anexos”, Pérez García señaló que son espacios cuya base de la supuesta rehabilitación es la tortura, opinión que comparte, dijo, el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez.
Y paralelamente a todo lo anterior, prevalecen los casos de maltrato infantil.
El director de la Redim recordó los casos de Dominic, un niño que fue amordazado y amarrado de manos y pies con cinta canela, y el de Owen, un niño de 5 años que fue hospitalizado por presentar golpes y quemaduras de cigarro, además de una perforación intestinal.
Aunque estos casos se conocieron gracias a su difusión a través de redes sociales, Pérez García enfatizó que no se trata de sucesos aislados, sino que son consecuencia de la normalización del maltrato infantil.
APRUEBAN LEY, PERO NO PRESUPUESTO
El pasado 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto conforme a la fórmula de iniciativa preferente.
Gabriel Rojas Arenaza, secretario del Consejo directivo de la Redim y director de la organización Educación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle (Ednica), consideró un logro importante la aprobación de esta ley, mas señaló que aún hay cuestiones pendientes de atender para que sea un instrumento efectivo.
En primer lugar, señaló, tiene que crearse el Sistema Nacional de Protección Integral, que será la instancia encargada de operar la política pública para niños y adolescentes.
Además, aún falta que los estados armonicen sus leyes locales con lo que mandata esta ley general.
Pero por encima de estos pendientes, el primer obstáculo a vencer es el tema financiero, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no se asignaron recursos para la implementación de la ley, señalaron Rojas Arenaza y Pérez García.
Al respecto, el director ejecutivo de la Redim expresó que si bien la aprobación de la ley general representa un avance importante, incluso “histórico” dado el retraso que el país tenía en la materia, “si esto no se acompaña de voluntad política y presupuesto, no va a tener ninguna trascendencia real en la vida de casi 40 millones de niños y adolescentes”.
Además, subrayó que los logros de la ley no se verán de inmediato, dado que la implementación de la ley supone un rediseño de cómo está articulado el sistema actualmente.
“Ahora todo cuando hablamos de infancia está centralizado en el DIF [Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia], lo que esta ley hace es que el DIF ya no es el centro. El DIF va a ser un actor, va a tener la asistencia, pero el centro ahora va a tener que ser el Sistema Nacional de Protección Integral, que preside el propio Presidente.
“Entonces el Presidente cada seis meses va a tener que estar dando información y reportando acciones sobre la agenda de infancia en su conjunto. Eso va a representar un gran e importante cambio en la forma en que ahora hacemos las cosas, porque no es lo mismo la esposa del presidente, o la directora del DIF, por más comprometida que esté, que el propio presidente con la responsabilidad que eso significa”, puntualizó.
FALTA DE INFORMACIÓN, EL OBSTÁCULO
La presidenta del Consejo Directivo de la Redim, Alicia Vargas Ayala, enfatizó que en temas relacionados con la infancia, la falta de información sigue siendo un obstáculo para conocer con precisión la magnitud de las problemáticas que afectas a niñas, niños y adolescentes.
En el caso de las desapariciones, la ausencia de datos y el subregistro son mayores cuando se trata de población infantil, refirió.
Una situación similar ocurre con los datos relativos a la venta, prostitución y pornografía infantil, pues el Estado mexicano no cuenta con cifras que permitan conocer con precisión la magnitud e impacto de esos delitos.
Al respecto, Pérez García señaló que cada vez hay más opacidad en las instituciones públicas y las autoridades evaden informar sobre temas que le parecen problemáticos.
Una consecuencia de esta falta de información es que tampoco hay acciones para prevenir este tipo de fenómenos.
