Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– A pesar de que el informe de la “Comisión Especial para el caso Iguala” fue ordenado por el Consejo Nacional perredista en noviembre pasado, para evitar cometer los mismos errores en la elección de candidatos en futuros comicios, incluidos los de este año, el análisis del documento fue pospuesto hasta finales de junio o principios de julio; es decir, después de las elecciones, anunció ayer Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La semana pasada la Comisión Especial, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que José Luis Abarca Velázquez, el ex Alcalde de Iguala, fue electo candidato a pesar de que no ganó una encuesta. Fue electo gracias al apoyo de los líderes locales de Nueva Izquierda (NI-Coduc), Alianza Democrática Nacional (ADN), ambas corrientes o “tribus” hegemónicas al interior de la fuerza política, así como con la ayuda de Lázaro Mazón [ex secretario de Salud de Guerrero] y con la “inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre [Rivero]”.
Pero el informe no será evaluado inmediatamente, sino que tendrá que esperar al próximo Consejo Nacional, previsto a realizarse después del 7 de junio, expuso Navarrete Ruiz.
“He recibido el informe ordenado por el Consejo. El próximo lunes en el Comité Ejecutivo Nacional daré a cocer el informe y pondremos en agenda la entrega del informe al Consejo Nacional, para que a finales de junio, principios de julio sea analizado”, explicó.
Navarrete Ruiz precisó que el documento elaborado por el mismo partido, será revisado hasta que llegue la fecha del Consejo, debido a que fue el Consejo quien ordenó la Comisión Especial.
“Nosotros tenemos un procedimiento interno. El Consejo Nacional ordenó crear la Comisión. La Comisión elaboró el informe, se lo entregó al presiente nacional y del Consejo. Después cuando se reúna será evaluado”, dijo.
Pablo Gómez declaró, un día después de que se dio a conocer el documento a la opinión pública, que la responsabilidad política sobre la designación de la candidatura de José Luis Abarca, es de un partido, no de una persona.
El informe, explicó, significa una crítica a la dirección nacional de la fuerza política: “por no haber atendido bien el proceso de selección de candidatos, no sólo de Abarca, sino de todos los demás”.
También critica al Consejo Nacional del Sol Azteca, por no solicitar la renuncia de Ángel Aguirre cuando tenía que responder por los hechos de Iguala.
Gómez Álvarez destacó la importancia del informe, debido a que es la “primera vez en la historia política de México” que un partido se cuestiona así mismo, a través de una investigación.
Un hecho, dijo, de tomarse en cuenta y resaltar sobre el resto de las fuerzas políticas.
Sin embargo, las pesquisas que también revelaron que Jesús Zambrano Grijalva, ex presidente nacional del partido y miembro de la misma corriente que Navarrete, Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos”, tuvo conocimiento antes de que Abarca fuera electo candidato de que los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, tenían nexos con un grupo delincuencial, no serán analizadas para este proceso electoral.
Navarrete aclaró que aún sin infor0me, en noviembre del año pasado, se aprobó un protocolo al cual se apegaron todos los candidatos del PRD que aparecerán en las boletas del próximo 7 de junio.
“Empezamos a actuar en noviembre, sin informe. Investigamos, solicitamos informes y determinamos quién podría ser candidato y quién no”, agregó.
Haydeé Pérez Garrido, experta en rendición de cuentas y directora Ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, planteó: “¿Para qué mandar hacer un informe y un análisis, si los van a utilizar políticamente y se te van a atravesar otros intereses?”.
La experta planteó que al PRD sólo le interesa la contienda electoral que está en proceso y que su decisión de no analizar la información recibida por la Comisión Especial para el caso Abarca, demuestra que sus decisiones “no están encaminadas a un ejercicio real de la transparencia y rendición de cuentas”.
“Los intereses partidistas y políticos son los que se privilegian, en lugar de rendir cuentas a la ciudadanía en uno de los casos que más ha indignado a la población en los últimos meses. Pero no me sorprende”, indicó.
El documento no será analizado, a pesar de que expertos coincidieron en que los hallazgos realizados, deben ser un “llamado de atención” para los partidos.
“Esto viene a poner en la mesa, ¿cuáles son las características que están evaluando los partidos políticos en la selección de los candidatos?, ¿su proyección económica?, ¿nacional?, ¿sus antecedentes familiares?” dijo Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Para Martín Barrón el caso Abarca es una llamada de atención importante, no sólo para el PRD, sino en general al sistema de partidos mexicano.
El informe de la Comisión Especial para el caso Abarca explica que Sebastián de la Rosa, dirigente de NI en Guerrero, indicó que recibió como respuesta de Zambrano que “ninguno de los dos, [Abarca y Pineda] estaba siendo investigado con motivo de posibles vínculos con el referido grupo delincuencial [Guerreros Unidos] a pesar de la pertenencia al mismo de los hermanos de la esposa de Abarca”.
Pablo Gómez Álvarez contestó a SinEmbargo que “es cuestionable”, si el tener “cuñados” ligados al crimen organizado era suficiente para detener la candidatura de Abarca.
“En este caso no fue suficiente tener cuñados”, dijo.
Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), explicó que el caso Abarca debe marcar una pauta en la elección de los candidatos para puestos públicos.
“No unidamente para la construcción de mecanismos, que hagan posible la revisión de algunos antecedentes de los candidatos, para que los ciudadanos puedan tener información y saber por quién están votando”, indicó.
FOTOS DE AUREOLES ES “TEMA CERRADO”
A la par del informe sobre el caso Abarca, el fin de semana circularon un par de fotografías que mostraron al candidato a la gubernatura de Michoacán por el PRD Silvano Aureoles Conejo, abrazando y besando a una joven llamada Brenda Landa Ruiz, ligada a una banda de secuestradores.
La mujer es originaria del municipio michoacano de Jiquilpan y fue arrestada el pasado 16 de abril en su casa de Morelia.
De acuerdo con la averiguación previa número 19/2015/mesa, Landa Ruiz podría estar vinculada a una banda de secuestradores que opera desde el año 2012 en los estados de Jalisco, Estado de México, Michoacán y Nuevo León. Pero de acuerdo con diversos medios locales, la joven fue liberada horas después de su detención.
En la misma averiguación se señala que la mujer también podría estar vinculada al grupo de Enrique “Kike” Plancarte, un aliado de Servando Gómez “La Tuta”, como parte del cártel “Los Caballeros Templarios”.
Ayer Carlos Navarrete omitió hablar en una conferencia con medios nacionales sobre el tema de las fotos y aseguró que el tema estaba “perfectamente aclarado”.
“Es una tema perfectamente aclarado. Estuvimos en el foro Así Gobierna el PRD y ahí ante medios locales y nacionales de Morelia, dimos a conocer nuestra postura. Ya cerramos el tema”, contestó.
De acuerdo con los publicado el fin de semana, Navarrete Ruiz contestó en el foro que “mete las manos al fuego por Silvano” y aseguró que las fotografías responden a un golpeteo político.
Tanto Navarrete como Silvano Aureoles, desestimaron las fotografías argumentando que a diario se toman “unas 200 fotos con mucha gente”.
“Yo me saco miles de fotos y seguramente esta foto tiene que ver con un evento al que yo asistí, a un concierto de Joan Sebastian hace algunas semanas que estuvo en este evento en Morelia”, dijo Aureoles en entrevista radiofónica con Denise Maerker.
Haydeé Pérez Garrido de Fundar consideró que las declaraciones de Aureoles y Navarrete “van en contra de su propia carrera política y en contra de su partido”, debido que abren más la brecha entre la “ciudadanía y la clase política”.
“Una declaración que no aclare cuáles son los vínculos de cualquier dirigente partidista con cierta persona, que se pueda tener sospecha que está vinculada al crimen organizado, alejará a la ciudadanía. Si la clase política quiere ganar un poco de credibilidad, es muy importante que den la cara, que expliquen con toda claridad y detalle esos vínculos”, explicó.
Pérez Garrido calificó las declaraciones de Navarrete y Silvano como “tibias” y encaminadas a “evadir respuestas”, para la población que tiene derecho a conocer cuáles son sus intereses.
