Por Melissa del Pozo, cortesía para SinEmbargo.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo/VICE News).– Georgina Villa pertenece a una familia de campesinos que abandonó su pueblo después de que un grupo de hombres armados secuestrara a uno de sus hijos en las inaccesibles montañas del estado de Guerrero.
Fue amenazada por «unos hombres con voz rara que me pedían dinero para no matar a mi hijo», declaró Villa a VICE News.
Eso fue en 2012. Villa, de 52 años y madre de dos hijos, dejó entonces su hogar en Tlacotepec y no ha regresado nunca más.
Ahora vive con sus padres y vende cosméticos en Chilpancingo, la capital del estado, un espacio relativamente urbano comparado con las remotas sierras de Guerrero. Es una de las muchas personas que pertenecen a un colectivo social mexicano que pasa largamente desapercibido y que es muy difícil de cuantificar: el de los desplazados internos de la guerra contra las drogas.
Guerrero tiene el índice más alto de desplazados internos de México, una situación generada a causa de la violencia que provoca el narcotráfico, que sigue imperando en el país, según apuntan las informaciones.
Es muy complicado dar con la cifra exacta, pero según la Comisión Mexicana por la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, una organización sin ánimo de lucro, entre 2011 y febrero de este año hubo al menos 281 mil 418 personas que tuvieron que desplazarse a distintos lugares del país.
Alrededor del 20 por ciento de esos refugiados están concentrados en Guerrero, lo que confiere al estado la cifra más alta de refugiados, según afirma la organización. Un informe internacional publicado el miércoles pasado refuerza dichas cifras.
«Le repito: ¿cómo vamos a celebrar elecciones, de quién o para qué, con qué objeto?».
En semejante escenario, el entusiasmo —o simplemente el apoyo– a las inminentes elecciones intermedias en México, es bajo. La violencia ya irrumpió en la campaña: dos candidatos a la alcaldía de Guerrero han sido asesinados desde que arrancó la campaña, entre ellos el candidato por Chilapa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), abatido en un tiroteo el pasado viernes 1 de mayo.
Las elecciones están programadas para el 7 de junio, pero los refugiados internos con los que ha hablado VICE News, ni se las plantean.
«Yo no tengo otra opción y créame que lo último que me importa ahora es votar; lo único que quiero es poder tener dinero para darle a mi hijo y encontrar a mi muchachito que ya debe de verse muy mayor», dijo Villa.
Laura Rubio, miembro del Consejo Noruego para Refugiados, que publicó el informe del miércoles, asegura que los números de desplazados son sólo aproximativos.
Una encuesta nacional sobre las víctimas conducida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2014, sugería que, de acuerdo con el relato de individuos que aseguraban que habían dejado sus casas debido a las amenazas o a la violencia, podía haber más de un millón de refugiados internos en el país.
«Podría ser hasta un millón 600 personas desplazadas por la violencia si se tiene en cuenta la ultima Encuesta de Victimización donde se estableció que por lo menos algún miembro de la familia había huido por haber sido víctima», dijo Rubio.
En Guerrero, la situación es crítica. Después de que el estado fuera anegado por las masivas inundaciones provocadas por sendas tormentas tropicales en 2013, Rubio dijo que los refugios que habían sido concebidos para las víctimas de la meteorología, terminaron siendo utilizados por aquellos que escapaban de la amenaza del narcotráfico.
«Tenemos evidencias de albergues que se establecían en esas zonas para recibir a personas afectadas por las inundaciones, y que terminaron recibiendo a personas que habían sido desplazadas por el crimen organizado», dijo Rubio.
El conflicto se ha agravado debido a aquellos refugiados que se desplazan de una ciudad afectada a otra. En 2013, Tlacotepec, población de la que Villa había escapado, acogió a más de mil refugiados de pequeños pueblos vecinos que estaban huyendo de la violencia.
«Y es que a medida que se mueven las familias se mueven las organizaciones criminales», dijo en entrevista Laura Rubio a VICE News.
Ester Reynoso, de 34 años, se mudó a Tlacotepec con su padre y sus tres hijos después de recibir la visita de un grupo de hombres en su residencia de Atoyac de Álvarez, su pueblo natal, que le dijeron que querían su casa. Atoyac fue, además, violentamente sacudida por la tormenta tropical Manuel y por el huracán Ingrid.
«A mi esposo lo mataron esos que comenzaron a joder con que querían la casa. Yo no sé para que la querían si ya estaba toda para abajo, pero mi marido les dijo que no y luego ya lo mataron», dijo Reynoso.
A pesar de la precaria situación en la que viven muchos de los 3.3 millones de habitantes de Guerrero, los funcionarios de la campaña electoral dijeron que las elecciones intermedias planeadas para el 7 de junio se celebrarán tal y como está previsto. Los preparativos ya están en marcha pese a los constantes ataques violentos, el asesinato de políticos y las amenazas de las debilitadas manifestaciones de los profesores sindicalizados. Además, los simpatizantes de los 43 alumnos desaparecidos en Ayotzinapa siguen celebrando protestas regularmente.
Los votantes elegirán al próximo Gobernador y a sus representantes federales y locales en el Congreso, además de 81 alcaldes. Se instalarán 57 » casillas especiales» en las que podrán votar aquellos que no residen en la zona, según cuentan los funcionarios. Todavía no queda muy claro si alguien se presentará.
LA CRECIENTE INDUSTRIA DE LA AMAPOLA
Tlacotepec descansa en la cordillera Sierra Madre del Sur a unos 35 kilómetros de Yextla, otra pequeña ciudad del estado de Guerrero que se ha quedado sin residentes.
Ambas ciudades están ubicadas justo en el corazón de la creciente industria de la amapola del estado, que ha desatado una guerra por su control entre múltiples bandas de narcotraficantes. Según cifras del gobierno, en 2014 Guerrero fue el estado mexicano con el índice de muertes más alto del país.
Yextla y Tlacotepec también forman parte de un listado de 75 distritos electorales elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para distinguir a las poblaciones cuyas listas tienen menos de cien personas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que no desplegará sus estaciones electorales en esos distritos, lo que forzará a sus residentes que quieran votar a localizar y desplazarse hasta la casilla especial de votación el día 7 de junio.
Enrique Hernández es un campesino que detenta el puesto de comisario de Yextla. Él asegura que no se imagina una forma segura de votar este año, y lo dice con un enfado y un candor inusual para un funcionario del gobierno:
«Aquí, así no se pueden hacer las elecciones. Aquí que ni se paren los políticos con sus propagandas pendejas, que primero vengan a resolver este desmadre, porque nos han abandonado por completo».
El 20 de marzo se produjo un tiroteo esta ciudad de apenas 3 mil habitantes. Murieron cinco personas.
Aquel día, cuando llegaron los militares horas más tarde, los cadáveres seguían tendidos en el suelo. Se «escucharon disparos durante más de veinte minutos», recuerda un testigo en Yextla. «Este tipo de cosas pasan todos los días; estamos hasta la madre», dijo el comisario Enrique Hernández.
Después del incidente, un número desconocido de familias en Yextla hicieron lo que hacen tantas personas en las regiones más violentas de México: prepararon las maletas y se largaron.
El 6 de abril, después de que la campaña electoral hubiese arrancado en Guerrero, Hernández llamó a VICE News para informar que habían sido descubiertos dos cuerpos mutilados en la entrada del pueblo, en la carretera que conecta Yextla con Chilipancingo.
El comisario sonaba desesperado. «Le repito: ¿cómo vamos a celebrar elecciones, de quién o para qué, con qué objeto?», dijo Hernández.
Alejandro Delgado Arroyo, el delegado del INE en Guerrero, declaró que todavía tenía esperanzas de que la gente encontrara la manera de votar «con mucho esfuerzo y confianza.»
«Tenemos la opción de las casillas especiales para que voten los electores en tránsito, en el caso de Guerrero, 57»; es decir, casillas a las que pueden acceder algunas personas aun sin estar registradas en ese distrito para votar. «Aunque eso no garantiza que vayan a votar», dijo el encargado del INE.
