En México, la organización Global Witness registró 30 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en 2020, un aumento del 67 por ciento respecto a 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de ellos fue contra comunidades indígenas.
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– De los 227 defensores ambientales asesinados durante 2020, el año más peligroso del que se tenga registro, en México la organización Global Witness documentó 30 homicidios, un 67 por ciento más respecto a 2019. Esta cifra lo ubicó como el segundo país más letal para los defensores de la tierra y el medio ambiente sólo por debajo de Colombia.
«Las razones estructurales de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente reflejan lo que sabemos sobre la crisis climática en sí: sus impactos son desiguales; las empresas son responsables; y los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte de las causas», asegura el informe «Última línea de defensa».
Sin embargo, la impunidad de los delitos en territorio nacional sigue siendo «sorprendentemente alta», resalta el documento publicado este día, ya que hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrenta ningún tipo de proceso legal.
Más allá de los homicidios, detalla la organización, muchas personas defensoras y comunidades también son silenciadas mediante las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización, pero este tipo de ataques son aún menos denunciados.
A nivel global, la explotación forestal fue el sector con la mayor cantidad de asesinatos (23 casos). México, de hecho, experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y deforestación, con un registro de nueve casos en 2020.
«La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas», detalla el informe de Global Witness.
Óscar Eyraud Adams, era un indígena kumiai defensor del agua en Baja California, estado del norte golpeado por la sequía prolongada. La visión del activista era que toda la comunidad tuviera acceso a este derecho humano, pero debió presenciar repetidas invasiones de personas ajenas a su territorio. Fue asesinado el 24 de septiembre del año pasado. Él no se defendió, porque no tenía cómo.
«Las grandes compañías tienen acceso al agua mucho más fácil. Esto no es justo –necesitamos el agua para sobrevivir», decía, y animaba a otras personas a demandar acceso a los pozos. «Si se juntan, y se organizan, no hay forma de que puedan vencernos», contó su madre Norma Adams Cuero.
A nivel mundial la tendencia fue similar al mantenerse una vez más el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas. A pesar de que apenas representan el 5 por ciento de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos a integrantes de los pueblos indígenas. Estos hechos, además de México, también fueron documentados en América Central, Sudamérica y Filipinas. Este año también se registraron ataques en Arabia Saudita e Indonesia.
A la par de estas cifras, México se convirtió en el undécimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe, por lo que entró en vigencia. El tratado regional establece compromisos para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental, así como estándares de acceso a la información y toma de decisiones en materia ambiental. Los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), citado por el informe, llamó al gobierno mexicano a suspender los proyectos de desarrollo en los cuales se presuma la comisión de cualquier tipo de agresión en contra de mujeres y hombres que defienden el ambiente en tanto no se investiguen debidamente los hechos. Además, garantizar el goce efectivo del derecho humano al consentimiento y a la consulta indígena libre, previa e informada.
