Según informaron fuentes jurídicas, el expresidente y máximo accionista de la constructora OHL dio su versión sobre los hechos, aunque no ha trascendido, y después, el fiscal del caso, Carlos Yáñez, decidió no pedir ninguna medida cautelar para él.
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Madrid, 13 septiembre (EFE).- El ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir declaró hoy como investigado ante un juez de la Audiencia Nacional española, en relación con la supuesta adjudicación fraudulenta de la construcción de una vía ferroviaria de cercanías en Madrid, que nuca se llegó a realizar.
Esta investigación, dirigida por el juez Manuel García Castellón, está incluida en un sumario más amplio conocido como «caso Lezo», en el que se investiga la supuesta corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid, Canal de Isabel II, con ramificaciones en América Latina a través de la empresa Inassa, que actuó en Panamá, Colombia o la República Dominicana.
Según informaron fuentes jurídicas, el expresidente y máximo accionista de la constructora OHL dio su versión sobre los hechos, aunque no ha trascendido, y después, el fiscal del caso, Carlos Yáñez, decidió no pedir ninguna medida cautelar para él.
García Castellón investiga el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros (1,6 millones de dólares) por la adjudicación del tren y en el que, según la investigación, podrían estar involucrados el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid (también investigado) y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, encarcelado por el Caso Lezo.
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Por su parte, OHL aseguró hoy que no hubo ningún trato de favor en la adjudicación y desarrollo de la construcción de la línea ferroviaria entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.
Tras recibir un requerimiento de información por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), OHL abrió una investigación interna que le permitió identificar dos transferencias que sumaban 2,5 millones de dólares a Lauryn Group, sociedad a la que se relaciona con el supuesto pago de la comisión.
Pese a que dichas transferencias no presentaban indicios de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales, la compañía decidió ampliar la investigación.
La constructora afirma que las investigaciones que han realizado «se deriva con claridad y rotundidad que no hubo ningún tipo de indicio de trato de favor en la adjudicación y desarrollo de este proyecto», aseguraron hoy fuentes de la compañía, que defendieron que la sociedad siempre actúa con total transparencia y sujeción a la ley.
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