Tierra de masacres y desapariciones, el estado de Guanajuato sigue encabezando las listas como la entidad más violenta del país, después de Baja California, éste último estado etiquetado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el más violento, a pesar de que su Gobernador, Jaime Bonilla, pregona que en ese territorio ya no hay masacres.

En Guanajuato se afincó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se enfrascó en una guerra sin cuartel con lo que queda del Cártel Santa Rosa de Lima, que sigue causando violencia e inestabilidad a pesar de que su líder, José Antonio Yépez Ortiz, está preso en el penal del Altiplano y carga con delitos como delincuencia organizada, tráfico de drogas, asesinatos y secuestros.

Este es precisamente el mercado criminal que se disputan el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima. Además, las matanzas y desapariciones también están relacionadas con el tráfico de combustible robado –el llamado “Huachicoleo” –que ambos grupos explotan desde hace varios años de la refinería de Salamanca, la misma que un día Yépez Ortiz amenazó con hacer explotar si el Presidente Andrés Manuel López Obrador no retiraba a los militares de su territorio.

Además de la guerra entre los cárteles, lo que en Guanajuato priva es un vacío legal. Y es que en los territorios donde la ley brilla por su ausencia, como ocurre en esta entidad y en más de medio país, el crimen organizado halla su mejor asidero: toma el control de municipios enteros, regiones; se apodera de la vida pública: secuestra, asesina, extorsiona, amenaza, cobra piso a comerciantes, controla giros negros y la piratería; además, se apropia de tierras, regentea la prostitución… Y todo esto sucede frente a las autoridades, quienes han abandonado a la población a su suerte.

Como Jefe de Estado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha renunciado al uso de la fuerza para enfrentar al crimen organizado. Él asegura que su Gobierno combate las causas de la criminalidad, pero lo que afirma no es verificable, ya que de otro modo algún efecto positivo ya habrían arrojado esas acciones. La realidad es que el problema se recrudece, pues por todas partes los varones de la delincuencia actúa como amos absolutos de los territorios.

EL VACÍO DEL ESTADO

Considerado uno de los criminales más violentos, la captura, en agosto de 2020, de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, jefe del Cártel Santa Rosa de Lima, no puso punto final a la violencia en Guanajuato: a cinco meses de su detención, los choques entre cárteles han convertido a esa entidad en una zona de exterminio.

Ahora la violencia la generan los grupos criminales que se disputan el territorio que dominaba Yépez Ortiz, así como sus negocios: el tráfico de drogas, los secuestros, las extorsiones y robo de combustibles, negocio conocido como “huachicoleo”.

De acuerdo con informes del área de inteligencia de la Fiscalía General del Estado se ha identificado la operación de siete cárteles, cuyos miembros se disputan a sangre y fuego el control territorial.

Se trata de los cárteles Jalisco Nueva Generación, el cual desplazó al de Santa Rosa de Lima; La Nueva Familia Michoacana, el del Golfo, Sinaloa y Unión León.

Según los informes policiacos, el Cártel Jalisco está enfrentado con las células del de Santa Rosa de Lima. Estos dos grupos, establecen los informes, están en pugna desde hace más de un año por el control territorial, la venta de drogas, el “huachicoleo”, las extorsiones y los secuestros, negocios boyantes en la región de El Bajío”.

Desde el año 2018, cuando se recrudeció la violencia en Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, entonces encabezada por Alfonso Durazo, reconoció que el principal detonador de la criminalidad en ese estado era el Cártel Santa Rosa de Lima, operado entonces por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, cuya carrera criminal empezó en el año 2015.

Tras varios meses de persecución y confrontaciones –“El Marro” amenazó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con seguir asesinando personas inocentes si no retiraba a las Fuerzas Armadas del estado –“El Marro” fue capturado por la Guardia Nacional en la comunidad de Franco Tavera, en el municipio de Juventino Rosas. Fue puesto a disposición de las autoridades federales. Su captura fue considerada como el fin de la guerra y la violencia en Guanajuato.

Sin embargo, la pacificación del estado no ocurrió, por el contrario: la descomposición continuó debido, entre otras razones, a la corrupción institucional que ha mantenido cooptados tanto a las autoridades ministeriales como policiacas.

En los primeros cuarenta días posteriores a la captura de Yépez Ortiz en Guanajuato se registraron 448 homicidios dolosos, un promedio y de 11 por día; además, entre enero y julio del 2020 un total de veinte personas fueron acribilladas todos los días.

No es todo: el reporte de delitos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostró que, de enero a julio del año pasado, fueron denunciados cuatro mil 242 homicidios y once casos de extorsión.

En un informe que rindió ante el Congreso Alvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública, expuso un dato explosivo: el 91 por ciento de los homicidios dolosos que registra Guanajuato derivan de los enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico.

En ese sentido, las cifras del funcionario coinciden con los informes de la Fiscalía del Estado, que también relaciona la exacerbada violencia a la lucha entre los grupos criminales por controlar no sólo  el territorio sino los negocios más boyantes: el tráfico de drogas y el robo de combustibles.

Los mismos informes oficiales señalan que la violencia y las extorsiones seguirán en el estado:

“Ahora las extorsiones –dice uno de los documentos –seguirán en Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, que son los territorios que controla el Cártel Santa Rosa de Lima. Estas acciones delictivas también alcanzarán a otras demarcaciones como San Miguel de Allende y la ciudad de León…».

Las investigaciones, estudios y análisis oficiales consideran que la violencia continuará, además, porque a pesar de que el Cártel Santa Rosa de Lima fue descabezado las células dispersas de este grupo criminal buscan recomponerse.

Otro de los estudios apunta:

“El hecho de que hayan descabezado al Cártel Santa Rosa de Lima con la captura de ‘El Marro’ no significa que esta situación [la violencia] vaya a desaparecer. No es una cuestión de magia porque los grupos controlan territorios y entonces el asunto es la pelea por las pequeñas plazas”, como ocurre ahora.

ZONA DE MUERTE

Con una policía infiltrada por el crimen, con autoridades incompetentes o cooptadas por la delincuencia y con unas fuerzas armadas que están presentes pero que no actúan, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas en Guanajuato, a grado tal que este 2021 comenzó con un rosario de masacres.

Al menos unos 10 muertos se registraron el lunes 11 como consecuencia de varios enfrentamientos armados en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, donde unos ocho presuntos criminales resultaron asesinados, además de un civil, de acuerdo con la información de la Fiscalía del estado.

Los choques se iniciaron en Villagrán, donde agentes estatales y de la Guardia Nacional se enfrentaron con pistoleros que vestían de civil. El enfrentamiento de centró en la demarcación de Santa Rosa de Lima, donde opera una banda dedicada al robo de combustible que lideraba “El Marro”.

El enfrentamiento del pasado lunes se sumó a una serie de sucesos violentos ocurridos al arranque de este año, donde previamente habían sido asesinadas 18 personas, nueve de ellas durante un ataque ocurrido en un velorio en la ciudad de Celaya.

Los testigos de los hechos dijeron que velaban a un difunto cuando tocaron el timbre. Al abrir un grupo fuertemente armado empezó a disparar al interior de la residencia, rafaguearon el féretro y arremetieron a tiros en contra de las personas ahí reunidas.

La violencia en Guanajuato también alcanzó al periodista Israel Vázquez Rangel. El reportero fue asesinado el 9 de noviembre del 2020 cuando cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Según la organización Reporteros sin Fronteras, con el crimen de Vázquez suman seis los periodistas asesinados en Guanajuato por ejercer el oficio periodístico.

LA LEY DEL CRIMEN

La caída de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, en agosto del año pasado, no puso fin a la violencia en Guanajuato.

La organización que fundó “El Marro” se mantiene de pie operando secuestros, extorsiones, asesinatos a sueldo, despojo de propiedades, cobro de piso a comerciantes y el llamado “huachicoleo”, la venta de combustible robado que se extrae de los ductos de Petróleos Mexicanos. Este último negocio mantiene enfrentadas a ambas organizaciones criminales que, además, cuentan con protección oficial y un evidente respaldo policiaco en toda la región de El Bajío.

La semana pasada, Guanajuato volvió a cimbrarse. Un comando armado irrumpió en un restaurante bar localizado en la demarcación de Jaral del Progreso. Este lugar en realidad operaba durante la madrugada como prostíbulo. Había meseras y bailarinas que ofrecían sus servicios a los clientes.

Eran aproximadamente como las 5:30 horas de la mañana del domingo 3 de enero cuando un comando armado irrumpió en prostíbulo “la Cabaña del Toro” y comenzó a disparar a los clientes. De acuerdo con las versiones policiacas, se trató de un rafagueo que dejó un saldo de once personas acribilladas, siete hombres y cuatro mujeres. Otras personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para ser atendidas.

El restaurante o centro nocturno se localiza a la salida de la ciudad de Jaral del Progreso, cerca de la carretera que comunica con Cortázar. Según algunos testigos, a esa hora de la mañana el lugar se encontraba abarrotado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo; de acuerdo con el reporte realizado por las autoridades municipales y la policía al lugar arribaron los sicarios a bordo de varios vehículos, entraron, activaron sus rifles de alto poder y comenzaron a dispararle a la gente.

Los mismos reportes establecen, además, que los muertos fueron clientes y empleados del lugar. Tras el tiroteo elementos del Ejército y la policía arribaron al lugar. Ahí quedaron los cuerpos de las once personas sin vida.

Estos hechos dan cuenta que, a pesar de la captura de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” la violencia continúa en Guanajuato y pone en evidencia la palabra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al rendir su segundo informe de Gobierno, en septiembre de 2020, se refirió a la violencia como un problema pasado: «La delincuencia ya no manda y ya no hay masacres”.

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año en el estado de Guanajuato han ocurrido unas 36 masacres, pues en cada evento han muerto más de cuatro personas.

SIN «EL MARRO» TODO SIGUE IGUAL

La  suerte de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” –líder del Cártel Santa Rosa de Lima –se extinguió el 2 de agosto del 2020: ese día las Fuerzas Federales lo detuvieron la madrugada  del domingo 2 en Guanajuato, al implementar un operativo que puso fin a su carrera delictiva de cinco años. En el momento de su captura, también fue liberada una mujer empresaria, quien llevaba varios días en cautiverio. Así, el criminal de El Bajío, vio paralizada su actividad delincuencial que sembró terror y muerte en esa región del país.

“El Marro” llevaba un lustro explotando jugosos negocios en Guanajuato con la complicidad de autoridades estatales, alcaldes, síndicos, regidores y empresarios que compraban el combustible robado y le brindaban protección. Esa amplia red de contubernios políticos y económicos sigue intacta, por lo que su captura en realidad no significó el exterminio del Cártel Santa Rosa de Lima ni el fin de la violencia en Guanajuato, como lo ha pregonado el Presidente López Obrador.

El Marro se significó a lo largo de cinco años de actividad criminal por el robo de gasolinas en los ductos de Pemex y, en particular, en la refinería de Salamanca, una de las más boyantes en la producción de combustibles…

Además de la ordeña de gasolinas, “El Marro” operaba las extorsiones, secuestros, distribución de droga a granel, entre otros; su cártel lo conformaban particularmente miembros de su familia, de donde ahora podría emerger el relevo de Yépez Ortiz, quien está detenido en Guanajuato pero se asegura que será internado en el penal del Altiplano, en el Estado de México, la cárcel de máxima seguridad.

La caída de “El Marro”, quien se había convertido en una pesadilla para el Gobierno federal y para la sociedad, no pone fin a la violencia en Guanajuato. El negocio del huachicol lo sigue operando el Cártel Santa Rosa de Lima y, por si fuera poco, comparte el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, el segundo grupo criminal más poderoso de América Latina.

A través de sendos videos –que fueron validados por la Secretaría de la Defensa Nacional– el CJNG lanzó la amenaza directa en contra de “El Marro”, a quien le declararon la guerra y le aseguraron que eliminarían a su gente con la misma saña que él lo hace con personas inocentes.

De acuerdo con informes oficiales, “El Marro” manejaba unas veinte pipas diarias de gasolina robada que, al ser vendida a sus clientes, le redituaban una ganancia de unos dos millones de pesos diarios. Además, su cártel opera las extorsiones, el secuestro y la venta de droga a granel.

De la mano de policías estatales y bajo el cobijo de políticos y empresarios guanajuatenses, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro” –jefe del Cártel Santa Rosa de Lima, convertido en una pesadilla en la región de El Bajío durante casi un lustro– se abrió paso en el mundo del hampa hasta consolidar una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos.

Su carrera criminal ha sido vertiginosa, pero fulgurante su ascenso en el mundo del hampa, pues apenas en el año 2014 figuró como lugarteniente de David Rogel Figueroa, “El Güero”, un agente estatal en Chiapas. Después se entronizó en la jefatura del Cártel Santa Rosa de Lima, uno de los más violentos del país.

De acuerdo con los expedientes de este caso y los informes policiacos, a este personaje se le atribuye la fundación del denominado cártel Guanajuatense. La organización lleva el nombre del pueblo donde “El Marro” nació, localizada en el municipio de Villagrán.

Pero el salto que dio “El Marro” en el mundo criminal fue enorme, pues tres años después, en 2017, se entronizó como jefe del cártel, el cual está exclusivamente dedicado al robo de combustibles, aunque informes de inteligencia indican que también comercializa drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas, otro de sus negocios más rentables.

Ya como jefe del cártel, Yépez Ortiz creó un emporio criminal, apoyado principalmente por sus hermanos, creó una red para extraer gasolinas de los ductos de Pemex.

Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la organización liderada por “El Marro” operaba entre 40 y 50 pipas de combustible. Esto le representaba una ganancia de 1.5 millones de pesos diarios. El decomiso de varias flotillas de camiones y barrilles –efectuados en los últimos diez meses–, así como unos 200 automóviles, entre otras pertenencias, dan cuenta del poderío de la organización encabezada por “El Marro”, quien en su etapa de esplendor llegó a lanzar amenazas de muerte en contra de las autoridades, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

CNJG Y SANTA ROSA DE LIMA, SIN TREGUA

El 31 de enero de 2019, poco después de que tomara posesión como Presidente, López Obrador diseñó una cruzada para desmantelar las redes dedicadas al robo de combustibles. Para ello, se prepararon varios operativos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente.

Una de las regiones más críticas debido al robo de gasolinas era, entonces, Guanajuato; lo sigue siendo, entre otras razones, por el poderío que desplegó Yépez Ortiz, quien de inmediato reaccionó con una abierta amenaza a través de una manta colocada muy cerca de una refinería de Pemex:

“Andrés Manuel López Obrador, te exijo que saques a la Marina, Sedena y Fuerzas Federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es juego y que en Guanajuato no los necesitamos”.

Este mensaje amenazador apareció precisamente dos días después de que la Marina y el Ejército habían asegurado un predio en la comunidad de San Salvador Torrecillas, en el municipio de Villagrán, donde confiscaron unos 40 vehículos que eran parte de la infraestructura que utilizaba el Cártel Santa Rosa de Lima para el robo de gasolinas.

De origen humilde, José Antonio Yépez Ortiz nació en la comunidad que lleva el mismo nombre que la organización que encabeza. Existen pocos datos respecto de cómo incursionó en el crimen organizado, pero se afirma que fue enganchado por grupos locales que, desde hace tiempo, se dedican a la extracción de combustibles en los ductos de Pemex.

Hacia el año 2010, por ejemplo, los grupos dedicados a ese negocio operaban con el apoyo de las policías municipales y estatales; las zonas de extracción se asignaban como los territorios que utiliza el narcotráfico. Había en todo el país una amplia red que, por décadas, sangró a Pemex.

Según sus antecedentes penales, Yépez Ortiz fue encarcelado en el año 2008 por robo y delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades lo dejaron ir mediante el pago de una cuantiosa fianza.

En el caso de “El Marro”, su organización criminal está conformada, en su mayoría, por sus propios familiares –su madre, hermanos, primos y cuñados, de acuerdo con las autoridades–: algunos de ellos se encargan, por ejemplo, de conseguir información y pagar la protección de las autoridades, mientras otros operan las finanzas.

Por ejemplo, una de las hermanas de Yépez Ortiz, identificada por las autoridades como operadora de la plaza de Celaya, Guanajuato, se llama Lizbeth Yépez Ortiz.

Con la red conformada por sus familiares y otra adicional compuesta por socios, “El Marro” ha construido un imperio en Guanajuato. Según el mapa criminal, ya controlaba municipios completos, entre otros, Celaya y Villagrán, donde empezó a operar; otros informes indican que después comenzó a dominar en Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Irapuato, El Valle de Santiago y Salamanca; en ésta última demarcación está ubicada la refinería de Pemex, una de las más productivas que, por cierto, en marzo de este año amenazó con hacerla estallar si el Gobierno no paraba la persecución en su contra.

Para las autoridades ha resultado una verdadera pesadilla la persecución y la captura de “El Marro”. Las autoridades detectaron que, en su etapa de esplendor, “El Marro” llegó a tener siete domicilios, los cuales utilizó como refugios. Todos han sido confiscados. A este grupo criminal se le atribuye todo tipo de fechorías en Guanajuato: con frecuencia, “El Marro” ordenaba bloqueos de carreteras, ejecuciones, incendio de automóviles en la carretera federal, a lo que se suman balaceras tanto de día como de noche, secuestros, levantones, además de persecuciones. La policía de Guanajuato y hasta autoridades estaban ligadas a la organización porque nadie lo ha podido detener.

La violencia se ha extendido a lo largo y ancho de Guanajuato. En 2017, por ejemplo, se registraron tres mil 290 crímenes, en 2018 más de cuatro mil y a la fecha se están presentando unos entre 10 y 15 ejecuciones diarias.

Este elevado nivel de violencia en “El Bajío” obedece, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, a que “El Marro” le declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación –que incursionó en Guanajuato– con el objetivo de desplazar al Cártel Santa Rosa de Lima y, en particular, al “Marro”.

Esta lucha por el control del territorio ha ocasionado balaceras y muertes. “El Marro” le ha mandado a decir a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a través de videos y “narcomantas” que lo va a sacar del estado si no se sale de su territorio.

Pero eso no es todo: esta guerra atrajo la atención del Cártel de Sinaloa, rival del Cártel de Jalisco. Informes policiacos establecen que Ismael “El Mayo” Zambada le habría otorgado su apoyo a “El Marro” para enfrentarse al Cártel Jalisco, el grupo criminal que más ha crecido en los últimos años y que ya domina en una veintena de entidades federativas. Esta expansión, sin duda, significa una amenaza para Sinaloa, de ahí que pretendan eliminar a “El Mencho” o al menos restarle poder. Pero tras su captura, la madrugada del domingo último, no aparecieron indicios de vínculo alguno con Zambada García.

Esta guerra data del año 2017 y tiende a complicarse debido a que “El Marro” sigue sumando aliados para enfrentar a Nemesio Oseguera, pues ahora a esta lucha se han aliado “Los Viagras”, quienes operan en Michoacán pero se asegura que ya están afincados en Guanajuato.

El viernes 20 de junio pasado, el Cártel Santa Rosa de Lima sufrió un duro golpe. Ese día, la Sedena y la Marina realizaron un operativo, las Fuerzas Armadas acudieron al poblado de San Isidro Elguera, Guanajuato, para cumplimentar una orden de cateo.

Se trata de uno de los refugios que tiene “El Marro” y su familia. Al ingresar a los domicilios se encontraron con varios operadores del Cártel Sana Rosa de Lima y procedieron a detener a 26 personas. En ese grupo se encontraban María Ortiz –Madre de Yépez Ortiz–, Juana Yépez, hermano del capo, y Rosalba, una de sus primas.

De acuerdo con la Sedena, los detenidos son presuntos operadores financieros del Cártel Santa Rosa de Lima. En las casas cateadas fue decomisado un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo.

En respuesta, “El Marro”, todavía era líder del grupo criminal, ordenó el bloqueo de vías de comunicación en Celaya, una de sus reacciones más conocidas, pero las Fuerzas Armadas lograron controlar el desorden.

A través de sendos videos, difundidos a partir de la tarde del sábado 20, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, apareció llorando y quejándose por la captura de su madre, de su hermana y otros familiares.

En el mensaje, el líder del Cártel Santa Rosa de Lima expresa:

“Como quiera, entre cabrones no pasa nada, pero son mamadas esas las de andarse metiendo con mujeres. Los hijos de su puta madre las tienen amenazadas con audios y golpes, pero no hay pedo”.

Aunque López Obrador ha dicho que ya no hay guerra contra los cárteles, la persecución de “El Marro” indica todo lo contrario: le han asegurado cuentas, decomisado propiedades y ahora le detienen a 26 miembros de su organización, entre otros, su madre.

Además de la violencia de alto impacto que azota a Guanajuato –en ese estado el crimen sigue causando inestabilidad social –otras entidades también sufren de ataques perpetrados por el crimen organizado. Es el caso de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Baja California.

Hacia el sur, las entidades más violentas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, son Morelos –aquí recientemente hubo una masacre en la colonia Barona, donde fueron asesinadas varias personas que asistieron a un velorio–, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo.

Estos estados están controlados por el Cártel del Golfo, Los Zetas (ahora llamado Cártel del Noreste) y el Cártel Jalisco. Esta última organización, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, controla todo el país. Su radio de acción abarca el estado de Quintana Roo y sus tentáculos llegan hasta Baja California, donde sellaron una alianza con el Cártel Tijuana Nueva Generación, el cual fue fundado por la familia Arellano Félix a finales de los años setenta.

Además del negocio del huachicol, el CJNG opera la venta de protección, el cobro de piso, venta de droga –incluida las sintéticas – y el tráfico de fentanilo.

Según la Sedena, después del poderoso Cártel de Sinaloa, que tiene presencia en unos cien países, el Cártel Jalisco es la segunda organización criminal en América Latina. Exporta droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Como cártel es uno de los más violentos y su posicionamiento en el país ha ocurrido en la última década. El control territorial lo ha logrado a sangre y fuego y con la complicidad de las autoridades.

A pesar de que Yépez Ortiz fue detenido por las autoridades federales en 2020, la guerra y las matanzas, que se le atribuyeron a él, continúan en Guanajuato como si nada hubiera pasado.

Guanajuato arde sin la presencia de “El Marro”.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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