Sin apoyo del Gobierno Federal, miles de migrantes connacionales llegan a la fronteriza ciudad, huyendo de las balaceras, secuestros, amenazas y asesinatos en Michoacán. Por ahora, unos mil 500 esperan respuesta a su petición de asilo en Estados Unidos, y aproximadamente 2 mil ya se encuentran en el vecino país. En Apatzingán, un exsacerdote católico, expulsado por haber sido autodefensa, los guía en la petición de asilo y en cómo llegar seguros a Tijuana y Ciudad Juárez.
Por Alejandro Arturo Villa
Tijuana, 13 de julio (ZETA).- Balaceras, homicidios, extorsiones, secuestros y amenazas de muerte, son los principales motivos que llevan al desplazamiento a más de 3 mil familias de su lugar de origen en Michoacán, hacia Tijuana y Ciudad Juárez, para solicitar asilo humanitario en Estados Unidos.
Han tenido que recorrer en autobús -o en el maletero de un automóvil- alrededor de 2 mil 800 kilómetros hasta la frontera entre Baja California y la Unión Americana, al convertirse Michoacán en campo de batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, con la cómplice inacción de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con pobladores y registros periodísticos consultados, el éxodo michoacano comenzó en enero de 2020. El epicentro del conflicto fue en el poblado de El Aguaje, de ahí el conflicto fue haciendo metástasis por los municipios de Aguililla, Chila, Tepalcatepec y Coalcomán.
A las familias que vivían en estos poblados les arrebataron todo lo que tenían. Tuvieron que dejar sus hogares, sus pertenencias, con solo una muda de ropa en el mejor de los casos. Subieron a un automóvil, escondidos hasta llegar a Apatzingán, donde un ex sacerdote católico les recibiría para auxiliarlos en su huida de la violencia.
Gregorio López Gerónimo “Goyo”, ex líder autodefensa en Michoacán en 2013 y suspendido de la Iglesia Católica por su activismo contra los grupos del narcotráfico en su entidad federativa, orienta sobre cómo proceder para realizar la solicitud de asilo humanitario en EU. Les brinda una carta en la que exponen el contexto de criminalidad que azota las comunidades de los solicitantes y les da techo por unos días; luego, cuando tienen todo el papeleo listo, toman un camión de pasajeros con rumbo a Tijuana, Baja California o Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya tienen un albergue al cual llegar.
El religioso también se encarga de conseguirles un lugar para resguardarse durante el tiempo que pueda tardar el proceso de solicitud de refugio. En el caso de la ciudad frontera con San Diego, los desplazados llegan a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona de Otay.
Las familias arriban a la central camionera y de ahí son llevadas al albergue-iglesia. Dicho lugar está en un punto olvidado y en la periferia de Tijuana. A esa zona no ha llegado el pavimento, son caminos de terracería, baches, tierra, basura y casas humildes; algunas en obra negra, otras de cartón y lámina.
Desde la meseta del cerro donde se ubica la parroquia, se ve la línea divisoria entre México y Estados Unidos. También, el muro metálico que a medio construir dejó el ex Presidente Donald Trump, atravesando los cerros por la mitad y un gran hueco que no terminó de tapar con sus barras monumentales de acero cobrizo.
Hasta ahí arribaron 500 familias provenientes de Michoacán en dos semanas. De acuerdo con el Padre Gregorio, al día salen de Michoacán en promedio 50 personas. Actualmente hay mil 500 en proceso de asilo y alrededor de 2 mil ya se encuentran en Norteamérica. Conforme van llegando, son canalizados a otros albergues de la ciudad para no crear hacinamiento.
Una mujer de 50 años de edad, que por seguridad será identificada en este reportaje como Maricela Hernández, llegó hace un mes a Tijuana con su hija y su esposo. Ellos vivían en Aguililla, trabajaban de ganaderos en un rancho hasta que fueron amenazados por el CJNG.
“Estábamos trabajando en un rancho, mi esposo ya no pudo trabajar ahí, porque la gente mala pensó que estábamos llevando información para allá y para acá. Nos dijeron que nos teníamos que salir y, si no, nos atuviéramos a las consecuencias. En ese mismo instante nos tuvimos que ir, nos salimos sin ropa, solo alcancé a tomar los papeles. Nos escondimos en un carro, nos trajeron hasta Apatzingán, de ahí nos vinimos en autobús a Tijuana. Hicimos tres noches de viaje”, compartió con ZETA.
— ¿Todavía tiene miedo?
“Sí, la verdad sí tengo mucho miedo, porque ellos pensaron que nosotros llevábamos información para allá y para acá, pero no. Nosotros somos personas que trabajamos, humildes, no le hacemos mal a nadie. Ni queremos hacerle mal a nadie”.
— ¿Cuánto tiempo llevan acá?
“Ya tengo un mes con una semana”.
— ¿Cómo es vivir en Tijuana, lejos de su pueblo?
“Es muy difícil y duro, porque estás sin tu familia, llegas sin dinero, como nosotros llegamos sin ropa ni nada, con cuatro días sin cambiarnos. Es muy duro estar aquí, la verdad”.
— ¿Pero es mejor que estar allá?
“La verdad que sí, porque importa más la vida. Sentí mucha tristeza y dolor, siempre estuve en mi pueblo y nunca pensaba salir de ahí. Le pedí a Dios que nos ayudara, tengo hijos y no quiero que les pase nada, y gracias a Dios pudimos salir con vida. Pero uno ya no puede regresar, porque lo pueden matar a uno. El diablo apareció en Aguililla. Los malos se llevan a las muchachas, a los hombrecitos los raptan para trabajar para ellos. Es muy triste, siento que ya no se podrá arreglar esto, ya no tiene remedio y nosotros lo que queremos es trabajar, salir adelante, que se acabe ya esta pesadilla”.
Al conversar con este Semanario, la mujer rompió en llanto para después tomar la mano de su hija. Con su mano marcada por el trabajo, limpió sus lágrimas, suspirando profundamente para proseguir con la voz un poco entrecortada:
“Tengo la esperanza de volver a ver a mi familia que se quedó allá, ellos también tienen miedo de salir y no volver a regresar a su pueblo, donde eran felices. Mi hija sufre mucho porque sabe cómo es la realidad, ella sabe que no podemos regresar, aunque también quiere volver. Imagínese, de tener todo, una casa, acá no tenemos nada. Todos éramos felices en nuestro pueblo, teníamos nuestros hogares. Ahora ver a toda la gente que es de allá, que está sufriendo lo mismo que uno sufre, es muy triste”.
LA PUGNA ENTRE CÁRTELES UNIDOS Y CJNG
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), los principales operadores de Cárteles Unidos y CJNG en Michoacán, son Juan José Farías Álvarez alias “El Abuelo” y Ricardo Luis Velasco “El Doble R” o “Tripa”.
Cárteles Unidos (CU) es una alianza entre células delincuenciales que surgieron del Cártel del Abuelo (también conocidos como Cártel de Tepalcatepec), Los Viagras, La Nueva Familia Michoacana, Los Blancos de Troya y Los Caballeros Templarios, surgida para frenar el paso de Jalisco Nueva Generación por aquella región.
Los CU están liderados por Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, jefe del Cártel del Abuelo, quien convocó a los grupos de “autodefensas” en cuatro municipios de Michoacán para que se unieran contra la maquinaria del CJNG.
Farías Álvarez comenzó liderando un grupo de autodefensa que combatía a Los Caballeros Templarios de la región de Tierra Caliente. También ha sido identificado por autoridades federales como terrateniente del Cártel del Milenio.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violenta guerra desatada en Michoacán entre la alianza criminal y el CJNG ha dejado al menos 621 víctimas solo en el primer trimestre de 2021.
GOBERNACIÓN ASEGURA ATENCIÓN A DESPLAZADOS, PERO LA AYUDA NO LLEGA
De visita en Tijuana, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, aseguró que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de atender a los desplazados y recuperar la seguridad en sus comunidades de origen, y que así lo está haciendo.
Desde su perspectiva, hay paz en Michoacán, y citó como ejemplo la jornada electoral del 6 de junio, donde se pudieron instalar todas las casillas sin mayor inconveniente. Aseveración que resulta falsa al contrastar con los reportes del Instituto Nacional Electoral, en los cuales se informa de cien casillas que no se instalaron debido a la inseguridad.
“Les han llegado las vacunas, hubo hasta proceso electoral. Llegaron las urnas a todos los municipios del Estado de Michoacán a pesar de los problemas, pero también se están coordinando operativos de seguridad en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz”, expuso el funcionario.
En entrevista para ZETA, Encinas indicó que “no solamente es la violencia, también son conflictos religiosos, agrarios, entre comunidades, problemas de pobreza y marginación, de cambio climático y fenómenos naturales”, lo que está causando el éxodo en esa región.
Agregó que están a la espera de que los legisladores en la Cámara de Diputados aprueben la Ley de Desplazamiento Forzado Interno como parte de las soluciones que está planteando el Gobierno de México para atender a los desplazados por la violencia.
“Todos ellos tienen el derecho de que el gobierno los asista, frente a una situación de desplazamiento forzado tanto para su reubicación, como para crear condiciones para su retorno. Si no hay posibilidad de retorno a su lugar de origen, por las condiciones de violencia, en ese caso se debe favorecer las condiciones de reubicación de todas las familias”, declaró.
Sin embargo, el delegado único federal en Baja California, Jesus Alejandro Ruiz Uribe, solo destinó espacio para 120 desplazados de Aguililla y sus poblados colindantes en el Centro Integrador para el Migrante “Carmen Serdán”, argumentando que no era necesario más espacio, pues se han estado acomodando en otros albergues, han ido cruzando o migrado a otras ciudades.
Muchos de los albergues auspiciados por asociaciones civiles y religiosas en Tijuana, han estado recibiendo hasta 500 personas, sin que el Estado mexicano les destine algún recurso o apoyo en especie para atender a esta población que llega sin recursos, con la esperanza de estar seguros lejos de la violencia.
“TUVE QUE DEJAR LA ESCUELA POR LAS BALACERAS, QUIERO SER ABOGADA”
Marlen Hinojosa, de 18 años, es de Aguililla, Michoacán. Salió de su casa junto a sus padres, huyendo de las amenazas que había en contra de su familia. Tuvo que dejar la escuela, el nivel medio superior, porque recortaron las clases a causa de “la guerra”, hace dos años.
“Ya no pude seguir estudiando porque era muy peligroso por las guerras que se estaban dando ahí donde vivo. Cuando empezó todo, ya se habían recortado las clases, ya no había por la guerra. Todo comenzó hace como dos años, nos dábamos cuenta por las balaceras que estaban todo el día”.
Mientras miraba una muñeca de trapo con la que jugaba con otra niña en el albergue, relató que se sentía muy preocupada por la gente del pueblo, por sus compañeros de escuela que siguen allá y no tiene manera de saber cómo se encuentran. No hay señal telefónica ni luz eléctrica en su pueblo, “somos los que estamos muy afectados por la guerra”.
Agregó que al menos media decena de sus compañeros de clases fueron secuestrados por los criminales y nunca volvieron a saber de ellos.
Ante el adverso contexto, lleno de violencia y marginación, Marlen mantiene la esperanza de regresar a la escuela, quiere convertirse en abogada para defender a las personas y proteger sus derechos.
“Me gustan mucho los derechos, quiero estudiar para eso, para abogada. Porque muchas personas necesitan de esa ayuda, muchas personas necesitan abogados y me gustaría hacerlo”, dijo.
Y DESPUÉS DE CRUZAR, ¿QUÉ SIGUE?
Berenice Sánchez tiene un mes de haber cruzado a Estados Unidos con ayuda de abogados y asociaciones civiles para llevar su proceso de asilo humanitario en ese país por cuestiones de seguridad.
Ella y su familia también son de Aguililla, tuvieron que huir luego de que un comando armado asesinara, a sangre fría, a los hombres adultos de la familia por negarse a trabajar para Cárteles Unidos.
Junto a su madre, hermanas y cuñada, salieron huyendo con los niños en brazos, uno de ellos recibió un impacto de bala cuando acribillaron a su padre. La familia, ahora un matriarcado, llegó a Tijuana y fue recibida en el albergue Embajadores de Jesús, donde estuvo dos meses y le resolvieron poder llevar su proceso en “el otro lado”.
Aún no tiene permiso para trabajar, tendrá que esperar al menos un año para que el juez de migración le otorgue la residencia por causas humanitarias. Por ahora Berenice vive con un familiar que radica en EU. En casa son quince personas, sin que ella y su familia puedan ir a otro lugar, hasta que les resuelvan su estatus migratorio.
“Me siento aliviada de estar en un lugar seguro, aunque me gustaría poder trabajar y vivir en un lugar aparte con mi familia, pero debo esperar, creo que como un año. Tengo que estar yendo con el juez y al pendiente, para que ahora sí al menos podamos estar tranquilas de todo”, finalizó.
