La policía brasileña abre investigación contra Bolsonaro por compra de vacunas

13/07/2021 - 7:27 am

Algunas de esas supuestas irregularidades fueron reveladas por el diputado Luis Miranda y su hermano Ricardo Miranda, quienes afirmaron que el Presidente ignoró alertas sobre supuestas sospechas de corrupción en el proceso de adquisición.

Brasilia, 12 jul (EFE).- La Policía Federal abrió este lunes una investigación contra el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para apurar las posibles irregularidades en negociaciones de vacunas contra la COVID-19.

El proceso fue oficialmente abierto hoy por la policía tras la autorización de la magistrada Rosa Weber, miembro de la Corte Suprema, tras un pedido realizado por la Fiscalía.

La investigación, que inicialmente deberá ser concluida en un plazo de 90 días, tiene como objetivo establecer si el mandatario cometió prevaricación y otros delitos en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech.

Las sospechas fueron alentadas por una comisión del Senado que intenta determinar si el Gobierno es responsable del agravamiento de una pandemia que ya mató a más de 533 mil brasileños en el país, el segundo con más óbitos del mundo, por detrás de Estados Unidos.

Aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Foto: Michael Reynolds, EFE.

Algunas de esas supuestas irregularidades fueron reveladas por el Diputado Luis Miranda, de la base política que respalda a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, quienes afirmaron que el Presidente ignoró alertas sobre supuestas sospechas de corrupción en el proceso de adquisición del inmunizante desarrollado por el laboratorio Bharat Biotech.

Una vez concluida la investigación por parte de la Policía Federal, la Fiscalía deberá determinar si hay indicios sólidos contra el líder de la ultraderecha brasileña y, en ese caso, presentar una denuncia a la Corte Suprema.

En caso de acogerla, la máxima corte sólo podrá iniciar un juicio con el aval de una mayoría de dos tercios del pleno de los 513 diputados.

En ese supuesto, el presidente sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que el Supremo tendría de plazo para concluir el juicio y destituido si fuera declarado culpable.

No obstante, si la Cámara de Diputados no autorizara el proceso, Bolsonaro continuaría en el poder.

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