La Comisión informó que la Ley General de Comunicación Social, aprobada el pasado 25 de abril, no garantiza que el gasto en este rubro cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional.
La CNDH también impugnó la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud. El organismo dijo que debido a los términos en los que fue publicada, la legislación abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, entre otros.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ley General de Comunicación Social, la llamada #LeyChayote, debido a que, dijo, “presenta diversas deficiencias” y representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y para el derecho al acceso a la información plural.
“La CNDH consideró que la Ley General de Comunicación Social (LGCS), presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación”, indica el organismo en un comunicado.
También detalla que la legislación “no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial”. Por ello, agrega el documento, no se garantiza que el gasto en este rubro cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional.
“Esa Ley delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial”, alerta la Comisión.
El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha gastado 40 mil millones de pesos en un puñado de medios. Organizaciones nacionales y extranjeras indican que su administración alcanzará los 60 mil millones erogados en comunicación social, una cifra histórica en México.
Los organismos de la sociedad civil consideran que el gasto es básicamente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de medios digitales.
Organismos internacionales, desde Naciones Unidad (ONU) hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían exigido al PRI y a sus socios en el Senado de la República que tuvieran responsabilidad y no pasaran esa Ley, que básicamente deja en manos del Gobierno federal, otra vez, miles de millones de pesos de pesos que gasta a su arbitrio cada año. Alertaron que su aprobación atenta contra la libertad de expresión. La legislación fue aprobada en el Senado el pasado 25 de abril.
La CNDH dijo que su impugnación tiene como objetivo que “la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión”.
IMPUGNA REFORMA A LEY DE SALUD
La CNDH también impugnó la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
El organismo defensor de los derechos humanos concluyó que la adhesión del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud permitiría violaciones a derechos como el de la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, a las libertades sexuales y reproductivas, así como el derecho a decidir de manera libre sobre el número de hijos que se deseen.
La CNDH aclaró que no se opone a regular la objeción de conciencia, pero, dijo, las modificaciones deben hacerse respetando los derechos humanos fundamentales.
