La CNDH dijo que la PGR deberá incrementar la plantilla de personal pericial capacitado en materia de derechos humanos con perspectiva de género, con el objetivo de que dicha institución cuente con los recursos necesarios, suficientes y debidamente organizados para cumplir con sus actividades, dando oportunidad a las trabajadoras embarazadas de recibir la atención y cuidados especiales que requieran.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) obligaron a una perita en antropología forense, con un diagnostico de embarazo de alto riesgo, a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto en gestación.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los servidores públicos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR restaron importancia al caso, minimizaron los riesgos y violentaron los derechos humanos de la trabajadora, por lo que la Comisión emitió una recomendación dirigida al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade.
Luego de constatar que, con la actitud de los servidores públicos se violaron los derechos humanos de la mujer a la protección de la maternidad, la CNDH señaló que también no se respetaron los derechos de igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
El 4 de febrero de 2015, la perita en antropología forense interpuso queja ante la Comisión por haber sido enviada en forma reiterada a diversas comisiones de trabajo en distintos estados de México, sin considerar su embarazo de alto riesgo.
Tras concluir su investigación, la CNDH recomendó a la PGR reparar el daño a la mujer que incluya compensación, atención médica, psicológica y tanatología, así como emitir un protocolo de actuación, con directrices que deberá seguir el personal directivo de la PGR, para el tratamiento de las trabajadoras en estado de gravidez, así como capacitar y formar a todo el personal de esa instancia en materia de derechos humanos con perspectiva de género.
Además, le pidió a la institución colaborar con en la presentación y seguimiento de la queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR contra las autoridades señaladas, para que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad; continuar con la integración y perfeccionamiento con perspectiva de género de la averiguación previa correspondiente, por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, contra los involucrados.
La PGR deberá incrementar la plantilla de personal pericial capacitado en materia de derechos humanos con perspectiva de género, con el objetivo de que dicha institución cuente con los recursos necesarios, suficientes y debidamente organizados para cumplir con sus actividades, dando oportunidad a las trabajadoras embarazadas de recibir la atención y cuidados especiales que requieran.
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AMENAZAS DE DESPIDO
Tras conocer su embarazo con 3.6 semanas de gestación, el 13 de abril de 2014 la agraviada acudió a la Unidad de Urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde le diagnosticaron “amenaza de aborto” y le expidieron licencia médica por cinco días. Al entregar la incapacidad a su superior, el Subdirector del Departamento de Medicina Forense, le señaló que “el estar embarazada no era incapacitante, por lo que no podrían darle las consideraciones que esperaba”.
Aunque en diferentes ocasiones los médicos del ISSSTE la incapacitaron, por instrucciones superiores y bajo amenaza de despido, la trabajadora fue obligada a realizar las actividades propias de su encargo, para lo cual tuvo que trasladarse por vía terrestre, por caminos accidentados en vehículo automotor y caminando por cerros y montañas, cargando su maleta y su caja de herramientas.
El 26 de junio, durante su estancia laboral en Chihuahua, tuvo sangrado vaginal, por lo que acudió a un hospital del ISSSTE del estado, donde le diagnosticaron amenaza de aborto; le dijeron que el cérvix estaba irritado por la retención de líquidos durante lapsos prolongados y le extendieron licencia médica con reposo, lo que no pudo llevar a cabo.
Una semana después, la perita tuvo dolores y expulsión de líquido, por lo que se trasladó al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde supo que se le había roto la fuente y al día siguiente se le practicarían un aborto, con 18.1 semanas de gestación.
El 23 de julio, ya reintegrada a su trabajo, la agraviada se negó a realizar una exhumación, puesto se sentía aun débil, por lo que su superior instruyó un procedimiento administrativo en su contra por desobediencia. A partir de entonces recibió malos tratos, indiferencia, carga excesiva de trabajo y hostilidad de sus tres jefes inmediatos, por lo que se vio forzada a no renovar su contrato con la institución y dejó de laborar el 31 de diciembre de 2014.
