Antes de esta aprobación, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM reduzca la actividad criminal.
Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el «Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil».
El polémico dictamen obtuvo 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
Antes de esta aprobación, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM reduzca la actividad criminal. Al contrario, añadió, entre 2008 y 2011, durante la operación del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8 por ciento, respectivamente.
De acuerdo con la R3D, las redes criminales utilizan múltiples técnicas y mecanismos para evadir el uso de teléfonos asociados con su identidad, por lo que “es ingenuo creer que el Padrón ayudará a combatir a la delincuencia».
“El Padrón sería fácilmente eludible mediante tácticas como la clonación y duplicación de tarjetas SIM, el uso de tarjetas SIM de otros países, los servicios de voz sobre IP, el robo de teléfonos móviles, entre otros”, expuso la Red.
Además, en caso de que una línea telefónica sea robada o suplantada, y usada para un crimen, sus titulares registrados deberán acreditar que no fueron los responsables, “lo que atenta contra tu presunción de inocencia”, agregó.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales pidió desechar el dictamen que hoy aprobó el Senado.
De acuerdo con la R3D, el padrón viola derechos humanos y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil.
«Como la propia experiencia del país demuestra, la creación de bases de datos personales centralizadas constituyen un serio riesgo para la privacidad y seguridad de la ciudadanía. La filtración o acceso no autorizado a dicha información puede ser utilizada precisamente para cometer delitos en contra de la ciudadanía, por parte de la delincuencia que opera fuera y dentro de las instituciones del Estado y de las propias empresas concesionarias», detalló.
La base de datos del fallido RENAUT, agregó, que se pretende emular en la minuta, fue rápidamente vulnerada y puesta a la venta por 500 pesos, con lo cual se potenció el riesgo para la ciudadanía de ser víctima de delitos que dicho registro pretendía evitar.
«De igual manera, organismos internacionales de derechos humanos —como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU— han advertido que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona compromete gravemente el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y hasta a la vida de las personas; especialmente si se toma en cuenta la abundante evidencia de abuso de herramientas de vigilancia por parte de autoridades en México y la innegable y frecuente colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada», planteó la Red.
Es por ello que resulta particularmente preocupante que la minuta no establezca mecanismo de control alguno para el acceso a la base de datos por parte de autoridades que, como se ha mencionado anteriormente, han abusado ampliamente de las facultades de acceso a datos personales de personas usuarias de telecomunicaciones, alertó la ficha técnica que la R3D entregó al Senado.
