Las deportaciones de migrantes indocumentados de EU a México podría provocar una crisis humanitaria que obligaría al Gobierno a activar mecanismos para atender la problemática, alertan organizaciones. Las solicitudes de asilo se han multiplicado. En 2015 fueron 3 mil 400; en 2016 subieron a 9 mil y para 2017 las organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras estiman que serán 20 mil. Si bien la SRE ha respondido que el país no aceptará a deportados que no sean mexicanos, los expertos ya tienen un nombre para las consecuencias de las deportaciones masivas: la crisis de retorno.
Por Gabriela Jiménez
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/EconomíaHoy).– El flujo de inmigrantes indocumentados deportados de Estados Unidos, provenientes de México y Centroamérica siembra precedentes para una crisis humanitaria que recuerda a lo que millones de desplazados viven en otras partes del mundo, y que obliga a México a voltear a ver hacia el sur y mirarse en el espejo de la emergencia.
«En el mundo, no sólo en Estados Unidos, hay una tendencia al cierre de fronteras que se recrudece con la llegada de Trump», dice Irazú Gómez, coordinadora de vinculación de la asociación de ayuda a refugiados Sin Fronteras. Ante un escenario mundial cada vez más complejo, «México debe establecer una postura migratoria que no puede estar en la misma lógica que Estados Unidos, tiene que haber congruencia entre lo que pedimos allá y lo que hacemos aquí».
Los 5.5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos son potencialmente deportables, al igual los migrantes de cualquier nacionalidad que no ostenten papeles, y el gobierno estadounidense ya ha amenazado con deportar a México a cualquier persona indocumentada, sea de la nacionalidad que sea.
Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores ha respondido que México no aceptará a deportados que no sean mexicanos, los expertos ya tienen un nombre para las consecuencias de las deportaciones masivas: la crisis de retorno.
Arturo Rodríguez, abogado especialista en migración con sede en El Paso, Texas, asegura que en las décadas que lleva ejerciendo en Estados Unidos, «por primera vez estoy viendo redadas. Los oficiales del ICE (agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) están yendo a las escuelas, a las casas, a las iglesias…están como perros. Las detenciones las realizan oficiales con poca capacitación y con criterios racistas. Si eres güerito puede que tengas suerte, pero con los morenos, latinos o musulmanes, jalan parejo».
Aunque tradicionalmente México se ha pensado a sí mismo como un país expulsor de migrantes, o como un país de tránsito para la gente que quiere llegar a Estados Unidos, «la realidad es que desde hace tiempo se ha convertido en un país receptor», dice Irazú Gómez.
Para la especialista, el gobierno mexicano no está abordando esta situación con un enfoque integral. «Se está concentrando en los deportados mexicanos, sin tomar en cuenta a los asilados, los refugiados y los migrantes irregulares». Todos ellos llegan al país en una situación de gran vulnerabilidad por no contar con recursos ni con documentos.
De acuerdo con Sin Fronteras, las solicitudes de asilo a México se han multiplicado. En 2015 fueron 3,400; en 2015 subieron a 9 mil y para 2017 las organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras estiman que serán 20 mil. De los solicitantes, el 90 por ciento provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador.
EL PERFIL DE MIGRANTES
Por tratarse de personas sin documentos, no hay un registro certero de datos para la población migrante indocumentada, pero la Organización Internacional para las Migraciones estima que el promedio anual de inmigrantes irregulares en México provenientes de Centroamérica podría llegar a los 400 mil.
De ellos, «sólo llegan a Estados Unidos los más aptos, los que tienen una condición física y mental superior?, dice Martín Íñiguez, académico y especialista en migración de la Universidad Iberoamericana. ¿Son los que pudieron escapar de la Mara Salvatrucha, a las redes de trata, al narco y a los policías federales?.
Y es que en promedio, un migrante intenta cruzar la frontera con Estados Unidos entre 5 y 8 veces antes de tener éxito. «A los que ya tienen experiencia migratoria no los agarran», dice Íñiguez. En cambio, las personas novatas viven «auténticas pesadillas» en las que se exponen a violaciones, secuestros y todo tipo de vejaciones. El académico recuerda que en Tenosique, Tabasco, se erige el «árbol de la vergüenza» llamado así porque de sus ramas cuelgan las prendas íntimas de las mujeres que han sido violadas a su paso por ese municipio fronterizo.
Precisamente por la cada vez mayor peligrosidad que implica cruzar la frontera mexicana, los inmigrantes centroamericanos ahora prefieren cruzar por vía marítima. Toman una precaria barca, que recuerda a las ?pateras? del Mediterráneo, desde Guatemala hasta Salina Cruz, Oaxaca. Se trata de un viaje de 300 kilómetros por el que los polleros pueden cobrar hasta mil 200 dólares.
Llegan a un país que ya carga con su propia crisis social y de violencia, a experimentar discriminación, xenofobia y maltrato. «Lo que pedimos para nuestros connacionales en el norte no lo damos. Pedimos respeto y no los respetamos, pedimos que no los regresen, pero nosotros los regresamos», dice Gómez.
LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
A través del programa Frontera Sur, al que Íñiguez califica como un «mecanismo de persecución», el Gobierno mexicano deportó a 150 mil indocumentados centroamericanos solo en 2015, un 44 por ciento más respecto al año anterior. De ellos, 20 mil 45 eran menores sin acompañante, según el Pew Research Center.
Ante esta problemática han surgido propuestas desde las propias élites políticas y económicas de México que pugnan por reconocer que el gobierno puede y debe abordar el tema migratorio desde un enfoque integrador y no defensivo ni agresor.
Luis De la Calle, quien fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington cuando se negoció el TLCAN y actual miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, dijo en una conferencia en enero que México debe crear un fondo para el desarrollo de América Central que estimule la creación de infraestructura en la región y un programa «ambicioso» de visas de trabajo para que 100,000 centroamericanos puedan laborar legalmente en el país. Esto para que México tenga «autoridad moral» al negociar sobre migración con Estados Unidos.
En ese sentido, parece haber algo de luz en la postura del Gobierno mexicano. El pasado 2 de marzo, el Canciller Luis Videgaray se reunió con cancilleres de Centroamérica en Costa Rica, y declaró que «no basta con establecer controles migratorios para administrar los flujos de ciudadanos de esos países que intentan llegar a Estados Unidos atravesando México. Es necesario que Estados Unidos y México inviertan, nos involucremos, reconozcamos que solo a través del desarrollo y la estabilidad de los pueblos centroamericanos podremos lograr avances para enfrentar este problema».
Desde abajo reina el escepticismo. «Si México de verdad quisiera mejorar la relación con Centroamérica habría más espacios de colaboración y no existiría el programa Frontera Segura», dice Íñiguez.
Para Irazú Gómez, el tiempo de preguntarnos si estamos o no preparados ya quedó atrás. «Ya no se trata de un tema de coyuntura, los migrantes y los retornados ya están aquí».
