Las cifras que Enrique Peña Nieto heredó cuando fue Gobernador del Estado de México demostraban, desde 2011, que el entonces aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de México era una opción insuficiente para gobernar un país tan grande y con tantos retos. Desde el aumento a las violaciones contra los derechos humanos –donde destaca el uso de la represión y la mano dura en Atenco–, el alza en la violencia y los feminicidios, además de un bajo crecimiento y el repunte de la pobreza en la entidad mexiquense, las cifras de EPN como Gobernador prevenían “a todas luces (…) resultados mediocres”, y que hoy se repiten en su administración federal, critican especialistas.
Por Sandra Rodríguez y Efrén Flores
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– La construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México sobre el lecho seco del antiguo lago de Texcoco es un proyecto históricamente acariciado por la clase política del Estado de México.
Desde 2001, la revista Proceso documentó cómo pese a que el Gobierno del panista Vicente Fox Quesada fingió entonces encabezar una competencia entre la región de Texcoco, impulsada por el entonces Gobernador priista mexiquense, Arturo Montiel Rojas, y la de Tizayuca, en Hidalgo, la decisión a favor del primero había sido tomada desde enero de 2000, en los últimos días del sexenio del priista Ernesto Zedillo Ponce de León y cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estaba encabezada por Carlos Ruiz Sacristán.
Nada hizo a esta decisión el cambio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el del Partido Acción Nacional (PAN) en la Presidencia de la República y, en la Subsecretaría de Transporte, que condujo el proyecto, siguió el mismo funcionario que estaba desde el sexenio anterior, Aarón Dychter Poltoralek, actualmente compañero de Consejo de Ruiz Sacristán en Infraestructura Energética Nova (IEnova).
Los decretos expropiatorios para la construcción del nuevo aeropuerto se publicaron el 22 de octubre de 2001, en el primer año del foxismo, pero un año después, ante la formación y resistencia de los ejidatarios agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), fueron revocados.
No fue sino hasta que llegó mayo de 2006, recuerda José Antonio Lara Duque, de Solidaridad con las Familias, el primer año de Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, cuando el FPDT recibió su más fuerte ataque y más de mil policías irrumpieron en un bloqueo colocado en la carretera México-Texcoco.
“El eje característico de Peña Nieto en el Estado de México se puede resumir en términos de represión e impunidad”, dice el derechohumanista. “Peña Nieto marcó su sexenio desde 2006, apenas a meses de haber asumido como Gobernador, con la represión de San Salvador Atenco. Esa fue tal vez una de las represiones más crueles del México contemporáneo, que desde la perspectiva de Derechos Humanos, creemos que este acto ganó para Peña Nieto la Presidencia de la República, porque los grandes intereses privados, las grandes trasnacionales y los intereses de los mega-proyectos, y las grandes inversiones, encontraron y verificaron que Peña era una persona o representante de un grupo de poder con suficiente mano dura para hacer un tipo de represión como ésta, sin temor a consecuencias, y capaz de reprimir las resistencias que vendrían”, agrega Lara Duque.
En entrevista con SinEmbargo, el activista recuerda cómo durante la administración de Montiel, que eligió como sucesor a Peña Nieto, las placas vehiculares tenían la imagen de un pequeño avión sobrevolando el Valle de México.
“En 2001, cuando el pueblo de Atenco y los ejidatarios de la región logran echar atrás el decreto presidencial que expropiaba, el gran derrotado fue el grupo Atlacomulco, al que pertenece Alfredo del Mazo [tío de Peña Nieto y padre del hoy pre candidato Alfredo del Mazo Maza]”, dice Lara Duque.
“Fox, quien a fin de cuentas no es del Grupo Atlacomulco, no estuvo dispuesto a asumir los costos. Pero cuando retoma fuerza el Grupo Atlacomulco y retoman la Presidencia, eso evidentemente reactiva las aspiraciones del Grupo Atlacomulco para imponer el aeropuerto, y volvemos al mismo escenario (…) El tema no es la viabilidad de un proyecto o no; el tema, desde nuestro punto de vista, es imponer su voluntad, más allá de las viabilidad del aeropuerto”, agrega.
VIOLENCIA IMPARABLE
La “mano dura” para la imposición de un megaproyecto no es el único antecedente visible en el Gobierno de Peña Nieto desde que era Gobernador. También lo era su incapacidad para contener los indicadores delictivos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no es sino hasta que en los estados del norte inicia la violencia atribuida a una disputa por el territorio del narcotráfico que el Estado de México deja de ser el primero en la lista de homicidios dolosos, como fue entre 2005 y 2007, cuando sumó 6 mil 206 asesinatos.
Desde los años noventa, el Estado de México ya se colocaba como la entidad con más homicidios dolosos a nivel nacional. Sin embargo, en el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, este indicador tuvo un repunte de casi un 20 por ciento, pasando de 2 mil 313 asesinatos en 2005 a 2 mil 766 el siguiente año.
También en ese inicio de sexenio, indican las cifras, uno de cada cinco asesinatos dolosos registrados en el país se cometían en el estado gobernado por el hoy Presidente de la República.
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Los mismos datos del SESNSP agregan que, en los seis años que Enrique Peña Nieto estuvo al frente del Gobierno del Estado de México, del 16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre de 2011, el robo a negocios con y sin violencia aumentó más de cuatro veces, mientras que los delitos de secuestro y robo sin violencia prácticamente se duplicaron. De manera general, los crímenes de robo fueron a la alza –salvo el de robo de vehículos con y sin violencia, que decreció en casi un 27 por ciento–. En el caso de las violaciones y delitos sexuales, el incremento fue de un 87.3 por ciento, casi el doble.
La Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional difundida en 2009 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indica que, en 2005, el índice de delitos totales en el Estado de México era menor al 25 por ciento. La tendencia delictiva, sin embargo, fue a la alza y, en cuatro años, se elevó hasta casi un 40 por ciento, lo que sugiere que en cuatro de cada diez hogares existía al menos una víctima de por lo menos un delito.
En su versión de 2011, el CIDE menciona que, “en particular, la incidencia de delitos violentos en el Distrito Federal y en el Estado de México continúa mostrando un patrón de aumento iniciado en 2008”.
La misma encuesta del CIDE –publicada el siguiente año– arroja que el índice en la confianza de la justicia por parte de la ciudadanía fue en declive de 2009 a 2010, pasando de 5 a 4.3 puntos en una escala de cero a 10, lo que significa que, en general, las personas “tienen una opinión negativa sobre cómo la policía protege a los ciudadanos contra los delincuentes”.
Es, sin embargo, en materia de defunciones de mujeres por asesinato en la que el Estado de México ha hecho su marca criminal: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2005 a 2009 el Estado de México se mantuvo como la entidad con más «defunciones de mujeres por homicidio» y, entre 2010 y 2011, pasó al segundo lugar sólo superado por Chihuahua –donde había un despliegue militar–, que en esos años registró 584 y 408 asesinatos, respectivamente.
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CRECIMIENTO ‘MEDIOCRE’
Otros indicadores que anticiparon un desempeño como el que Peña Nieto registra en la Presidencia son los económicos. De acuerdo con un análisis de la organización México Cómo Vamos, entre 2005 y 2010, el Estado de México creció a un promedio anual de sólo tres por ciento; su meta de generar 161 mil 400 empleos quedó en sólo un 20 por ciento; el 57.8 por ciento de la población ocupada estaba en el sector informal y la pobreza laboral aumentó en ese periodo de un 28.7 a un 32.5 por ciento.
De acuerdo con el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para 2010 el Estado de México se ubicaba en el lugar 17 de las entidades con mayor pobreza extrema en el país. Ese año, de la población total (15.2 millones de personas), el 43 por ciento (6.5 millones) se encontraba en situación de pobreza. De ellos, el 8.6 por ciento (1.3 millones) de los mexiquenses se hallaban en pobreza extrema.
Otros cinco millones de individuos (el 30 por ciento de la población) se encontraba en ese entonces además en situación de vulnerabilidad por sufrir alguna carencia social; es decir, que a pesar de haber tenido un ingreso superior al necesario para cubrir sus necesidades básicas, tenían alguna parcialmente cubierta.
Sólo el 18.6 por ciento de los mexiquenses (2.8 millones) no sufría en el periodo de Peña Nieto de pobreza o de vulnerabilidad económica.
En comparación con el 2008, en la entidad se registró un aumento tanto en la población en pobreza (34 mil 909 pobres más) como en pobreza extrema (16.4 por ciento o 214 mil 217 personas).
“Lo preocupante es cómo pocas cosas cambian, porque muestran una fotografía que a todas luces es de resultados mediocres: no hay nada terrible, porque hay estados más pobres, como Chiapas, pero tampoco hay algo para echar campanas al vuelo”, dice Valeria Moy, directora general de la organización México Cómo Vamos. “Por ejemplo, el crecimiento económico, en el sexenio que correspondió a 2005-2011 [del hoy Presidente, Enrique Peña Nieto] en promedio fue de 3 por ciento anual y, luego, en esta administración, este dato es de 2.3 por ciento en promedio; es decir, es menor: a la administración actual le ha ido peor en términos de crecimiento”, agrega.
Para la investigadora, una de los aspectos más graves del diagnóstico es que la pobreza de la mayor parte de la población no corresponde con el segundo lugar que ocupa el Estado de México en la creación de riqueza de México, con un nueve por ciento de contribución al Producto Interno Bruto.
“El Estado de México es fundamental para que crezca al país; produce el nueve por ciento de la producción nacional, y esto da una idea del peso que tiene. Pero su productividad, que nosotros medimos por hora trabajada, es de 84 pesos, y en 2005 era 79”, plantea Moy.
“Es decir, 11 años después la productividad ha cambiado muy poco, entonces no podemos esperar mayores crecimientos si la productividad tampoco crece”, agrega.
