Montevideo, 13 mar (EFE).- Uruguay plantará mariguana en predios militares como parte de su iniciativa de regular la producción, distribución y venta de la droga y para asegurar que se cumplan con las medidas de seguridad, explicó hoy el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro.
Las Fuerzas Armadas uruguayas cederán terrenos para la plantación y se «encargarán de la seguridad», explicó el ministro en declaraciones a Radio Sarandí. Al no estar legalizada en otros países, «no podemos permitir» que la mariguana producida legalmente en Uruguay «ingrese en otros países, principalmente en los limítrofes», afirmó el ministro.
La decisión de que se cultive mariguana en campos militares fue adelantada por el Presidente uruguayo, José Mujica, en una entrevista concedida el miércoles al diario chileno La Tercera durante su estancia en Santiago para participar en los actos de toma de posesión de la presidenta Michelle Bachelet.
Fernández Huidobro, al igual que Mujica, fue un líder histórico del movimiento guerrillero Tupamaros y durante la dictadura uruguaya (1973-1985) ambos estuvieron presos y en duras condiciones en el interior de cuarteles.
Actualmente, el Gobierno uruguayo avanza en la implementación de la ley que regula la producción, distribución y venta de mariguana en el país.
La nueva ley, impulsada por el presidente Mujica, ha generado polémica a nivel internacional y nacional, al establecer taxativamente el «control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la mariguana y sus derivados».
Mujica ha señalado en varias oportunidades que lo que busca es una «alternativa» para luchar contra el narcotráfico a la vista de que por la vía de la represión «la batalla está perdida en todo el mundo y desde hace tiempo».
La ley fue aprobada el pasado 10 de diciembre por el Parlamento uruguayo y promulgada dos semanas después por Mujica.
La Junta Nacional de Drogas tiene cuatro meses de plazo a partir del visto bueno legislativo para su regulación antes de la entrada en vigor. EFE
