Las autoridades civiles en México no terminan de entender que la detención debe ser la culminación de una investigación y no el inicio de la misma.

Bajo la premisa inscrita en las leyendas de la Revolución Mexicana, de “ajustícienlo y después averiguan”, la Procuraduría General de la República, las procuradurías de los estados, la policía federal de investigación y sus similares en las entidades federativas, se concentran en aprehender más que en consolidar –en términos estrictamente constitucionales– una investigación para probar la comisión de uno o varios delitos.

Realizar su labor de prevención, investigación y procuración de justicia sustentándose en la flagrancia y no en la averiguación, ha tenido como resultado que estas entidades del poder ejecutivo hayan perdido una y cientos de batallas ante el poder judicial.

Un narcotraficante –en Tijuana– que fue detenido por elementos del Ejército Mexicano, consignado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y liberado en un juzgado federal cuando sus abogados demostraron con videos, que no había sido detenido en flagrancia, sino mientras se encontraba en un Mcdonalds departiendo con su familia.

En el caso de la francesa Florence Cassez, detenida, acusada, procesada, juzgada y sentenciada por el delito de secuestro, dos autoridades de dos poderes coincidieron en su culpabilidad. El poder ejecutivo que a través de su fuerza civil la detuvo, la consignó y la puso a disposición de un Juez, y el poder judicial que confirmó la orden de aprehensión, la juzgó y la sentenció en primera instancia, y resolvió en el mismo término en segunda instancia, pero que hoy día están a punto de ver sus esfuerzos invalidados.

Hace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, propuso ordenar la liberación de la francesa por vicios cometidos por la Agencia Federal de Investigación al momento de su detención. Que Agentes Federales de Investigación, entonces bajo las órdenes de Genaro García Luna, habían aprehendido a la mujer en condiciones distintas a las presentadas a través de una nota informativa en una televisora mexicana.

Que los hombres de García Luna montaron un espectáculo televisivo para demostrar en diciembre de 2005 que Cassez fue capturada en flagrancia, cuando en realidad su aprehensión se dio en otras condiciones, esto, considera el ministro, fue una “escenificación ajena a la realidad”, la cual presentó a la detenida no bajo la presunción de inocencia hasta no probar lo contrario, sino como culpable a los ojos de quienes observaron aquella mañana el noticiero de Televisa. Información pública que además –argumenta el de la Suprema Corte– vició el proceso formal al que se sometió a la francesa.

En una resolución de 145 páginas, el ministro Arturo Zaldívar resuelve que a la joven se le debe poner en libertad debido al contexto real de inconstitucionalidad de su detención.

¿Y las víctimas? Fue la primera pregunta de muchos luego de conocerse el proyecto del ministro Zaldívar. Es la pregunta de quienes asumen que en efecto, la francesa es –como lo dictó un juez y lo confirmó otro– culpable. La otra pregunta es ¿dónde queda la justicia? ¿Por qué las corporaciones civiles siguen actuando únicamente con la flagrancia como sustento y no investigan?

El caso de las víctimas de Cassez –o las presuntas víctimas en concordancia con el proyecto del ministro Zaldívar- es el mismo de las armas de Jorge Hank Rhon. ¿Qué hacer con ellas, con las personas, con los artefactos, cuando un juzgador resuelve que el indiciado debe recuperar su libertad, no por demostrar inocencia, sino por las circunstancias de modo, tiempo y lugar al momento de su detención?

El 4 de junio de 2011, a Jorge Hank Rhon lo despertó la consigna de un elemento del Ejército Mexicano para responder por lo que se había localizado en su casa y en las inmediaciones de la misma: 9 mil 250 cartuchos y 88 armas, entre cortas, largas, con permiso y sin él mismo. 78, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención por acopio de armas –en flagrancia– la ejecutó la delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California. La averiguación la inició la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. La liberación del dueño del Grupo Caliente, una Juez Federal.

Los abogados del ex candidato al gobierno de Baja California, y esposo de una candidata del PRI a una diputación plurinominal, se concentraron en demostrar ante la Juez Noveno de Distrito, que la detención había sido anticonstitucional. En modo diferente al parte entregado por elementos del Ejército Mexicano.

La Juez dio la razón a los abogados, y lo liberó por falta de elementos para procesarlo por los delitos de acopio de armas y posesión de cartuchos para armas de fuego en cantidades mayores a las permitidas. ¿Qué hacemos con las 88 armas?, se preguntó entonces la titular de la SIEDO, la doctora Patricia Bugarían. Nada; no había nada qué hacer después que las armas no fueron suficientes para probar el delito de acopio.

Tampoco podían ser las armas devueltas al dueño del predio donde fueron localizadas, menos entregarlas a la PGR. La custodia quedó en los almacenes de los juzgados federales, y su destino será quedar eliminadas. Cortadas en pedazos por algún elementos del mismo Ejército que las confiscó.

En ambos casos, en el de Florence Cassez y en el de Jorge Hank, el problema fue la detención, las inconsistencias de tiempo, forma, modo y lugar, por parte de la autoridad que los aprehendieron. Las consecuencias en los dos casos son el resultado de detener en flagrancia y no producto de una investigación.

Para la autoridad federal, la que hoy encabeza en la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la que dirige desde la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, y la que por decreto persigue a la delincuencia organizada desde las Fuerzas Armadas, el impacto de la detención y la percepción que se tenga de esta, es más importante que la indagación para comprobar la culpabilidad de una o varias personas.

La inmediatez de las glorias por una captura, contra el largo proceso de una investigación con todas las de la Ley.

Si Florence Cassez es liberada como lo recomienda en su proyecto del ministro Arturo Zaldívar, una vez más quedará probada la ineficacia, la ineficiencia y la incapacidad del gobierno federal, para acabar con la inseguridad a partir de la procuración de justicia.

¿Qué hacer con las victimas del grupo de secuestradores donde se incluyó a Florence Cassez? Lo mismo que con las armas de Jorge Hank. Nada.

Así es la administración de la justicia en este País.

Adela Navarro Bello

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