El hallazgo de los restos de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y el secuestro y posterior asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar en Orizaba confirmaron que Veracruz se convirtió en un estado inseguro, no sólo para los comunicadores, la violencia llega a todos los habitantes. Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa veracruzana, documentados con denuncias ante el Ministerio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forzada en los cuales los señalados son policías.
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– Esta semana Veracruz se convirtió en el centro de la noticia por dos acontecimientos que causaron la indignación de la comunidad internacional. A la par que una periodista fue secuestrada de su domicilio en Orizaba, la Secretaría de Gobernación informaba del hallazgo de los restos de dos de los jóvenes desparecidos en Tierra Blanca en enero pasado.
La madrugada del 8 de febrero, Anabel Flores Salazar, quien cubría la información policíaca para el diario El Sol de Orizaba y colaboraba con otros periódicos, fue secuestrada en su hogar en el municipio de Orizaba por hombres armados que alegaron tener una orden judicial para su arresto.
La indignación por parte del gremio creció en el transcurso del día al ver la respuesta de las autoridades estatales quienes en un primer comunicado vincularon a la víctima con la delincuencia organizada sin haber realizado las investigaciones.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigieron al Gobierno mexicano localizar a Anabel y brindar protección a sus dos hijos.
No había terminado el día y otra infortunada noticia salió a la luz: El hallazgo de los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca el pasado 11 de enero.
Los padres se trasladaron de Veracruz a la Ciudad de México para instalarse afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en busca de respuestas sobre el caso de sus hijos quienes cumplían un mes de desaparecidos.
Por la noche, luego de una reunión que los padres sostuvieron con el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo; el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, se informó la terrible noticia.
En un comunicado, la dependencia precisó que al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho “El Limón”, con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos.
Los familiares de las víctimas abandonaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad sin hacer comentarios.
Al siguiente día otra mala noticia mantuvo a Veracruz en el ojo del huracán.
Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana que había sido reportada como desaparecida, fue asesinada y su cuerpo lanzado a la cuneta de una carretera, confirmó la Fiscalía General del Estado de Veracruz y aseguró que el cuerpo fue “plenamente identificado por los familiares”.
Horas antes, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Sospechaba que era Flores Salazar y así fue.
No bastaron las peticiones de los organismos internacionales, el gremio periodístico y la sociedad, Anabel se convirtió en la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, de acuerdo con la organización Artículo 19.
El 10 de febrero, un día después de la muerte de Anabel, 43 reporteros veracruzanos manifestaron en una carta abierta su repudio por el asesinato.
El gremio periodístico exigió a los gobiernos federal y de los estados de Veracruz y Puebla, así como al Congreso de la Unión y al de las dos entidades, dejar “de ser omisos” y parar “esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres”.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, emitió una alerta temprana para proteger la libertad de expresión en dicho estado. De nada sirvió, Anabel está muerta.
