“Nosotros no podemos, no es porque no sea voluntad, la Constitución y la ley no son cosas de voluntad”, afirmó la Consejera electoral Claudia Zavala sobre la propuesta del Gobierno de México de aplicar un plan de austeridad, que contempla el uso de fideicomisos y la reducción de los salarios de sus funcionarios, y con el dinero que se obtenga se destine a la organización de la Revocación de Mandato.
Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Claudia Zavala, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que constitucionalmente no pueden aplicar el plan de austeridad que la Secretaría de Hacienda propuso a ese organismo para que los recursos, que se pudieran obtener de esos ajustes, sean destinados a la organización de la consulta de Revocación de Mandato.
En entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, la Consejera electoral sostuvo que muchas de las cosas “que se están exponiendo públicamente, no tienen ahora una posibilidad real, porque hay un camino legal que se ha dado”, que el INE debe acatar.
“No es que seamos caprichosos, es que hay una ley que nos rige, y esa se llama Constitución, cuando se quieren cambiar las cosas, que se cambien, que haya el consenso político, que hayan los acuerdos, porque eso no le corresponde a ninguna autoridad, más que al legislativo, que se cambien, y nos sometemos todas y todos a la Constitución”, agregó.
Pero, subrayó, “mientras la Constitución tenga esos parámetros, mientras la ley establezca esas condiciones, es responsabilidad de todos los funcionarios y las funcionarias respetar esa reglas”, dijo Zavala en respuesta al plan de austeridad que este jueves presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) durante la habitual conferencia matutina del Gobierno federal.
En dicho plan, se propuso utilizar los recursos que el Instituto tiene concentrados en fideicomiso y que, incluso, sus funcionarios se reduzcan los salarios. Por ello, la Consejera dijo que harán “un análisis muy puntual de lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad a la que el Tribunal señaló como competente para definir sobre la petición que le haga el INE, estaremos muy atentos en analizar las cosas que se nos plantean”.
En su propuesta, la SHyCP explicó que realizó un ejercicio de ahorros con ajustes similares a los que se ya se han aplicado en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en materia de austeridad que han permitido liberar fondos, que dio como resultado que el INE dispone de dos mil 972 millones de pesos.
Indicó que entre las medidas que han aplicado, y que sugieren al INE también realizarlas, están: aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y de enlace; suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores; así como ajustes en gasto de operación.
En este sentido, la Consejera dijo que “la ciudadanía debe tener presente, es que hay unas decisiones de la Suprema Corte de Justicia que son suspensiones que no pueden dejarse de cumplir, porque si dejamos de cumplir alguna decisión del Máximo Tribunal, entonces incurrimos en una responsabilidad”, en referencia a los amparos que los integrantes del órgano electoral interpusieron para evitar que se les reduzca el sueldo.
“Hasta que la Corte decida el fondo del asunto, de que como se va ver la cuestión de las remuneraciones a nivel nacional de los servidores públicos, y en particular de los del INE, porque fuimos quienes promovimos la controversia constitucional, debe quedar todo en el estado que estaba antes de que empezara todo este tema a plantearse públicamente”.
Asimismo, sostuvo que la Corte determinó que “una persona no podía decidir cuál es el salario, las prestaciones, y todo el ámbito laboral que van a tener los servidores públicos, en términos del 127 (artículo), que correspondía a la Cámara de Diputados hace un ejercicio para que pudiera establecer las variables y los parámetros para que sucediera ello”
“Porque estos salarios de los servidores públicos, las remuneraciones en general, tienen unas vertientes de garantías para que los poderes, las autoridades puedan hacer lo que la Constitución y las leyes les dicen, y en el caso de los órganos autónomos también para que se resguarde la autonomía, la independencia y la imparcialidad”, añadió Zavala.
Durante su exposición, Thalía Lagunas Aragón, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, detalló que “en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos; en gasto de operación, mil 384 millones de pesos; en los fideicomisos que acabamos de comentar, 869 millones de pesos; dando un esfuerzo de dos mil 972 millones de pesos”, los cuales, sugirieron, se podrían destinar a la consulta de Revocación de Mandato.
La Consejera fue cuestionada sobre la disposición que los funcionarios electorales tendrían para ajustar sus sueldos a un plan de austeridad, a lo que afirmó: “Nosotros no podemos, no es porque no sea voluntad, la constitución y la ley no son cosas de voluntad”, sostuvo Zavala, y agregó que el INE “no puede decidir sobre eso, porque la constitución no lo permite”
“El Estado de derecho no es voluntad”, reiteró la Consejera sobre los salarios, los cuales, señaló, llevan un cúmulo de prestaciones, “es conjunto complejo, y hay una decisión de la Corte que dice que ese conjunto complejo sólo tiene que conservarse hasta que la Corte decida el fondo”. “Son dos o tres determinaciones que están en la parte de la Suprema Corte, hay que esperar a que la Corte decida el fondo, porque esa es la obligación que tenemos como autoridades”, recordó.
Zavala sostuvo que sólo puede decidir sobre su salario. “El principal obligado para generarlas variables y todas la condiciones [respecto a la asignacion de salarios] es la Cámara de Diputados”, a la cual, inicialmente le solicitaron tres mil 800 millones de pesos para realizar la Revocación de Mandato.
La funcionaria electoral detalló que en un segundo ajuste que el INE realizó, se logró destinar 64.4 millones de pesos a la organización de la Revocación de Mandato, los cuales provienen de suprimir algunas de sus actividades. Por ejemplo, indicó que debido al repunte de contagios de COVID-19, suspendieron las actividades presenciales, lo que dijo se traduce en ahorro de luz, en agua, y de otros gastos.
También hicieron un ajuste al modelo de Revocación de Mandato que operaban. Por ejemplo, para el periodo de capacitación, redujeron los días, “esos días se traducen en un costo, que fue el costo mayor el que pudimos reducir, y también quitamos el costo que estaba alineado para los gastos de recibir a nuestros visitantes extranjeros, generar un modelo electrónico”.
Además, comentó que quitaron lo que estaba “presupuestado para el conteo rápido”, que se suma al apoyo de sus científicos, quienes están constituidos en un comité “para los temas de los procesos electorales locales, y ellos van a hacer ese trabajo sin cobrar”, aseguró. No obstante, dijo, aún faltan mil 700 38.94 millones de pesos, para llevar a cabo la Revocación de Mandato, y que solicitarán a la Secretaría de Hacienda.
Zavala consideró que si esa dependencia federal no cede a su petición, y les niega los recursos que les hacen falta para el ejercicio de participación ciudadana, “se va a fijar un precedente» en el que «bajemos estándares de calidad y se haga con lo que se tenga”, para llevar a cabo procesos tan importantes, como la Revocación de Mandato.
Respecto a los fideicomisos, dijo que tienen funciones específicas, ya que utilizan para ajustes para adecuar en los módulos de atención ciudadana, para insumos necesarios para proteger los datos personales de los electores. Estos recursos, destacó, tiene la función de brindar la atención necesaria a los ciudadanos, para temas laborales, así como para adecuar y dar mantenimiento a sus inmuebles, que se encuentran a lo largo del territorio nacional, y son gastos que no le suman al legislativo.
La Consejera también habló de los gastos que la secretaría de hacienda, aseguró, se destinan a telefonía celular y combustible de sus consejeros, de los que dijo se ha dado “información inexacta” a la población, ya que ese dinero se destina a atender a los funcionarios que tienen labores específicas en todo el país.
