En los últimos seis años, el uso de tarjetas y monederos electrónicos se ha convertido en una fiel herramienta de los partidos políticos para cooptar el voto y ejercer prácticas clientelistas que atentan contra la democracia, refieren analistas consultados por SinEmbargo. Esto es posible porque la Ley electoral vigente es ambigua, situación que permite a los actores políticos simular mecanismos de propaganda, que en el fondo, implican dádivas castigadas por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En ese periodo, al menos cuatro partidos políticos [PAN, PRD, PRI y PVEM] emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores. Con la reciente desaprobación del Tribunal electoral a la prohibición del INE para usar este tipo de recursos en las elecciones, es muy factible que en 2018 las tengamos de regreso junto con la impunidad que las acompaña, comentaron los especialistas.
Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Al menos desde 2011, los partidos políticos y sus candidatos han hecho uso de tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto a su favor. Un mecanismo poco perseguido y castigado debido a la ambigüedad de la Ley electoral vigente, aunque visto por autoridades y analistas como una dádiva que puede coaccionar el voto y que, por tanto, minaría la calidad de la democracia mexicana.
La última de estas controversias tuvo lugar tanto en Coahuila como en el Estado de México, en el marco de las elecciones intermedias de junio de este año. “Mi Monedero”, “Mi Monedero Rosa” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, fueron las cartas utilizadas por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís para ganar la gubernatura cohuilense. Y en el Edomex, “La Fuerte” y el “Salario Rosa” del priista Alfredo del Mazo Maza prometían, respectivamente, acceso a programas sociales a varones y mil 200 pesos mensuales a las amas de casa que votaran por él -quien por cierto, se llevó la elección-.
Allá en el norte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó con poco menos de un millón de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras determinar que la entrega de dichas tarjetas violó la normatividad, porque a pesar de ser una estrategia de propaganda política, se convirtió en una promesa de dádiva, según las declaraciones del consejero Lorenzo Córdova.
Sin embargo, estos mismos argumentos no funcionaron en el Estado de México. Allí, las autoridades electorales determinaron que, a diferencia de Coahuila, no hubo un reconocimiento explícito por parte del PRI para conformar un “padrón de potenciales beneficiarios”, sino más bien, una invitación para recibir más información acerca de las propuestas del candidato priista. Por ende, se consideró como material de propaganda política.
Una frase de Córdova resume, de modo alguno, la diferencia en los casos.
“No es lo mismo decir ‘me comprometo a hacer una carretera [como habría pasado en el Edomex], que decir: ‘si votas por mí te voy a dar un beneficio concreto y personalizado’ [como en Coahuila]”.
Esta controversia, al final, devino en una medida impuesta por el INE para prohibir el uso de tarjetas y de monederos electrónicos, que tendría vigencia para los comicios de 2018.
No obstante, luego de la apelación de varios partidos políticos [MC, PAN, PRD, PRI y PVEM], el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la disposición del INE era improcedente por dos razones: el Instituto no tiene potestad para cambiar las leyes -sólo puede cumplirlas y aplicarlas- y las tarjetas, al ser un mecanismo de propaganda política, son fiscalizables -y salvo sea que haya un eventual rebase al tope de gastos de campaña, son legítimas y legales-.
De acuerdo con los analistas consultados por SinEmbargo, lo que sucede en la mayor parte de estos casos es producto de una falla en la reglamentación electoral vigente, que es “tan restrictiva que cualquier mecanismo que se instrumenta está realmente violando o puede violar la Ley”, situación que desemboca en una «ambigüedad en la interpretación”, como señala Gustavo López Montiel, especialista en partidos políticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Y es producto de una práctica muy extendida, que es, “intercambiar votos por favores o beneficios directos a los votantes, sobre todo de escasos recursos», refiere Nicolás Loza, experto en asuntos públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). El dilema radica en distinguir si se trata de una práctica democrática (promesas) o clientelista (dádivas), comentó.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 7, fracción VII, establece que quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”, incurrirá en un ilícito.
Sin embargo, la mayor parte de las denuncias por presuntas violaciones al código electoral permanece impune. Sólo el 9.12 por ciento [1 mil 633] de las averiguaciones previas iniciadas entre 2005 y 2017, por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), terminó con una sentencia absolutoria o condenatoria, refieren datos de sus informes anuales consultados por SinEmbargo. El resto, quedan pendientes o son desechadas.
“Los partidos políticos han decidido comenzar a utilizar mecanismos que son claramente violatorios, pero que la utilización de ellos, en términos de costos, es mucho menor a pesar de las multas que les imponen, que los beneficios electorales que obtienen al utilizarlos”, explicó López Montiel. Además, apuntó que «la probabilidad de que el tribunal declare esos mecanismos como ilegales es muy baja”.
La situación actual, incluida la determinación del TEPJF, «va a darle más comodidad a prácticamente todos los partidos -porque no hay un partido que no lo haya hecho- para prácticas clientelas y de intercambio”, mencionó Loza. Este tipo de problema “expresa una carencia real de la democracia mexicana” y estará presente en 2018, confirmó.
Por esta razón, ambos analistas concuerdan en que no se debería permitir ningún mecanismo que insinuara o incidiera en la decisión final de la persona al momento de la votación, partiendo del principio de que el voto libre implica la libertad de toda coacción posible.
“Existe simulación que fortalece los mecanismos clientelistas en cada elección. Es un cuento de nunca acabar porque la propia Ley prohibe y permite que sucedan estas cosas. El Tribunal electoral lo que hace es garantizar mecanismos de impunidad para los actores políticos y por lo tanto son mañas que se terminan institucionalizando”, concluyó Gustavo López Montiel.
LAS CAMPAÑAS POR “TARJETAZO”
Entre varias estrategias para influenciar el voto, está la de las tarjetas y monederos electrónicos. El chiste de esta propuesta, es evitar a toda costa reconocer el ofrecimiento de dádivas para poder alegar que se trata de un recurso propagandístico. Por eso, cuando hay una controversia legal, los partidos y candidatos hacen uso de la «letra chica”.
Por lo general no entregan dinero porque es ilícito. Y cuando llegan a hacerlo y los cachan, encuentran la forma de justificar que no hubo incidencia en el delito. Así fue durante los comicios de 2012, cuando a través de cerca de ocho mil monederos electrónicos “Monex Sí Vale”, el PRI entregó vales de despensa (Soriana) por un monto de 66.3 millones de pesos.
El INE y el TEPJF investigaron el caso. Las autoridades determinaron que no había evidencia de un delito porque no pudieron determinar el destino final del dinero -que fue triangulado por el PRI a través de empresas y de bancos-, que según el tricolor, sólo fue entregado a militantes, no ha ciudadanos, para cubrir sus gastos durante la jornada electoral.
En los demás casos, se hace entrega de monederos vacíos con la promesa de repartir beneficios si el candidato llega al puesto deseado. Es, en estricto apego a las disposiciones legales, una promesa más de campaña -porque al no haber dinero, no se puede comprar el voto-. Ejemplos de este caso sobran.
“La Cumplidora” fue una tarjeta que Alejandro Encinas Rodríguez, entonces candidato perredista a la gubernatura del Estado de México, utilizó para prometer a los mexiquenses varios beneficios, entre los que se contaban pensiones universales para adultos mayores, seguros de desempleo, apoyos para personas con capacidades diferentes, útiles escolares y becas, entre otros.
La estrategia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apostó entonces a las tarjetas para contrarrestar la entrega de despensas, materiales de construcción y de dinero “para comprar el voto” por parte del PRI, diciendo que la población ya no debía seguir esperando “dádivas o favores” del gobierno.
Encinas no fue el único que tuvo la idea de dar tarjetas. El candidato priista Eruviel Ávila Villegas, quien resultaría electo, por esas fechas lanzó “La Efectiva”, a través de la cual, prometió básicamente lo mismo que su contendiente del Sol Azteca.
De acuerdo con la información oficial, el PRI no sólo habría repartido al menos 54.6 millones de pesos a 18 mil 469 beneficiarios. También fortificó en la entidad los programas sociales: entrega de laptops, equipamiento en escuelas, subsidios de diferentes tipos, entre otros. No hubo delito.
Las leyes locales y federales plantean la posibilidad de seguir aplicando programas sociales en tiempos electorales, siempre y cuando sean prioritarios y estén autorizados por la legislatura local. Sin embargo, como apunta Gustavo López Montiel del ITESM, “para ellos [los gobiernos locales] resulta cómodo permitir que hayan programas institucionales que se sigan instrumentando en épocas electorales, porque ellos también los instrumentan con mayores o menores posibilidades de coacción del voto, dependiendo del programa”.
“Todos dicen ‘no, no hay que usar los programas sociales, pero sí hay que usar éstos’. Y una vez que se instrumentan mecanismos clientelares, sea a partir de programas sociales o no, entonces todo mundo se queja, todo mundo va al tribunal, y al final de cuentas el tribunal termina decidiendo lo que la propia Ley plantea en términos ambiguos […] o termina dando la razón a los partidos porque lo que instrumentaron está en el contexto de la Ley, porque ellos mismos hicieron la Ley”, abundó.
Durante esas mismas elecciones, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entregó la tarjeta “Premia Platino”, misma con que los acreedores podían obtener descuentos de 15 a 20 por ciento en tiendas de marca. El plástico era válido en cerca de nueve mil establecimientos en toda la República mexicana y sería activado una vez que su candidato ganara las elecciones.
Tres años después, durante las elecciones intermedias de 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados, el PVEM volvió a sacar la tarjeta “Premia Platino”. Sólo que en esa ocasión el INE y el TEPJF declararon que se trataba de un delito electoral -porque los descuentos estaban siendo aplicados- que culminó con una multa de 6.3 millones de pesos en contra del partido.
Otra tarjeta que pululó en los comicios de 2011 fue “La Efe” del candidato electo a la gubernatura de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien prometía llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá, además de varios beneficios cuando llegara al gobierno: becas, bolsa de trabajo, ayudas monetarias, entre otros. A pesar de haber sido denunciada, no hubo delito.
Asimismo, en Coahuila, corrieron “La Cumplidora” y “La Más Mejor” de los candidatos panista y priista Guillermo Anaya Llamas y Rubén Moreira Valdez. Éste último candidato resultó electo, y a diferencia de su opositor, quien prometía mil pesos mensuales en apoyos, se comprometió a dar becas, despensas, materiales de construcción y hasta uniformes escolares. No hubo entrega de dádivas demostrada.
«En estricto sentido, cuando tú tienes una tarjeta y dices ‘va a tener dinero cuando gane yo el gobierno’, al final de cuentas estás utilizando un mecanismo de coacción del voto”, refirió Gustavo López Montiel, que al igual que Nicolás Loza del FLACSO, concuerda en que la responsabilidad por estas actitudes clientelistas no sólo es de las autoridades electorales, sino también de los actores políticos quienes las ejerzan.
Por ello, urgen que se implementen más y mejores maneras para fiscalizar e identificar prácticas clientelares o que se le parezcan, lo que implica la construcción de un sistema electoral mucho más flexible en que sean utilizados los mecanismos que quieran para atraer el voto, con la única limitante de que no sean mecanismos coercitivos. De esa forma, «podríamos dejarnos de simulaciones y establecer una competencia mucho más clara”, refirieron.
