Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).– El Presidente, secretarios de Estado, senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte, consejeros electorales y otros altos funcionarios gozan de sueldos superiores a los de la monarquía española, sumado a bonos, apoyos complementarios, compensaciones, seguro de vida, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, estímulos, recompensas, aguinaldo y en algunos casos hasta el pago de horas extraordinarias, según estipulan los manuales de percepciones de cada área. Pero, además, tienen una prestación llamada «seguro de riesgo» que no tienen, incluso, algunos de los más altos ejecutivos del país.
MetLife, Plan Seguro, S.A. de C.V., Prevem Seguros, S.A. de C.V., AXXA Seguros, Zurich, Seguros Atlas, INTER GLOBALI, entre otras, son las empresas que el gobierno Federal ha contratado para obtener sus servicios en México y el extranjero. De acuerdo con fichas del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Muchas de estas empresas ofrecen paquetes que integran el seguro de daños de trabajo y el seguro de vida en un producto especializado, llamado seguro de hombre clave. Esta póliza está dirigida a grandes empresarios, pero en México integrantes de la élite política lo contratan.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SPF) “el pago extraordinario por riesgo no es discrecional. Se sujeta a las reglas que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) respectivo, desde el año 2000. Este pago se autoriza año con año, de acuerdo con los criterios que establece la Cámara de Diputados en el propio presupuesto y a los lineamientos que emite la Secretaría de la Función Pública».
En el propio presupuesto para este 2015 se estipula que la SFP se encargará de de evaluar la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago a quienes lo demanden.
Este beneficio es otorgado en función del tipo de actividad que desempeñe el funcionario, la información que maneja y los factores personales. En el caso de servidores de las fuerzas de Estado se contempla hasta 30 por ciento del sueldo base.
Los beneficiarios se contemplan en tres sectores, el primero comprende 11 dependencias: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Republica (PGR), Policía Federal (PF), La Secretaría de Gobernación (Segob), La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), El Instituto Nacional de Migración (INM), La Secretaría de la Función Pública (SPF), La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
En el segundo grupo se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Y en el tercer grupo están las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Para evaluar el riesgo que según la administración pública enfrentan algunos burócratas, la Función Pública aplica una fórmula en la que define “factor de riesgo es igual a la exposición por la frecuencia por la incidencia entre 100”. Para este cálculo se incluyen las funciones, responsabilidades de los asegurados, su nivel jerárquico, la confidencialidad de la información que maneja, los riesgos que enfrenta en la dependencia donde labora, así como la ubicación de su residencia y de su oficina.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se especifica que la remuneración anual de algunos funcionarios públicos, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, se integra por un sueldo base mensual de 489 mil 192 pesos, al que se suman prestaciones como aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, ayuda para despensa, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado, a esto se suma el pago extraordinario por riesgo, regulado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Luis María Aguilar Morales Magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es de más de 6 millones de pesos, integrada por sueldos y salarios, prestaciones y el pago por riesgo.
En 2012, los ingresos del entonces Rey Juan Carlos de España fueron por el equivalente de 441 mil 949 pesos al mes. mientras que los del entonces Príncipe Felipe eran de 220 mil 974 pesos mensuales; la entonces Reina Sofía tenía un sueldo mensual de 141 mil 528 pesos al mes. Sueldos menores a los de algunos servidores públicos mexicanos.
Los senadores y diputados tienen ingresos anuales por un millón 930 mil 516 pesos y un millón 929 mil 999 pesos, respectivamente. A ambas figuras también se les contemplan prestaciones por un total de 665 mil 463 pesos, cifra en la que están incluidas sus aportaciones a la seguridad social: 48 mil 800 pesos, el ahorro solidario de 15 mil 746 pesos, aguinaldo de 140 mil 504 pesos, ayuda para despensa de 33 mil 360 pesos, seguro de vida institucional por la cantidad de 48 mil 674 pesos, seguro de gastos médicos mayores de 93 mil 577 pesos, seguro de separación individualizado de 151 mil 740 pesos y “otras prestaciones” como aguinaldo y fondo de ahorro que equivale a 133 mil 062 pesos.
LOS BENEFICIOS DE LA BUROCRACIA Y EL DESEMPLEO
En contraste, informes del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como cifras oficiales, han detallado que del total de desempleados en el país, el 50 por ciento son jóvenes. Las nuevas generaciones que ingresas al campo laborar lo hacen sin prestaciones, debido a que trabajan en empresas establecidas pero sin un contrato o pertenecen a la informalidad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que en México dos de cada tres jóvenes no tienen prestaciones o acceso a la seguridad social.
En febrero de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que la juventud mexicana no cuenta con oportunidades laborales dignas que le ayuden a mejorar su calidad de vida y a contribuir en el desarrollo del país, debido a que no cuentan con prestaciones.
El estudio realizado por la SEP detalló que uno de cada cuatro egresados de las universidades obtiene un trabajo en el que ni siquiera tiene la garantía de firmar un contrato o carece de prestaciones como aguinaldo o seguridad social. Es decir, ni siquiera este sector que ingresa a la Iniciativa Privada establecida cuenta con estos beneficios.
El reporte «Panorama de la Educación 2014» realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y publicado en 2014 indica que en México, contar con mayores niveles educativos no es garantía de conseguir empleo, pues tan sólo el 64 por ciento de las personas que cuentan con educación media superior está empleado. El estudio explica que el mercado laboral en el país favorece a trabajadores con «bajas capacidades».
Y no sólo los jóvenes padecen esta situación, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que con el aumento al salario mínimo en 2015 de 4.2 por ciento –que se traduce en 2.81 pesos–, los 6.7 millones de mexicanos que perciben esa cantidad de salario no pueden completar los productos de la canasta básica, que a noviembre de 2014 tenía un costo de mil 743 pesos con 91 centavos.
