Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– El Estado mexicano ha fallado en su labor de garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad de los periodistas que hacen uso de ella, de acuerdo con el informe anual “Estado de censura” realizado por Artículo 19. Hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común u organizada, ha puesto en riesgo a reporteros, editores, fotógrafos, locutores, blogueros, tuiteros, defensores de derechos humanos, entre otros, indica el documento.
A pesar de los mecanismos que existen –y que atraviesan «su peor crisis de legitimidad»–, la impunidad y deficiencia pesaron más durante los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, donde los atentados contra la prensa se dispararon a 326 y, cuyos principales agresores son funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.
El informe de la organización internacional dice que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto. En el sexenio anterior, agrega, se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al año.
“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, dice.
En relación con las agresiones graves a la prensa, 54 periodistas fueron asesinados —un promedio de nueve por año— en el periodo de Felipe Calderón; en tanto que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos —cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014— en lo que va del sexenio.
“Asimismo, se documentó la desaparición de 10 periodistas durante el gobierno anterior —un promedio anual de 1.6—, y de cuatro más —dos por año— en la presente administración. El 47.8 por ciento de los periodistas que fueron agredidos en 2014 trabajan en medios impresos; 20.8 por ciento labora en plataformas digitales; y otro 16 por ciento, en radio y televisión. El 13.4 por ciento restante son periodistas independientes, así como defensores de derechos humanos que realizan labores de documentación en actos de protesta social”, se lee en el documento.
El informe establece que las agresiones a mujeres comunicadoras y documentadoras aumentaron de forma considerable. “En los seis años de gobierno de Felipe Calderón, 192 mujeres sufrieron algún tipo de agresión por su ejercicio profesional, un promedio de 32 al año; durante el actual gobierno se han perpetrado 122 ataques, 59 en 2013 y 63 en 2014”.
“La impunidad es el común denominador en ambas administraciones. Los órganos encargados de la procuración de justicia, federal y local, han permitido que estos ataques continúen. Por ninguna de las agresiones graves documentadas existen personas sentenciadas penalmente; además, donde hay avances en las investigaciones, las líneas de seguimiento están desvinculadas del ejercicio profesional de las víctimas. Por acción u omisión, las autoridades vulneran la seguridad de los periodistas al no llevar justicia y reparación del daño a las víctimas y a sus familiares”, dice el reporte.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó también su preocupación sobre las acciones de los gobiernos de América Latina para controlar los medios de comunicación.
Durante el seminario magistral titulado Mirada Global sobre la Libertad de Expresión, organizado por Artículo 19 el día de ayer, el relator de la CIDH detalló hechos como: la creación de medios por parte del Estado para atacar a la oposición; las condiciones por medio de licitaciones a empresarios de medios; o que los gobiernos premien o castiguen a los medios con publicidad.
“Es preocupante que quien haga crítica se vea amenazado o censurado”, dijo Edison Lanza durante la conferencia.
También refirió que no hay garantías para los periodistas dentro de los medios. “No hay mecanismos legales para que un periodista defienda su autonomía”, detalló el relator de la CIDH, quien agregó que quienes regulan el sistema de medios normalmente no tienen autonomía.
ESTADO DE CENSURA
En su nota introductoria para el informe anual presentado este martes, Darío Ramírez Salazar, director de Artículo 19 oficina para México y Centroamérica dice que actualmente, “periodistas, defensores de derechos humanos, blogueros, comuneros, dirigentes sociales, líderes estudiantiles, todos tienen miedo por igual. Alzar la voz para denunciar, disentir, criticar, conlleva un alto riesgo”.
“México es difícil de comprender a los ojos de un extraño. Por ello es que en sus dos primeros años de gobierno Enrique Peña Nieto pudo cambiar el discurso oficial sobre lo que pasaba en el país. Súbitamente se dejó a un lado la violencia promulgada por Felipe Calderón Hinojosa, para dar paso a una era de concertacesión y reformas estructurales. El Presidente era elogiado por lo que muchos pensaban que era imposible hacer. En el discurso, Peña Nieto era fuerte, capaz y decidido”, agrega.
Fueron las repetidas crisis de derechos humanos las que le borraron la sonrisa a la actual administración, agrega Ramírez: “las ejecuciones de Tlatlaya, las desapariciones de Ayotzinapa y el conflicto de interés por la ‘casa blanca’ hicieron estallar el discurso oficial. No había manera de que, al final de 2014, la imagen impulsada desde Los Pinos pudiera tapar la realidad del deterioro de las libertades en nuestro país. A sólo dos años de haber iniciado, el gobierno se encuentra sumergido en una profunda crisis de legitimidad y de credibilidad por la falta de justicia y las continuas violaciones a los derechos humanos. Lo ha repetido la Organización de las Naciones Unidas en sus informes sobre desapariciones forzadas y tortura: en México se practican ambas de manera generalizada”.
“Estado de censura es el nombre del presente informe, que recoge las agresiones contra la prensa o comunicadores documentadas por Artículo 19 durante 2014. El nombre del texto no es fortuito e invita a las personas a jugar con las palabras. Estado que censura, o bien el Estado como ambiente que lleva a la prensa a autocensurarse por el hostil clima que existe para ejercer el periodismo en México”.
El miedo no es el estado natural de las personas, señala en el informe. “El miedo inhibe y desalienta. El miedo conduce a la censura ante la expectativa —real o no— de que la reprimenda pueda llegar en cualquier momento. México vive un estado de miedo y hacer periodismo bajo miedo afecta severamente no sólo el derecho individual de toda persona a ejercer ese derecho, sino el derecho colectivo a la información. Los gobiernos totalitarios son los que se sostienen gracias al miedo y a un control férreo de la información. O están aquellos otros gobiernos que protegen a su prensa aliada mientras atacan con ferocidad a la que disiente de los dichos oficiales. La prensa independiente resulta demasiado incómoda para el poder político”.
“El miedo de la prensa crece día con día. Durante 2014 logramos documentar 326 agresiones, únicamente cuatro menos que el año anterior. Y cómo no tener miedo cuando se reconoce que 82 periodistas han sido asesinados durante las últimas dos décadas. De especial preocupación resulta que en los dos primeros años de Enrique Peña Nieto 10 periodistas hayan sido asesinados”, dice.
Estos son los periodistas que se presume fueron asesinados en 2014 por su labor profesional:
1. Gregorio Jiménez, 11 de febrero, Notisur, Veracruz.
2. Nolberto Herrera, 29 de julio, Canal 9, Zacatecas.
3. Octavio Rojas, 11 de agosto, El Buen Tono, Oaxaca.
4. Atilano Román, 11 de octubre, Así es mi tierra, Sinaloa.
5. Antonio Gamboa, 22 de octubre, Nueva Prensa, Sinaloa.
“A pesar del desaliento que causa el aumento de las cifras de embates a comunicadores, debemos reconocer que en México existe uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo. Sin embargo, el presente informe da cuenta de que a pesar de contar con leyes, mecanismos, fiscalías y programas, la violencia contra la prensa sigue creciendo. La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa”, expresa la introducción al informe, firmada por Darío Ramírez.
El director de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica concluye:
“Cuarenta y ocho por ciento de las agresiones contra periodistas son cometidas por algún funcionario público, en su mayoría policías. El Estado no funciona. Quien debería brindar protección se convierte en el principal perpetrador de los ataques: eso crea el clima de miedo que se respira en cualquier redacción del país. Durante el gobierno de Felipe Calderón se agredía a un periodista cada 48.1 horas; en lo que lleva Enrique Peña, la agresión se comete cada 26.7 horas. El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible y medible. El estado es de censura generalizada”
En 2014, las entidades federativas con mayor número de agresiones fueron: Distrito Federal, con 85 casos; Quintana Roo, con 42; Veracruz, 41; Guerrero, 28; y Orxaca, con 28.
En contraste, durante el sexenio de Felipe Calderón, los estados con mayor número de ataques fueron Tamaulipas y Chihuahua. En sexenio anterior, hubo 58 y 92 agresiones registradas, respectivamente, entre éstas 13 asesinatos, nueve en Chihuahua y cuatro en Tamaulipas. Durante los dos años de la administración de Peña, fueron 13 y 12 las agresiones, incluidos dos asesinatos, uno por estado. «Esta disminución se puede explicar, en gran medida, por el temor de la prensa a informar de temas que puedan poner en riesgo su integridad, lo que ha generado una censura —y auto censura— generalizada y, por lo tanto, un efecto inhibidor en la prensa de estas entidades», reporta la investigación.
En cuanto al tipo de agresiones Artículo 19 documentó que 142 fueron físicas o materiales; 53 por intimidación o presión; 45 por detención arbitraria; 44 amenazas; 14 de hostigamiento judicial; y 12 por ataque cibernético.
Respecto al cargo de comunicadores: 116 fueron periodistas, 60 fueron directamente al medio de comunicación, 42 fotoperiodistas, 32 documentalistas, 33 contra directivos, entre otros.
La organización internacional destaca que estos hechos acontecieron a pesar que el Estado cuenta con mecanismos de protección para la prensa.
LA DEUDA DE LAS INSTITUCIONES
Artículo 19 cuestiona en su informe a las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los informadores, puesto que México cuenta con una ley federal, un mecanismo de protección y una fiscalía “especial” para proteger a la prensa.
«El Estado mexicano cuenta con todas las herramientas legales para garantizar la libertad de expresión, mas no con la voluntad para lograr un cambio significativo que permita a México dejar de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo», indica el documento.
En su informe expone agresiones contra comunciadores como: San Juana Martínez, Lydia Cacho, Gregorio Jiménez de la Cruz, Pedro Canché, Karla Silva, Indalecio Beníte, John Ackerman, Sanjuana Martínez, Joaquín López Dóriga, Denise Dresser, Felina [bloguera María del Rosario Fuentes Rubio], y algunos más. E incluso detalla atentados contra los medios: Televisa, Grupo Reforma, El Mañana de Tamaulipas,Luces del Siglo, Noroeste, Animal Político, SinEmbargo, entre otros.
«No se encontró información alguna de registro y/o seguimiento que el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hiciera sobre posibles agresiones en contra de comunicadores donde se utilizara internet como herramienta o medio; ni de casos donde el objetivo u objeto fuera afectar directamente portales digitales o información respaldada digitalmente. Esto permite concluir que no han registrado casos de este tipo o no le han dado la importancia debida como para contar con información desagregada para la adecuada rendición de cuentas e incluso adecuación de la política en materia de prevención y protección ante agresiones digitales», argumenta.
Artículo 19 también expone las irregularidades y los oídos sordos, bocas cerradas y la falta de acciones por parte del Poder Legislativo, al «proponer y aprobar leyes que afectan de manera inevitable la libertad de prensa y la libre manifestación, así como de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual no otorgó datos sobre las agresiones digitales.
Ante ese panorama, la organización destaca que existe un retroceso y expone la falta de información pública en las entidades federativas respecto a atentados contra la libertad de expresión; además, detalla la falta de seguimiento y resolución de los casos, la incapacidad, opacidad, indiferencia, falta de atención educada.
«En el monitoreo realizado por Artículo 19 se encontraron diversas irregularidades en la atención, incorporación, análisis y seguimiento de casos. La falta de aplicación total y adecuada de las medidas de protección, junto con el deficiente diseño e instrumentación de las mismas —tanto por dilaciones en tiempos de respuesta como por problemas técnicos—, se ha convertido en el principal problema, que le corresponde atender urgentemente al gobierno a fin de evitar se concreten mayores agresiones».
