Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– La Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el caso Tlatlaya y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) denunciaron que a la fecha sigue habiendo reservas de información respecto al hecho donde murieron 22 personas a manos del Ejército mexicano en el Estado de México.
Los legisladores aseguraron que sólo han trabajado con la información pública, pero no han podido avanzar porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha informado siquiera quién fue el mando que dio la orden de disparar a los civiles.
«Qué puede esperar la población si nosotros como parte del Estado mexicano no tenemos derecho a la información», dijo la Diputada y presidente da la Comisión, la perredista Elena Tapia Fonllem.
Junto a Tapia Fonllem, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Fidel Pacheco, acusaron a la Procuraduría General de Justicia del Edomex y a la Sedena de mantener un discurso de transparencia, pero que queda entredicho a la hora presentar documentos.
«Es increíble que nosotros como servidores públicos y que estamos trabajando en el caso tengamos que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos [IFAI] «, expresó la Diputada Loreta Ortiz.
Por su parte, Jaime Rochín del Rincón de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dijo que todas las autoridades han sido herméticas en el caso, incluso la instancia, por su cuenta, ha encontrado más víctimas indirectas que las que se contemplan en la recomendación de la CNDH.
Detalló que incluso ellos han litigado y defendido su derecho a la información.
«Nosotros les hemos dicho que la información no la vamos a difundir, y defendemos el derecho. La Ley contempla que cuando una autoridad está encargada de dar el seguimiento a una investigación se le debe dar la información de carácter reservado», expuso.
Jaime Rochín del Rincón aclaró que hasta el momento ninguna víctima directa o indirecta ha solicitado la reparación del daño integral a pesar que la instancia ya tiene listo el mecanismo para atender la petición.
«Hay quienes ahorita dicen que no están interesados en que se les brinde la reparación de daño y hay otros que incluso ha sido complicada su localización», refirió.
La matanza de Tlatlaya ocurrió el 30 de junio de 2014 en un incidente en el que murieron en total 22 personas.
La primera versión oficial del Ejército señalaba que todas las víctimas habían muerto durante un tiroteo para rescatar a tres personas secuestradas, pero una testigo -madre de una de las víctimas- reveló en una entrevista que había habido en realidad una matanza después del enfrentamiento.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimasdocumento entregó un informe a la Comisión de Tlatlaya donde se indica que existen 25 víctimas de violaciones a derechos humanos en el caso de Tlatlaya; a 15 de ellas les fue violado su derecho a la vida; otros al derecho a la verdad y a la debida procuración de justicia; derecho a la integridad; seguridad personal y a la libertad sexual, derecho a la verdad, acceso a la justicia y derecho al acceso a la impartición de justicia y acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito. Además, se indicó que hubo tres sobrevivientes.
