Caracas, 4 Ene (Notimex).- La seguridad ciudadana consagrada en el artículo 55 de la Constitución venezolana como una obligación estatal, en la práctica es letra muerta porque el Estado falla en detener la criminalidad, aseguró el criminólogo Rafael Monagas.
“La vida y la integridad personal, no están garantizadas debido a un descontrolado auge de la criminalidad y por malas prácticas enquistadas en los cuerpos de seguridad del Estado”, precisó el abogado en dialogo con Notimex.
Monagas destacó que organismos internacionales que velan por la protección de los derechos humanos señalan que Venezuela es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de homicidios: 57.6 por cien mil habitantes, y la tasa mundial promedio es de 6.2 por ciento.
“Informes publicados por estas organizaciones advierten que Venezuela es el único país de la región cuya tasa de homicidios aumentó consistentemente desde 1995”, indicó el ex asesor en materia criminalística de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ).
Resaltó que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas determinó que entre 2011 y 2014 se denunciaron 31 mil 96 violaciones de derechos humanos y “tan solo el 3.10 por ciento resultó en acusación por parte del Ministerio Público”, en el país sudamericano.
“Además, el comité señala que en Venezuela hay un patrón de ejecuciones extrajudiciales y que la tortura se ha instalado como una práctica habitual por parte de policías y militares, excesos que han empeorado la situación”, refirió el criminalista.
Para mayor gravedad, Naciones Unidas considera que la Defensoría del Pueblo “no garantiza la prevención y sanción de este tipo de violaciones y que los 22 planes de seguridad ensayados durante los 15 años de vigencia de la carta magna local, han sido ineficientes.
“La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue poniendo y quitando jueces a su antojo. El 62 por ciento de los jueces son provisorios y no se cumplen los concursos de oposición públicos, para el ingreso y ascenso en la carrera judicial”, denunció.
Monagas advirtió que el texto fundamental actual abunda en consideraciones sobre la prevalencia del derecho internacional sobre el interno y que su contenido quedó blindado ante cualquier intento de desconocer la tutela efectiva de esos derechos y garantías.
“Lamentablemente los órganos jurisdiccionales se han encargado de sentenciar lo contrario y han dejado indefensos a los que no obtienen amparo en Venezuela”, sentenció Monagas.
