El equipo encargado de la construcción del Tren Maya, compuesto por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, planea realizar la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada a las comunidades indígenas del 17 de diciembre a finales de 2019.
Pero habitantes de las regiones por donde pasará –al no tener Internet o acceso a medios– no se enteraron ni de la consulta ciudadana aplicada en noviembre. Los que tienen una idea vaga, que viven de la agricultura o la apicultura, temen despojo y especulación de su territorio.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Habitantes de las comunidades indígenas por las que planea pasar el Tren Maya, rodeados de selva, mar y dedicados a la agricultura o apicultura, han enfatizado su derecho a ser consultados bajo los estándares internacionales, aunque se tome más del año planeado.
Dado que no todos tienen acceso a Internet ni a lo reportado por medios de comunicación, algunos de ellos, los directamente involucrados, ni siquiera se enteraron de la consulta ciudadana de los 10 proyectos prioritarios del gobierno realizada en octubre. La falta de información directa, más allá de propaganda, les impide tener una opinión clara en torno al proyecto, manifestaron en entrevistas.
De momento, dijeron, temen la especulación de terrenos, el despojo y el encarecimiento de la vida. Además, no confían en que la derrama económica los beneficie, pues lo que necesitan es apoyo para una agricultura sustentable y orgánica.
«Cuando pensamos que va a pasar un tren y que van a detonar esto que lo llaman desarrollo nos parece que puede venir a generar mucho ruido en nuestro modo de vivir, de pensar e incluso en nuestro tejido social», afirmó Pedro Uc, maya habitante de Buctzotz, Yucatán, entidad donde el 30 por ciento de su población habla una lengua indígena.
Desde el primer día de su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los pueblos indígenas son la prioridad. El equipo encargado de la obra, encabezado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ha anunciado que no se iniciará la obra hasta que se haya consultado a los pueblos originarios y se tengan los estudios de impacto ambiental. Prevé que esa etapa tome del 17 de diciembre de este año a finales de 2019. El mandatario ha manifestado en videos su postura a favor del proyecto.
Esta semana un grupo de pueblos indígenas de distintos estados como Guerrero, Chiapas y Sonora emitieron un pronunciamiento en el mismo tono:
«Observamos al Presidente reunirse con empresarios, inversionistas y con el Gobierno federal saliente, sin embargo, observamos una gran deficiencia de diálogo genuino con los pueblos y las comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que les acompañan en la defensa de sus territorios».
Hasta el momento, «han habido acciones propagandísticas de que han aparecido en Palenque para decir que por aquí empezará el Tren Maya, pero no se le ha informado a la gente», contó Onésimo Hidalgo, de Chiapas. Palenque vive de la producción ganadera en pequeña escala, de café, maíz, frijol y palma africana, la cual podría ser transportada por ese tren, imaginó.
«Se le debe de informar los pros y los contras de un proyecto de este tipo. Hemos analizado con las comunidades que una de las negativas es que las cosas se van a poner más caras y si van a pasar por comunidades indígenas, lo más seguro es que vaya a venir un proceso de despojo. De Palenque a la zona de La Libertad hay choles mayas y tzetzales. Estamos esperando que nos pregunten», afirmó.
En un comunicado del 23 de noviembre, el entonces equipo de transición informó que se respetará el derecho de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas que se encuentran establecidas en el trayecto de proyecto, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además del Convenio 169, los grupos de pueblos y comunidades indígenas agregaron: «Recordamos también al Presidente que otra de las obligaciones del Estado mexicano es realizar estudios respecto de los impactos sociales, espirituales, culturales y ambientales, cada vez que pretendan realizarse proyectos de inversión que impliquen a los pueblos originarios».
«Estamos tratando de hacer valer nuestros derechos como sujetos colectivos», dijo Romel, habitante de Calakmul, Campeche, uno de los municipios habitado por choles y tzotztiles por donde rodará el tren . «No queremos una Riviera Maya donde hay tantos problemas».
La Consulta Nacional denominada «10 Programas Prioritarios» aplicada en noviembre, en la cual se incluyó el programa Tren Maya, «en ninguna forma sustituye» la consulta indígena, sino que «la complementa», aclaró el gobierno entrante. Se invitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a coadyuvar en el proceso de consulta, y a organismos internacionales como la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Oficina de la OIT en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero, por la falta de conexión a internet, los pobladores indígenas tienen dudas.
«Lejos de pensar en este momento en si nos beneficia o nos perjudica, el primer problema es que no nos están haciendo partícipes de la toma de una decisión tan trascendente como un proyecto de esta naturaleza. A lo mejor nos va a beneficiar, pero el problema es que se impone», aseguró Pedro Uc, de Buctzotz, Yucatán.
LAS FASES
El Tren Maya, destinado a pasajeros locales, turistas y de carga, busca conectar la región del sureste del país para evitar la concentración turística en un solo punto y con ello detonar su desarrollo y el bienestar de sus habitantes.
Empresas ferroviarias de Italia se encuentran interesadas en colaborar en el proyecto, reveló el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México (CCIM), Lorenzo Vianello. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que está en espera de las licitaciones, informó que las nuevas autoridades federales destinarán mil 500 millones de pesos para los estudios de factibilidad del Tren Maya, lo que consideró positivo.
Con una inversión mixta de entre 120 a 150 mil millones de pesos, se contemplan 15 estaciones distribuidas en 1,525 kilómetros que abarca Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán con tramos por el Golfo (653 km), el Caribe (446 km) y la selva (426 km).
A mediados de este mes iniciarán las licitaciones para elaborar el «proyecto ejecutivo» de todos los tramos y para rehabilitar por completo el que va de Mérida a Valladolid.
Este 17 de diciembre se comenzarán los trabajos de la consulta previa a pueblos originarios, lo cual será dirigido por Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Considerando todas las etapas de una consulta, se calcula que tomará hacerla todo un año; hasta finales de 2019.
El 16 de diciembre además se iniciarán solo los trabajos preliminares para rehabilitar la vía existente, donde ya hay permisos parciales vigentes expedidos por la Secretaría del Medio Ambiente. Esas actividades las calculan terminar hasta 2021.
«Para minimizar el impacto ambiental y social se utilizarán principalmente derechos de vía existentes», expone el proyecto. El 95 por ciento de la ruta del Tren Maya será sobre derechos de vía existentes.
«En los tramos donde el derecho de vía está por obtenerse, se buscará asociar a los propietarios con el proyecto para que reciban ingresos por su patrimonio. En el caso de invasiones por el derecho de vía, se buscará un acuerdo benéfico con los grupos sociales que por necesidad se hayan visto obligados a asentarse irregularmente. En el caso de las estaciones, los propietarios –individuales o comunitarios– podrán aportar los terrenos para convertirse en socios del desarrollo local».
Una vez que haya suficientes avances del proyecto ejecutivo durante el siguiente año 2019, se solicitarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental.
Las licitaciones e inicio de obras están planteadas para el periodo de finales de 2019 a 2022.
Mariana Campos, investigadora de México Evalúa sobre procesos de obra pública, dijo que previo a la contratación sería recomendable generar un comité de revisión del proyecto ejecutivo y –para evitar cierre de obras– que logren a tiempo resolver los conflictos sociales porque los proyectos de infraestructura generan una redistribución tanto de costos como de beneficios en las comunidades.
«Invitaría a que con este proyecto se inaugurara un nuevo proceso de transparencia en la infraestructura pública porque al día de hoy es imposible darle un seguimiento. Es necesario saber sus avances y sus contratos», afirmó. «Si pretenden tener un avance por lo menos del 75 por ciento del proyecto ejecutivo antes de empezar la obra, sería bueno».
«UNA CONSULTA SE LLEVA MUCHO TIEMPO»
Romel González es miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, cabecera de Calakmul, Campeche, uno de los municipios por los que pasará el Tren Maya en el tramo de selva. En su mayoría hay mayas choles y tzotziles. Viven de la apicultura y la producción de pimienta, maíz y chile jalapeño. El turismo es casi nulo. Enfrentan desabasto de agua y, al ser un ayuntamiento que data solo desde 1996, tienen conflictos de tierras que pudieran agravarse con la construcción del proyecto.
«Una consulta no se lleva en un día o dos, se lleva mucho tiempo; hasta puede llevarse un año o dos años. No podemos pensar que en un día puedas definir la modificación de la vida de muchas comunidades que serán trastocadas por un proyecto que será para muchos años», aseguró Romel.
La consulta a los pueblos indígenas debe implementarse en etapas y ser libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Primero hay acuerdos previos, luego una etapa de sesiones informativas, una parte deliberativa y otra de seguimiento y evaluación.
«Para nosotros todavía no existen las condiciones de estos elementos. Todavía no tenemos la información necesaria e integral donde hayamos escuchado en las reuniones en las que hemos participado un estudio de manifestación de impacto ambiental. Tampoco hemos escuchado las medidas de mitigación ni el plan de gestión para solventarlo. Tampoco hemos escuchado ni visto para nada la evaluación de impacto social», afirmó Romel.
De acuerdo con el equipo del proyecto, para evitar cualquier tipo de afectación a las áreas naturales protegidas federales y estatales se elaborarán Manifestaciones de Impacto Ambiental, se reforestarán lugares que conlleven un cambio de uso de suelo vegetal, se impulsará un ordenamiento ecológico territorial y se construirán pasos de fauna para mantener la conectividad ecológica de la región. En las ciudades por donde pasará el Tren se cuantificarán las capacidades hidrológicas y de otros servicios ecosistémicos para evitar su sobreexplotación.
El 24 y 25 de noviembre el entonces equipo de transición de López Obrador realizó la consulta ciudadana sobre los 10 proyectos prioritarios de su gobierno, entre ellos, el Tren Maya que obtuvo la aceptación del 89.9 por ciento de los menos de un millón de personas que participaron.
«La mayoría de nuestros compañeros que integran el Consejo Indígena no fueron ni siquiera informados de que iba a haber esta encuesta de opinión. Muchos no tienen internet. Por eso mucha gente de las comunidades no bajaron y muchos ni están enterados de los impactos que va a ocasionar», contó. «Nos queda claro que debe de serse más prudentes en la forma de declarar, y más serios y profesionales en entregar información completa y veraz para que nosotros podamos opinar y decidir si este proyecto realmente va a generar un impacto positivo o negativo».
Específicamente sobre la situación de Xpujil, en Calakmul, Romel dijo que están preocupados por la falta de agua. Aunque cuentan con dos pozos y una laguna, no logran abastecer a toda la comunidad.
«Poner un tren y poner servicios para 8 mil personas diarias, como se ha mencionado que habrá carga para la zona, es una locura. De dónde se va a traer tanta agua. Imagínate todos los que harán pipí», planteó.
Otro conflicto local es la lucha territorial. El Ayuntamiento surgió en 1996 y aún no se han regulado terrenos habitadas por choles y tzetzales.
«Un proyecto de estos generará mayor incertidumbre de las tierras», previó Romel. «Está generando mucha confusión entre mucha gente que se generará especulación de las tierras y los terrenos. Eso puede provocar una desintregación entre las comunidades y la economía local».
Una de las banderas del proyecto de infraestructura es que busca una derrama económica local, crear oportunidades laborales y distribuir la riqueza a lo largo de la Península. Pero Romel lo duda.
«Ese tipo de procesos no genera muchos empleos. Los turistas, si llegan a ir, ya vienen conectados directamente a agencias de viaje y no se van a parar en las esquinas para que la gente local venda sus productos, que necesitarían una plaza y no todos van a poder pagar la renta de un local», afirmó. «No queremos una Riviera Maya donde hay tantos problemas y al final los indígenas terminan abandonando sus casas y sirviendo de limpiadores de plazas, podar y construir».
«UNA DECISIÓN DESDE ARRIBA»
Pedro Uc, habitante de Buctzotz, Yucatán, acusó que «es una decisión que se toma desde arriba» y coincidió en que lo único que saben las comunidades yucatecas es lo que han dicho los medios, pues hasta el momento no ha habido ningún acercamiento del gobierno.
En esa comunidad maya viven del campo. Trabajan la milpa y tienen su ganado. «Se hace muy importante la relación que hay entre la gente maya y su tierra», contó.
«Las señales que se han lanzado no son muy alentadoras en el sentido en que van orientadas, al menos lo que nos ha llegado, en el mismo sentido en que los gobiernos anteriores han trabajado: el de tomar decisiones desde arriba y permearlas para los que estamos abajo; y eso nos parece incorrecto», lamentó.
«Algunas comunidades apartadas donde pasaría el Tren ni siquiera pueden tener periódicos ni tienen internet. No tienen la información básica ni menos suficiente», dijo.
Uc además duda de las palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador al considerarlas fantasiosas.
«El Presidente ha dicho muchas cosas que son un poco fantásticas, no creíbles. Por ejemplo, ha dicho que ningún árbol se tiraría en el camino del Tren, cuando estamos hablando de una selva alta donde no existen vías férreas. Cuando dicen cosas de esta naturaleza no nos quedan más que sospechas», aseveró.
Un antecedente de consulta a pueblos originarios que violó los estándares internacionales ocurrió en Campeche en torno a la siembra de soya transgénica por parte de la empresa Monsanto. El conflicto iniciado en 2015 continúa.
Leydi Pech, del colectivo Los Chenes de Hopelchén en Campeche, dijo que «cualquier proyecto que se implemente –dada toda la experiencia por la que hemos atravesado– creo que es importante primero informar a la gente, a las comunidades, a los indígenas. Es un derecho esencial que tenemos. Conocer bien de qué se trata el proyecto y quedar bien los tiempos. Los tiempos son muy importantes para que los indígenas, los mayas, vayamos entendiendo y comprendiendo la magnitud de un proyecto como el Tren».
Pech cree que en enero se sentarán con las nuevas autoridades para platicarles su caso y llegar a un acuerdo.
«Hasta el momento creemos que la experiencia de la anterior consulta no funcionó. Esperemos que esta vez se hagan con el debido respeto a los derechos de los pueblos originarios», afirmó. «Las autoridades tienen la obligación y responsabilidad de informar».
