La PGR señaló que las actividades ilícitas de la Sedesol de Veracruz se produjeron entre marzo y abril de 2013, cuando los cuatro ex funcionarios asistieron a diversas reuniones del PRI, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río. Asimismo, los ex servidores públicos están acusados de incluir en programas sociales a ciudadanos afines a ese partido político.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado de Veracruz, por su probable responsabilidad en el desvío de recursos para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la administración de Javier de Ochoa.
Los implicados son el ex delegado de la Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández; el ex subdirector del área, Felipe Sosa Hernández; el enlace de Atención Ciudadana, César Augusto Perdomo; y la ex Enlace Operativo, Graciela Teresa, quienes, según la indagatoria, participaron
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), adherida a la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que el auto de formal prisión en contra de los ex funcionarios es por la violación al artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, el cual establece un castigo de cárcel a quien destine de manera ilegal servicios y recursos públicos a su cargo, con el fin de apoyar a un partido político, en este caso al PRI.
«En su calidad de funcionarios públicos participaban en la planeación de la campaña electoral de un partido político, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información» sobre los padrones de beneficiarios de programas sociales, informó la PGR.
Asimismo, están acusados de incluir en dichos programas sociales a ciudadanos afines a ese partido político.
La PGR señala que las actividades ilícitas se produjeron durante el periodo comprendido entre marzo y abril de 2013, cuando los funcionarios «asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río».
«Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral», afirmó la PGR en su comunicado.
Duarte se convirtió en octubre en prófugo de Justicia después de que un juez ordenara su detención por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Asimismo, la fiscalía investiga la creación de las diversas «empresas fantasma» ligadas con lavado de dinero y que obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte.
El actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien asumió el cargo hace doce días, declaró hoy ese estado en «emergencia financiera».
La Auditoría Superior de la Federación ha detectado en la región oriental desvíos por 35 mil millones de pesos entre 2011 y 2014, y el mismo órgano estatal ha presentado denuncias por desvíos que suman 23 mil millones de pesos.
-Con información de EFE.
