El autor desgrana los títulos nobiliarios que la familia heredó de forma irregular y los negocios de los nietos del dictador que se expandieron a partir de la muerte de la viuda de Franco, Carmen Polo. El nuevo libro de Mariano Sánchez Soler sale a la venta el próximo 14 de noviembre.
Por Mariano Sánchez Soler
Ciudad de México, 12 de noviembre (ElDiario).- Por 158.850 pesetas, casi la misma cantidad de dinero gastado en el entierro de su abuela, Francis Franco obtuvo siete meses después de la muerte de Carmen Polo el título de Señor de Meirás con Grandeza de España; una dignidad nobiliaria concedida a la viuda de Franco el 26 de noviembre de 1976, con el cadáver del Caudillo recién depositado en el Valle de los Caídos, y al mismo tiempo que su única hija recibía del rey el título de duquesa de Franco con Grandeza de España. La orden número 21.961 del 6 de septiembre de 1988, dictada por el Ministerio de Justicia y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 20 de octubre del mismo año, lo dice textualmente:
«De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto del 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M.el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en la merced nobiliaria de Señorío de Meirás, con Grandeza de España, a favor de don Francisco Franco Martínez-Bordiú, por fallecimiento de su abuela, doña Carmen Polo Martínez-Valdés. Firmado: mugica herzog».
El procedimiento para que Francis Franco, a sus 34 años, accediera al emblemático Señorío de Meirás fue tan simple como cuestionado por los expertos. Sin ninguna oposición familiar, mientras su hermana mayor, Carmen, no pugnaba por el título y su madre se conformaba con ser duquesa y marquesa, Francis se apresuró en los trámites legales y, en cuanto murió Carmen Polo, solicitó la inmediata rehabilitación del título.
El 25 de mayo de 1988 presentó una instancia en el Ministerio de Justicia, con los documentos genealógicos que le acreditaban como sucesor. El Boletín Oficial del Estado publicó su solicitud y concedió tres meses, según marca la ley en un decreto del 4 de junio de 1948, para posibles oposiciones a tal pretensión. Aunque Francis disponía de un año para documentar su árbol genealógico y aportar sus méritos, actuó con tal celeridad que, apenas noventa días después de su primera solicitud, ya le había sido concedido el Señorío de Meirás, con los informes positivos de la Diputación Permanente de la Grandeza de España, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Estado.
Todo un récord en el que Francis tuvo que desembolsar 154.000 pesetas gastadas en el impreso número 600 presentado en la Delegación de Hacienda y otras 4.850 pesetas por un impreso de carta para entregar a Justicia. Realmente, unas costas mínimas con las que entró en el club de las Grandezas de España para ser su más controvertido socio. De los 2.682 títulos nobiliarios que existen desde hace siglos, los concedidos a los Franco y a los expresidentes del Gobierno, Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez, son de los nuevos tiempos.
La herencia de tan arcaico rango provocó algunas denuncias sobre supuestas irregularidades en la concesión. Así, Juan Balansó, miembro de la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica y Sigilografía, inquirió sobre la nulidad de aquella transmisión nobiliaria.
«El rey don Juan Carlos –explicó Balansó–, cuatro días después de subir al trono, agració a Carmen Polo con el título de Señora de Meirás. Junto a la firma real del decreto, aparecía la del entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Todo el problema se centra ahí: porque aquella concesión no se daba por el habitual decreto, sino por decreto-ley. La razón estribaba en que seguía vigente en derecho nobiliario un real decreto de 27 de mayo de 1912, que suprimía el arcaico título señorial con este tenor: «Desde la publicación de este decreto no se autorizará la conversión del título de Señor en otra dignidad nobiliaria. No se concederán nuevos títulos de esa clase».
Así pues, a Carmen Polo se le concedió el título por una disposición de rango superior –el decreto-ley– al habitual, a la «egregia figura» de la antigua primera dama, sin contener ninguna cláusula sucesoria, mientras que el ducado de Franco se concedía a Carmen Franco, especificando claramente «para sí, sus hijos y descendientes». Es decir, el Señorío de Meirás tenía carácter vitalicio, mientras que el ducado de Franco era hereditario. ¿Qué pasó para que lo impensable se hiciera posible? Parece que cuando el real decreto otorgando la dignidad a la viuda de Franco pasó a despacho, se añadieron, por arte de birlibirloque, en el documento que se entrega al beneficiario, las palabras «concedido a perpetuidad». Pero lo que es seguro es que en el BOE estas palabras no aparecen”.
El 20 de septiembre de 1988, Francis y su primera esposa María Suelves, conocida en el mundo de la moda por el apellido Tamarit, ya habían encargado las tarjetas como Señores de Meirás. La propia María lo relataba emocionada a la revista ¡Hola! el 1 de septiembre de 1988: «Me da cierto reparo ser la nueva Señora de Meirás. Es un cambio, porque es un título muy marcado y yo no sé cuándo me voy a sentir capaz de llamar a alguien por teléfono y decir: ‘De parte de la Señora de Meirás'». Un título ahora no vale para nada. Antes, siendo Grande de España, iban a la parte VIP de los aeropuertos y podían llevar todo el equipaje que quisieran».
Realmente, los viejos privilegios de la Grandeza de España habían desaparecido con la democracia. No tenían derecho al pasaporte diplomático de cortesía –como el que disfrutaron los Villaverde durante décadas–, ni a ser senadores por derecho propio, o a poderse cubrir con el sombrero ante el paso de los Reyes. Apenas les quedaba el tratamiento escrito de «excelencia». Pero con celeridad manifiesta, Francisco Franco se había lanzado como un jabato sobre un título que no era disputado por su hermana mayor, Carmen, la primogénita. «Ser el nuevo Señor de Meirás vale para saber que eres responsable de una tradición –declaró Francis, con trascendencia–; que ha habido gente en tu familia que ha hecho cosas. La importancia es para uno, pero no tiene utilidades».
El segundo Francisco Franco de la estirpe mantenía en el más absoluto secreto el modo en que se ganaba la vida. Cuando se le preguntaba, su respuesta era, sencillamente: «Trabajo, como todo el mundo». El nuevo Señor de Meirás quería mantener la discreción de sus negocios españoles, mientras su esposa, María Tamarit, se dedicaba públicamente a diseñar jerséis y prendas de punto para uno de los grandes almacenes más importantes de España. Aunque su nueva Grandeza de España quedaría muy bien en sus tarjetas de visita, la realidad mercantil del matrimonio ensombrecía sus sueños nobiliarios y sus complacidas «responsabilidades».
En plena euforia heráldica, los recién estrenados grandes de España se dispusieron a reescribir su hidalgo pasado a partir de los escudos familiares en los que no faltaban leones rampantes, estrellas de oro sobre fondo azul, flores de lis y una cruz de gules. De aquel cóctel saldría su escudo de armas.
EL SEÑOR DE CREDISOL
El 6 de noviembre de 1987 fue constituida en el Registro Mercantil de Madrid la empresa Credisol S.A., dedicada a «la promoción, construcción, rehabilitación y venta de todo tipo de fincas rústicas y urbanas», con un capital social de dos millones de pesetas, distribuido en dos mil acciones de mil pesetas cada una. Tres personas fundaban Credisol: doña María Suelves Figueroa «casada en régimen de separación de bienes», sin especificar el nombre de su marido, poseedora de mil acciones; Miguel Ángel García Inchausti, con cien acciones, y don Javier Arenas Miralles, titular de las restantes novecientas, que también aportó, como sede social de la empresa, el domicilio de su madre, Sagrario Miralles, en la avenida de Hellín, número 51, del barrio madrileño de San Blas.
De los fundadores, Suelves era nombrada administradora única de Credisol, la primera y más destacada de cuyas facultades consiste en «administrar, regir y gobernar los bienes de la sociedad, arrendarlos por el tiempo, precio, condiciones y garantías que tenga por conveniente; admitir, despedir y desahuciar inquilinos, arrendatarios, porteros, precaristas, colonos, aparceros, así como empleados, obreros y técnicos…».
Seis días más tarde, el 12 de noviembre, la flamante Señora de Meirás concedía a Antonio Cadierno Plaza y a Eduardo Santiago Fernández, las mismas facultades conferidas a su persona. Curado de espanto tras su experiencia chilena y dispuesto a no seguir siendo «el farolillo rojo» capaz de gafar los mejores negocios, Francisco Franco Martínez-Bordiú había tomado precauciones extremas para que su nombre no fuera descubierto.
Credisol desarrollaba sus negocios principalmente en Madrid, en barrios céntricos como Argüelles y Salamanca, pero también había llegado hasta ciudades turísticas como Benidorm. El negocio era y es, muy simple dentro del universo de la especulación pura y dura: adquirir a bajo precio inmuebles en malas condiciones de conservación y con inquilinos ancianos, de renta antigua; «convencer» a estas personas para que abandonen la vivienda, la cual, una vez vacía y restaurada, será vendida al precio del mercado. En pleno boom inmobiliario, estas operaciones podían reportar unos beneficios del mil por 100.
A pesar de sus precauciones, el nombre de Francis volvió a ser citado por los inquilinos del número 42 de la calle Fernando El Católico. Credisol había adquirido un edificio de aspecto ruinoso por la desidia de su propietario, cansado de cobrar alquileres pequeños para la época. Humedad, bajantes del desagüe picadas, malos olores, ascensor renqueante, goteras…
El 14 de octubre de 1988, toda la finca, con sus treinta apartamentos en pleno centro de Madrid, fue comprada por Credisol al abracadabrante precio de veintidós millones de pesetas. De los apartamentos existentes, veinticinco estaban ocupados por inquilinos de renta antigua, los cinco restantes se vendieron inmediatamente en una fulgurante operación comercial: solo por uno de ellos, Credisol obtuvo la misma suma que había pagado por todo el edificio: veintidós millones de pesetas. La primera medida de Credisol había sido dejar de reparar las averías de las casas alquiladas. Después, contrataron a detectives para averiguar las costumbres, aspectos familiares y recursos económicos de cada vecino (Panorama, 7 de agosto de 1989. «Una inmobiliaria de Francis Franco extorsiona ancianos en Madrid)»
«Credisol no nos pasó los recibos al cobro –me relató uno de los inquilinos querellantes– para ver si picábamos y podían echarnos a la calle por falta de pago. Como no les salió bien, enviaron entonces a un bravucón de malos modales para amedrentarnos. Un tal señor Córdoba, empleado de Credisol, que alardeaba de sus cientos de desahucios y de que iba a ponerse las botas con esta casa.»
Francisco Martínez Corps, que habitaba con su esposa el quinto piso desde 1936, fue denunciado por desahucio aportando un recibo de electricidad de seis meses por cero pesetas conseguido por la empresa mediante un detective privado, según declaró el representante de Credisol en el juicio. El juez desestimó la demanda por entender que aquel recibo era «ininteligible y sin firma». La mecánica era simple. Mientras se amedrenta a los vecinos para que cunda el pánico con denuncias como esta, se intenta negociar con grupos de dos o tres inquilinos: o se marchan con una pequeña indemnización, que siempre ronda los cinco millones de pesetas, o compran el piso a un precio para ellos inaccesible. Indefensos y solos, algunos optaron por irse de la vivienda que habían ocupado durante toda su vida, aceptando cinco millones de pesetas. Así lo hicieron los vecinos del 5ºD. Tenían ochenta años, artrosis y el miedo a quedarse sin ascensor les aterrorizaba.
MODUS OPERANDI MALABARISTA
El 31 de mayo de 1990, Eduardo Santiago Fernández, consejero delegado de la empresa Alquiler y Rehabilitación de Viviendas S.A. (Alrevisa) y, apoderado de Credisol S.A., vendió por dos millones de pesetas a Francisco Franco Martínez-Bordiú («mayor de edad, casado, médico y vecino de Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 8», según el documento de compraventa) el piso de setenta metros cuadrados donde residía desde 1970 el maestro nacional Cirilo García Gasco-Tello, en el número 6 de la calle madrileña de Casto Plasencia. Idéntica operación y en el mismo día, se realizó también en la vivienda arrendada por Manuela Gómez del Cañizo, vecina de García Gasco.
De los treinta y seis inquilinos que vivían en el inmueble, ellos eran los últimos resistentes a una transacción de tiburoneo inmobiliario denunciada ante dos juzgados de primera instancia de Madrid y por la que, junto a otros industriales, fue demandado el nieto de Franco. En ambos contratos de compraventa, Francis comparecía ante notario en su calidad de «administrador único en representación de la compañía mercantil Montecopel S.A., con CIF número…, domiciliada en Madrid, calle Hermanos Bécquer, 8, y constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada el 11 de mayo de 1989».
Manuela Gómez del Cañizo y Cirilo García Gasco-Tello recibieron el 7 de julio de 1990 una carta notarial con una copia simple de la escritura de compraventa, en la que lo primero en sorprenderles fue la presencia de Francisco Franco como comprador, ya que ellos sabían que era el director financiero de Alrevisa, la empresa vendedora, según constaba en los membretes de las tarjetas de visita impresas por esa entidad y en el registro mercantil. En palabras de Cirilo García: «Se están pasando los pisos de unos a otros para obligarnos a utilizar el retracto de la Ley de Arrendamientos Urbanos y hacernos comprar las casas en las condiciones y precios que ellos han marcado».
Por debajo de su luminosa presencia en las fiestas de la jet set, el industrial de la familia Franco seguía inmerso en el sector inmobiliario, mientras su hermana Carmen se convertía en estrella de la televisión privada, José Cristóbal se retiraba a la finca de Valdefuentes y a su padre, el marqués, los paparazzi le descubrían una estrecha relación personal con Katia Guerrero, multimillonaria rentista. Eran las luces y las sombras de los descendientes del Generalísimo.
Bajo los focos, Carmen Franco Polo se estiraba la piel, cambiaba el color de sus ojos con unas lentillas o presumía con los collares de su difunta madre, mientras, en la trastienda, era la máxima accionista y beneficiaria de las actividades financieras de su hijo Francis. Como en Chile, Francis Franco seguía inmerso en un sector capaz de proporcionar dinero fácil sin demasiados escrúpulos. Sus padres, que le habían apartado de la gestión de Valdefuentes, volvieron a confiar en él. Francis se había convertido en un serio especulador.
El 27 de junio de 1990, el juzgado de primera instancia número 1 de Madrid admitió a trámite la demanda de Cirilo García Gasco-Tello, representado por el abogado Juan Giménez García. Las diligencias 851/90 recogen un texto en el que puede leerse: «Según consta en la escritura de compraventa, los demandados relacionados como vendedores otorgan escritura de apoderamiento a favor de Alquiler y Rehabilitación de Viviendas S.A., y tal sociedad inicia una serie de extorsiones sin otro objeto que coaccionar a varios inquilinos de la casa número 6 de la calle Casto Plasencia para que adquieran en propiedad las viviendas de que son inquilinos a precios que a tan filantrópica S.A. conviene».
Tras impugnar la venta acogiéndose a la ley, el inquilino demandante afirmaba: «No queremos terminar sin poner de manifiesto ante el juzgado la serie de juegos malabares que, por parte del supuesto comprador (Francisco Franco) y sus adláteres de la titulada Alrevisa y Agefisa, se han llevado a cabo, en su actuación pseudointimidativa contra mi mandante (…). La conclusión se la dejamos al Juzgado. Mi parte no tiene la mínima duda de que la escritura otorgada y el acto en ella contenido son una burda simulación».
La segunda demanda, presentada por Manuela Gómez del Cañizo y aceptada en el juzgado de primera instancia número 21 de Madrid con el asunto número 862/90, denunciaba: «Los demandados habían otorgado escritura de apoderamiento a favor de la titulada Alquileres y Rehabilitación de Viviendas S.A., y tal entidad, que unas veces actúa bajo el anagrama de Alrevisa y otras veces de Agefisa, y que no obstante de figurar domicilios distintos, sus componentes son los mismos, inicia en nombre de sus poderdantes (los propietarios) unas pueriles extorsiones, sin más objeto que atemorizar a los diversos inquilinos de la casa número 6 de la calle Casto Plasencia, para venderles las viviendas de que son inquilinos por precios caprichosos, y que suponemos que son, por lo menos, el ciento cincuenta por ciento de elevación de lo que realmente han pagado a los ‘vendedores’,suponiendo, que ya es suponer, que por parte de la demandada Montecopel se haya desembolsado un solo céntimo».
Antes de que Francis entrara personalmente en escena, Cirilo García ya se las había tenido que ver con sus socios.
«En enero de 1987 –me explicó para un reportaje que publiqué en Tiempo– recibí una carta de Alrevisa en la que nos comunicaban que se habían convertido en apoderados del casero e iban a vender la casa. Nos citaron en la sede de Alrevisa, calle Gaztambide 50, donde nos atendió un tal Miguel Ángel Cabanas, que se presentó como dueño, mostrando un contrato privado suscrito entre él y los herederos del casero ya fallecido, Ricardo Díaz-Guerra. Cuando yo le dije que soy un inquilino y que me acojo a la Ley de Arrendamientos Urbanos, él me contestó que ellos actúan al margen de la ley de arrendamientos, que nos van a ofrecer la casa en venta y que si queremos que la compremos y que si no, ya podemos atenernos a las consecuencias, y añadió: «Somos un grupo de empresas muy amplio, con un equipo jurídico que sabe muy bien lo que se hace», y pobrecito de mí. Repitió que ellos tenían que obtener el dinero que habían invertido y que existen muchos sistemas para conseguirlo».
En aquella visita, Cirilo fue testigo del revuelo desatado en la oficina de la calle Gaztambide, con la llegada de un famoso personaje, al que anunciaron con una exclamación aduladora: «¡Ha llegado el Príncipe Azul!». Se trataba de Francis, en cuyas tarjetas de visita constaba: «Francisco Franco. Director financiero».
El abogado Juan Giménez, experto en temas de arrendamiento, demandó a Francis y a los herederos del difunto Ricardo Díaz-Guerra.
«Nosotros –explicó este letrado– nos fuimos a por nuestra demandita contra todos los que figuraban como vendedores, si bien en la escritura aparece Eduardo Santiago Fernández como vendedor y Francisco Franco Martínez-Bordiú como comprador. El vendedor, como consejero delegado de Alrevisa, comparece a la venta con un poder de los caseros, autorizado ante notario el 24 de octubre de 1986. Vende en virtud de ese poder. La sorpresa llegó cuando la procuradora de los caseros dice en su escrito que «el presente apoderamiento se otorga por el paso de tres años». Es decir, estaba caducado el 23 de octubre de 1989, cuando se formalizaron ante notario las escrituras de venta a Francisco Franco. Carecía de valor».
Los diez herederos de Ricardo Díaz-Guerra no pudieron ocultar su estupor. Su representante, la procuradora Beatriz Ruano Casanova, lo manifestaba el 25 de septiembre de 1990 en su contestación a la demanda: «La sorpresa de nuestros representados ha sido al leer la escritura, que está fechada el 31 de mayo actual, manifestando que hace uso de un poder de 24 de octubre de 1986, autorizado por notario y afirma vigente, no obstante es nulo y sin ningún valor ni efecto desde el 23 de octubre del año pasado, por caducidad y por incumplimiento de los pagos condicionantes del poder, con que se les había avisado a la notaría, produciéndose una falsedad de documento público que el juzgado deberá valorar».
De este modo, todos los pisos vendidos después de ese día en el número 6 de la calle Casto Plasencia, incluidos los de Cirilo García y Manuela Gómez, se realizaron ilegalmente. «De los treinta y seis inquilinos –relata el primero– quedamos seis o siete sin comprar. Todas las casas las han vendido con un poder caducado y, por lo tanto, falso». Mal se habían puesto las cosas para el último negocio de Francis Franco.
El 14 de septiembre de 1990, en una providencia fechada dos días antes, el juzgado explicaba: «En cuanto a los emplazamientos de los demandados don Ricardo Pérez Manzano y «Montecopel», que también han sido devueltos sin practicar, manifestándose que son desconocidos en los domicilios aportados en el escrito de la demanda”.
Ante el «paradero desconocido» de Montecopel S.A. el letrado Juan Jiménez tomó cartas en el asunto y remitió al Juzgado un escrito en el que decía: «En el número 8 de la calle Hermanos Bécquer, figura el teléfono 563-06-82, y como titular Bordiú C. Martínez. Médico. Llamando a dicho teléfono, y preguntando por Montecopel S.A., una voz masculina contesta que, efectivamente, el teléfono corresponde a Montecopel. Al manifestar que la llamada obedece a un negocio inmobiliario, la misma persona indica que se debe dirigir a los teléfonos 54930-69 o 243-50-00, y preguntar por el señor Gasco, negándose a facilitar la dirección de dichos teléfonos».
No eran otros que los números de la empresa Alrevisa, donde Francis Franco ejercía como director financiero.
Tras la disolución de las sociedades anónimas netamente instrumentales, como Ursaria o Comercial Flores, a finales de los años ochenta emergía Montecopel S.A. como la hasta entonces última compañía familiar, constituida el 11 de mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y con su sede social en el domicilio particular de los Franco. Su objeto es el de siempre: «la adquisición, explotación, enajenación y gravamen por cualquier título de toda clase de bienes inmuebles, muebles y títulos valores; la urbanización y construcción en general; la constitución de sociedades con objeto análogo al indicado y todo aquello que sea antecedente o consecuencia de lo anterior».
Dividido en mil acciones, su capital inicial ascendió a un millón de pesetas. En vez de un consejo, la compañía es dirigida por un administrador único: Francis Franco, y según el registro mercantil, estaba constituida por «los excelentísimos señores don Cristóbal Martínez-Bordiú y su esposa, doña Carmen Franco Polo [que actuó también en representación de su tía Isabel Polo Martínez-Valdés]; doña María Suelves Figueroa, casada en régimen de separación de bienes (…) y don Francisco Franco Martínez-Bordiú». De las acciones, la duquesa de Franco suscribe 800; Isabel Polo Martínez Valdés, 199 y María Suelves la última acción.
Muy bien debieron marchar los negocios para Montecopel, porque el 17 de julio de 1989, apenas dos meses después de su constitución, el capital de la empresa experimentó un incremento espectacular. El inicial millón de pesetas se transformó en trescientos millones; de los cuales 239 correspondían a las acciones de Carmen Franco, 59 millones y medio eran suscritos por Isabel Polo y la única acción de María Suelves, con poderes dentro de la empresa para comprar y vender, alcanzaba las 299.000 pesetas.
UNA CUESTIÓN DE HONOR
El 5 de marzo de 1996, el juzgado de Primera Instancia número 26 de lo Civil, de Madrid, dictó su sentencia 154. Francis Franco había promovido una demanda por intromisión ilegítima en su honor contra cinco periodistas de la revista Tiempo, entre ellos el autor de este libro, por cinco reportajes sobre su persona publicados por este semanario entre el 22 de febrero de 1988 y el 17 de diciembre de 1990.
En esencia, según recoge la sentencia en su punto cuarto, Francis Franco negaba que le fueran revocados los poderes como administrador de Valdefuentes por el fracaso de su gestión; que autorizara el rodaje de películas eróticas y de terror en la iglesia construida en la finca; que existieran diversas querellas contra él en Chile y un procedimiento por la apropiación de un pagaré que provocó la reclamación de la Interpol. Negó también la condena por caza furtiva en los Montes Universales y su intervención en negocios de tiburoneo inmobiliario.
Por todas estas informaciones, el Señor de Meirás reclamaba una indemnización de diez millones de pesetas. Era el precio que ponía a su honor supuestamente vulnerado. La sentencia dejó probado lo contrario.
«No cabe declarar –dictaminó el magistrado juez titular Alberto Arribas Fernández– que la información difundida por los demandados, y especialmente por don Mariano Sánchez Soler, constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor [Francisco Franco Martínez-Bordiú] en cuanto que la misma es veraz, dado que de la prueba practicada ha resultado acreditado que el actor está o ha estado incurso en diversos procedimientos judiciales ante los órganos jurisdiccionales chilenos, habiéndose formulado por numerosas personas contra él y otros sujetos diversas querellas por estafa y así consta en el documento acompañado a la contestación a la demanda del Sr. Sánchez Soler, pretendiéndose la acumulación de las diversas querellas presentadas contra los querellados, habiéndose visto igualmente implicado en otros procedimientos penales, también de índole económica».
Las actividades de Francis Franco entraban así en el dictamen judicial.
«Por lo que respecta a la condena por un hecho de caza –añade la sentencia–, el propio demandado reconoce en confesión judicial que fue condenado por caza furtiva, careciendo de trascendencia, a estos efectos, el lugar en que pudiera cometerse el delito o falta. Así mismo resulta acreditado que al actor le fueron revocados los poderes conferidos para administrar la sociedad Explotación de Valdefuentes S.A.».
Una tras otra, la verdad judicial se imponía a los deseos pecuniarios del demandante.
«También ha sido cumplidamente probada la existencia de sendas demandas de las que conocieron los Juzgados de Primera Instancia número 21 y 34 de esta capital, en que los inquilinos de determinadas viviendas arrendadas ejercitaban la acción de impugnación prevista en el artículo 53 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 contra, entre otros, el comprador de la vivienda, la mercantil «Montecopel S.A.», de la que es administrador único el aquí demandante, según resulta del documento número 3 aportado por la parte demandada junto con el escrito de proposición de pruebas, escritos de demanda en los que se imputa a la demandada la intención de ganar unos cuantos millones vendiendo las viviendas a los inquilinos por precios caprichosos. (…) En cuanto a las películas rodadas en la finca de Valdefuentes, tal hecho es reconocido por el actor en confesión judicial, sorprendiendo que admitida la realización de las películas ignore su contenido, y en todo caso, este es irrelevante a los efectos de determinar la existencia de una vulneración en el derecho al honor del actor, al estar socialmente admitidas tanto las películas de terror como las eróticas. Por último, tampoco puede considerarse como una intromisión ilegítima la información difundida sobre los fracasos en los negocios del actor, o el hecho de que don Carlos Arias Navarro haya sido Notario del demandante (…)”.
Y el magistrado concluyó: «En definitiva, como indica la sentencia del Tribunal Constitucional 176/95, de 11 de diciembre, siendo el denominador común de todos los ataques o intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor, el desmerecimiento en la consideración ajena (artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982) como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien, o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas, no cabe imputar tal calificación a la información objeto de autos en los términos expuestos a lo largo de esta resolución, lo que determina la desestimación de la demanda».
Lejos de cobrar los diez millones de pesetas reclamados, Francis Franco fue condenado a pagar las costas procesales, mientras su demanda por un honor supuestamente mancillado fue desestimada. Un honor otrora incuestionable, por cierto. Con la democracia, el rostro industrial de los Franco no deja de poseer unos rasgos plenos de ironía. La familia más poderosa de España bajo la dictadura, ejemplo para varias generaciones, se dedicaba ahora a invertir sus capitales en la especulación inmobiliaria: Ninguna grandeza de aquella familia hidalga de Raza que Franco soñó capitanear contra los «duros embates del materialismo». Y en el entramado empresarial de los nietos del general, Francis Franco iba a ser el timonel, aunque en igualdad de condiciones con sus hermanos en cuanto a la herencia.
DEPUÉS DE CARMEN FRANCO
El 29 de diciembre de 2017 falleció Carmen Franco Polo a los 91 años, víctima del cáncer. «Aquí estoy, –declaró un mes antes de morir– dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas; no tengo miedo a nada ni siquiera a la muerte. La he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. No le tengo miedo, no me quedaré quieta. Reivindico mi nombre porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás, ni la de mis padres, ni la de mi marido, ni la de mis hijos.»
Cuando la única descendiente del dictador comenzó a tener problemas de salud, el experimentado Francis tomó las riendas que su madre había sabido llevar en solitario tras la desaparición del marqués de Villaverde. Llegaba el momento de repartirse la herencia, hacerse cargo de su emporio inmobiliario y gestionar las compañías, a cuyos consejos de administración accedieron los siete nietos.
Con respecto al patrimonio inmobiliario, a nombre de Carmen Franco Polo se constataron cuatro propiedades en Madrid (apartamentos y plazas de garaje en La Castellana), una en Jimena de la Frontera (Cádiz), un olivar heredado en Guadalajara, una vivienda comprada en La Granja de San Ildefonso (Se218. Citada por Bea Téllez de Meneses, en Vozpópuli, 20 de noviembre de 2017, extraída de una biografía escrita por Nieves Herrero. govia), una veintena de propiedades en los alrededores de Oviedo logradas por donación y «no coordinadas con el Catastro», como obliga la ley desde 2015.
También está la finca de La Piniella, en Llanera (Asturias), heredad de la familia Polo que han puesto en venta al precio de cinco millones de euros, y las grandes posesiones de la familia –de las que ya hemos hablado en este libro–, cuyo valor real en el mercado es muy difícil de tasar: Valdefuentes, el edificio de la calle Hermanos Bécquer, el Pazo de Meirás (por el que los herederos han pedido ocho millones de euros) y el palacete de Cornide, sin olvidar la casa natal de Franco en Ferrol.
Hasta su fallecimiento, Carmen Franco ocupó veintiún puestos en consejos de administración, mientras Francis estaba en veinte y el resto de sus hijos se dispersaban en más de una veintena de compañías, algunas de ellas instrumentales, con poca actividad y sin empleados apenas. Es el laberinto societario de los Franco, con un peso determinante del sector inmobiliario, y con la dificultad añadida de que los Franco, en un momento decidieron no constar formalmente en consejos de administración, y dieron la titularidad de algunas compañías a socios o testaferros. Un obstáculo más. Con todo, rastreando el Registro Mercantil, podría estimarse que el capital desembolsado por las sociedades mercantiles vinculadas a la familia Franco, en la actualidad, gira en torno a los 50 millones de euros (más de 8.000 millones de las antiguas pesetas).
Durante los últimos años, y cuando menos se esperaba, la compleja realidad de las finanzas colocó el apellido Franco en los titulares de prensa. Así ocurrió en 2012, cuando la amnistía fiscal ideada por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, desveló que Francis Franco había regularizado 7,5 millones de euros que tenía en los Estados Unidos, por un negocio a través de su empresa Montecopel. La segunda vez fue en 2016, cuando estalló el escándalo de «los Papeles de Panamá» (el ocultamiento de propiedades y ganancias, y la evasión de impuestos por parte de empresas y grandes personalidades internacionales, a través del despacho de abogados Mossack Fonseca).
Entonces se supo que, mientras se beneficiaba de la amnistía fiscal de Montoro, el 1 de junio de aquel 2012, Francisco Franco Suelves y su hermano Juan José, hijos de Francis Franco, habían firmado como directores generales de dos sociedades ubicadas en el paraíso fiscal de Isla Tórtola (Islas Vírgenes Británicas): Malini Investment Limited (activa desde 1997 hasta 2013) y Vamfield Alliance Limited (activa desde 2007 hasta 2013). Los dos bisnietos de Franco entregaron sus pasaportes y los documentos firmados al despacho de Mossack Fonseca. Cuando estalló el gran escándalo financiero, los dos «directores generales» declararon que no sabían nada del asunto. «Es un tema antiguo y todo está regularizado –salió al paso Francis Franco–. No es tan tremendo tener sociedades en Panamá.»
Después de la muerte de Carmen Franco, la actividad empresarial de los siete nietos del dictador en España se distribuye en una treintena de compañías. De ellas, Sargo Consulting y Fiolasa, ambas con su sede en el domicilio de la calle Hermanos Bécquer número 8, constituyen el epicentro de los negocios familiares.
Sargo Consulting S.L. es una financiera creada el 11 de noviembre de 2002, por Carmen Franco, propietaria del cien por cien de las acciones. Esta empresa, dedicada al «asesoramiento e información para personas físicas o jurídicas», con participación en otras compañías, como Aparcamientos Atocha, Caspe, Proazca y FR Promociones del Suroeste (en esta última empresa constructora, hasta su quiebra del 11 de mayo de 2016). Tras la muerte de Carmen Franco, sus siete hijos entraron en el consejo de administración, que pasó a ser presidido por María Aranzazu Martínez-Bordiú. Según el último registro de 2017, su capital activo es de 17.679.993 euros, su patrimonio neto de 15.993.484 euros, y cuenta con 45.000 clientes.
Fiolasa S.L.U. es una inmobiliaria constituida en 2002 por Carmen Franco, cuyo objeto social es «adquirir, enajenar o transmitir en cualquier otra forma, disfrutar, tener, aprovechar, arrendar, ceder en arrendamiento a terceros, explotar, administrar, gestionar, comercializar». En 2017 poseía un capital activo de 20.562.899 euros, un patrimonio neto de 20.521.510 euros y una cartera de 30.343 clientes. El 7 de febrero de 2018, se constituyó el nuevo consejo de administración de la empresa, con José Cristóbal Martínez-Bordiú en la presidencia y sus seis hermanos como consejeros y apoderados.
Los nietos de Franco desarrollaban una intensa actividad mercantil. El hombre de negocios más avezado, Francis, ocupaba, en el momento de escribir este libro, quince puestos en empresas, muy lejos de sus hermanos. Aparcamientos, inmobiliarias, consultorías… Presidente y consejero delegado de Estacionamientos Urme S.A. (capital: un millón de euros); de Aparcamientos Atocha, 70 (capital: cuatro millones de euros), de la cosechera Arroyo de la Moraleja S.L., con sus hermanos Mariola y José Cristóbal como socios y un capital de 8,3 millones de euros; de Proazca S.A. hasta que le sucedió su hermano Jaime, empresa dedicada a la compraventa de aparcamientos, constituida por sus padres en 1991, con un capital entonces de 200 millones de pesetas y que fue absorbida por Estacionamientos Urme S.A. en diciembre de 2017.
Francis es también el administrador único de un enjambre de empresas: Pristina S.L (capital: 18,4 millones de euros, patrimonio: 13,7 millones), Montecopel S.A. (17 millones de euros), la importadora Premohi S.L., las consultorías Tabacmesa S.L. y Goldfinger Investment & Technology S.L.; administrador mancomunado de Comerzia Soluciones Integrales de Comercio Electrónico (capital: 16 millones de euros, patrimonio neto: 10,3 millones), del Centro Médico Láser Pío XII, S.L., de Bejar 2001 S.L., de Caspe 99 S.L.; y director ejecutivo de su gran pasión: la compañía Huntser, que organiza cacerías a escala internacional en su finca «Villaverde», de Aranda del Moncayo (Zaragoza).
La discreta Mariola, además de Arroyo de la Moraleja y la herencia familiar, es consejera de la inmobiliaria CM 16 S.L., presidida por uno de sus hijos (capital: 27,8 millones de euros; patrimonio neto: 9,9 millones) y administradora única de Domarma S.L.
Merry es administradora única de MarletMakai S.L, una inmobiliaria que tiene a su hermana María Aranzazu como apoderada (capital: 4,5 millones de euros). Además, la nieta menor de Franco es administradora única de Borna 27 S.L.
Antes de presidir Fiolasa S.L.U., José Cristóbal gestionó las empresas de publicidad Joran Comunicación y Joran Producciones S.L., así como la inmobiliaria Renval Inversiones S.L., con sede en la finca de Valdefuentes y con un capital social de 3 millones de euros.
El menor de los hermanos, el abogado Jaime, es administrador único de compañías dedicadas al arrendamiento de inmuebles (Abanco 98 S.L.), al sector inmobiliario (Cronical Business S.L., Mardiu Business S.L, y MGO Consulting) y a servicios de asesoramiento e información económica y financiera (Francoveda S.L.), antes de pasar a presidir –como ya se ha señalado– Proazca S.L., una de las empresas más importantes de la familia.
En cuanto a Carmen Martínez-Bordiú, hay poco que decir. Como ella misma ha confesado más de una vez lo suyo no son los negocios. Apenas aparece como administradora y socia única en dos pequeñas empresas: la minorista Cazalla 18 de Junio S.L. y Ocnarf S.L.
La herencia empresarial de Carmen Franco ha cambiado, sin duda, el futuro de todos sus hijos.
