Ginebra, 12 Nov (Notimex).- La intervención del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este día, ha desatado una ola de severas críticas de activistas y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Los activistas han solicitado a los Estados miembros no asistir al discurso que Maduro tiene previsto pronunciar en unas horas, debido a la represión a la libertad de expresión, falta de justicia y otras graves violaciones a las que está expuesta la población, en especial la disidencia.
Una noticia que se ha propagado en los pasillos de la ONU como reguero de pólvora es la detención la víspera en Haití de dos familiares de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, quien es candidata del partido oficialista para las elecciones del próximo 6 de diciembre.
Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas son sobrinos de la esposa de Maduro, quienes fueron acusados por tráfico de drogas, entregados a la Agencia estadunidense Antidrogas (DEA) y trasladados en avión a Nueva York en donde tendrán que encarar a un tribunal federal.
La sesión especial en la que hablará Maduro fue solicitada por su propio gobierno y en opinión de ONG como Human Rights Watch «no debe permitirse que Maduro use el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para promover inescrupulosamente sus propios intereses».
El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirmó que «lamentablemente, el Consejo no va recibir demasiada información sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela de parte del presidente Maduro».
Vivanco subrayó que en los últimos años, la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado gravemente.
Se ha detenido de manera arbitraria a políticos de oposición, que luego fueron procesados y condenados sobre la base de cargos que respondieron a motivaciones políticas.
De igual forma, a varios de ellos se les ha inhabilitado para postularse a cargos públicos en las elecciones legislativas programadas para diciembre.
Además, el gobierno ha actuado contra decenas de críticos menos prominentes, incluyendo a periodistas y medios de comunicación independientes, y ha hostigado a defensores de derechos humanos, señala HRW.
De igual forma, miembros del ejército han detenido arbitrariamente, golpeado y torturado a manifestantes pacíficos, y no han rendido cuentas por estos hechos, agregó.
«No debe sorprender, entonces, que el gobierno se haya negado a permitir una evaluación internacional genuina de la situación de los derechos humanos en el país», observó Vivanco en un comunicado.
Durante más de una década, ha prohibido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores especiales de la ONU visitaran Venezuela, puntualizó.
El gobierno de Caracas renunció a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, y privó así a las víctimas de la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, Venezuela ha tenido uno de los peores récords de votación en el Consejo de Derechos Humanos, sostiene HRW.
Después de la intervención de Maduro ningún Estado podrá tomar la palabra para disentir con lo que vaya a exponer.
«En esta oportunidad, probablemente ningún país ni organización no gubernamental tenga la posibilidad de tomar la palabra ni ofrecer otra versión para contrarrestar el discurso sesgado que ofrecerá Maduro sobre lo que ocurre en su país», argumentó Vivanco.
«No debería permitirse que Venezuela utilice el Consejo como un medio para promover sus propios intereses», reiteró.
En opinión de HRW, con este acto Maduro abre la puerta para que Venezuela sea un tema de debate, por lo que otros países y organizaciones de derechos humanos deberían aprovechar esta oportunidad «para alertar a la opinión pública sobre los problemas que Maduro no mencionará».
«El Consejo de Derechos Humanos no puede seguir desestimando la inocultable y precaria situación de los derechos humanos en Venezuela», argumentó HRW.
