El juez federal de distrito George Daniels en Nueva York dijo que la política redefinía las leyes migratorias que han prevalecido durante años con un marco que “no tiene lógica”. Permitir que la medida entrara en vigor ahora, señaló, tendría un enorme impacto en los “residentes que obedecen la ley y que han venido a este país en busca de una vida mejor”.
Por Elliot Spagat y Deepti Hajela
NUEVA YORK (AP) — Jueces federales en tres estados bloquearon temporalmente el viernes el plan del Presidente Donald Trump de negarles tarjetas de residencia legal a muchos migrantes que utilizan Medicaid, cupones para alimentos y otras formas de asistencia pública, asestándole un revés a una de las medidas más agresivas del mandatario hasta el momento por reducir la migración legal y convertirla más en un asunto de capacidades laborales que de vínculos familiares.
Los fallos en California, Nueva York y Washington se dieron en rápida sucesión apenas cuatro días antes de que las nuevas reglas entraran en vigor. Los jueces decidieron en favor de 21 estados y el Distrito de Columbia, que impugnaron la medida casi inmediatamente después de su anuncio en agosto pasado.
El juez federal de distrito George Daniels en Nueva York dijo que la política redefinía las leyes migratorias que han prevalecido durante años con un marco que “no tiene lógica”. Permitir que la medida entrara en vigor ahora, señaló, tendría un enorme impacto en los “residentes que obedecen la ley y que han venido a este país en busca de una vida mejor”.
“De la noche a la mañana, la regla expondrá a los individuos a la inseguridad económica, la inestabilidad de salud, a la negación de una vía para la naturalización, y a una posible deportación”, escribió Daniels en su decisión. “Es una regla que castigará a los individuos por recibir beneficios que proporciona nuestro Gobierno y los desalentará de recibir legalmente la asistencia que tiene como objetivo ayudarlos a convertirse en miembros que contribuyan a nuestra sociedad”.
Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), expresó confianza en que el Gobierno eventualmente prevalecerá y que la propuesta es un intento legal por garantizar que aquellos que se asienten en Estados Unidos pueden mantenerse financieramente por sí mismos.
“Un juez objetivo verá que esta regla encaja con las leyes existentes”, escribió Cuccinelli en Twitter. “Las leyes federales establecidas hace tiempo requieren que los extranjeros usen sus propias capacidades y los recursos de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas en su comunidad para prosperar”.
La Secretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham añadió que los fallos fueron “sumamente decepcionantes” y “el más reciente e inexplicable ejemplo de cómo se le ordena al Gobierno cumplir con lineamientos defectuosos o ilegítimos de un Gobierno previo en lugar de las leyes actuales aprobadas por el Congreso”.
Aunque Trump ha centrado gran parte de su atención en la migración ilegal —incluyendo su compromiso de levantar un muro en la frontera con México— también mantiene la vista en acotar la migración legal y trata de descontinuar un sistema que se basa primordialmente en los vínculos familiares.
Delineó sus planes al inicio de su Gobierno en discusiones con el Congreso para reformar las leyes de migración del país, y recurriendo a decretos presidenciales después de que esos intentos fracasaron.
Apenas la semana pasada, Trump emitió una proclama que indicaba que se prohibiría el ingreso de inmigrantes al país a menos que adquirieran un seguro de salud menos de 30 días después de entrar a Estados Unidos o que tuvieran los suficientes recursos financieros para cubrir cualquier gasto médico.
La medida, que está programada a entrar en vigor el 3 de noviembre, prohibiría la entrada de unas 375 mil personas al año, especialmente familias completas, que representan la mayor parte de las personas que obtienen green cards desde el exterior, según el grupo Migration Policy Institute.
Los fallos del viernes suspenden la medida de negar green cards a inmigrantes dependientes de ayuda gubernamental en lo que se resuelven las demandas. La ley federal ya requiere que los inmigrantes que aspiran a convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos demuestren que no se convertirán en una carga para el país —“carga pública” en términos legales—, pero las nuevas reglas detallan un rango más amplio de programas que descartarían a los solicitantes.
