Tantita, solo tantita madre
En días pasados se dio a conocer el caso de Cipriano Charrez, diputado federal de Morena por el Distrito de Ixmiquilpan, Hidalgo, quien se vio involucrado en un accidente vehicular en el que falleció un joven de 21 años; mientras que algunos testigos y videos lo ubican como el conductor responsable del accidente, el Diputado morenista ha negado en todo momento estas acusaciones, mientras que Morena aseguró que apoyaría a su compañero caido en desgracia. Por su parte, la procuraduría de Hidalgo reiteró la responsabilidad del diputado y la existencia de carpetas de investigación que acreditaban que él manejaba la camioneta que arrolló al taxi. En Milenio, el periodista Joaquín López Dóriga, escribe que: «la noche del viernes pasado, Cipriano Charrez, diputado federal de Morena por el Distrito de Ixmiquilpan, Hidalgo, manejaba su camioneta en la autopista México-Laredo, según la procuraduría estatal, en estado de ebriedad cuando chocó contra un taxi que estalló en llamas y en el que murió su operador […] Para el lunes, la procuraduría de Hidalgo dijo tener evidencias y pruebas de que el legislador manejaba la camioneta que embistió al taxi. Ese mismo día se dudaba de que fuera a presentarse a la sesión del martes en San Lázaro y sí, llegó, y no solo eso. Dio una conferencia de prensa para insistir en su inocencia y volver a acusar al chofer. En esa jornada, el coordinador de la fracción de Morena, Mario Delgado, declaró el apoyo de su bancada a su compañero de Ixmiquilpan y el miércoles, la procuraduría de Hidalgo reiteró la responsabilidad del diputado y la existencia de carpetas de investigación que acreditaban que él manejaba la camioneta que arrolló al taxi. Ya ayer, jueves, se mandó la copia de un oficio firmado por los padres de la víctima, en la que solicitan al gobernador de Hidalgo, el perdón legal al diputado por la muerte de su padres que fueron doblados para confirmar cómo se aplica la justicia en México, donde hasta el homicidio provocado por un legislador se perdona. Y, por cierto, ni la procuraduría de Hidalgo lo ha citado ni él se ha presentado. De verdad que no tienen madre. Ni tantita. Solo un agregado: este no es un problema del Presidente electo, ni de su equipo de transición, ni de la cuarta transformación, ni de su partido. Es un conflicto legal y personal del diputado Charrez. Favor de no hacerlo suyo, como otros. Ya bastantes tienen.”.

Ese 87.7%: otra deuda histórica
En el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, escribe que: «son de la familia, siempre y cuando no pidan prestaciones. Son de la familia, siempre que entren por la puerta de atrás y permanezcan ahí, en silencio. Éste ha sido el cotidiano de millones de mujeres que han dedicado su vida al servicio doméstico. Generaciones enteras. Y no sólo México, el mundo entero tiene una deuda pendiente con ellas. No hemos sabido nombrarlas, no hemos sabido reconocerlas. En 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo a la Cámara de Diputados que veía dificultades en la operación de algunos de los puntos del Convenio 189, por lo que no lo firmaría, un año después, seguimos sin ratificarlo. El 189 es un tratado adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en que se detallan derechos y obligaciones entre empleados y empleadores de trabajo doméstico. Algunos de sus puntos: protección de derechos humanos, eliminación de trabajo forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil y de cualquier forma de violencia y, sobre todo, condiciones justas de empleo: vivienda, prestaciones, etcétera. México no es parte de él. Las autoridades consideran que sería complicado cumplir con tanta norma, tan elemental en cualquier relación laboral. Aquí inicia la cadena de discriminación: quienes tendrían que vigilarlo y volverlo parte de nuestra realidad laboral lo ven como una actividad más que no merece, siquiera, una remuneración apenas justa. Ya ni porque dependencias como el Inegi han reportado que el importe del trabajo doméstico no remunerado equivale al 19.7 por ciento del Producto Interno Bruto, más de tres mil 61 millones de pesos. Así de potente. Aunque igual de potente y dolorosa la realidad de miles de trabajadoras domésticas de nuestro país. Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación, el 87.7 por ciento de las trabajadoras del hogar no tuvo acceso a prestaciones laborales en su último empleo. Casi el 90 por ciento. Casi la totalidad de las mujeres dedicadas al servicio doméstico. La cifra es abrumadora y profundamente dolorosa. Y a este panorama hay que sumarle aquella otra realidad, la del entorno que obliga a miles de mujeres a ver en el trabajo doméstico la única posibilidad laboral […] El panorama no pinta mejor. La próxima semana será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que plantea que los empleadores no estén obligados a inscribir a sus trabajadores del hogar a una prestación tan básica y necesaria como el Instituto Mexicano del Seguro Social. El ministro propone que se quede todo en el compromiso de “procurar” y pagar riesgos y enfermedades, pero no dar una prestación que, además, sería puerta de entrada a otras como el afore o el Infonavit. Pérez Dayán pretende que las cosas sigan como están: sin nombrarse, sin reconocerse”.

Que paguen lo que deben
En El Universal, su Editorial, habla acerca de cómo las empresas se han dedicado por años a evadir el pago de impuestos, recursos que deberían llegar al estado para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero que se quedan el los bolsillos de empresarios: “el monto de la recaudación de impuestos en México, como proporción del PIB, sigue siendo menor en comparación con otras naciones de América Latina, a pesar de que en los últimos sexenios se han hecho esfuerzos por ampliar la base de quienes deben contribuir con sus obligaciones fiscales […] México se encuentra entre los países más perjudicados por la evasión fiscal que realizan empresas multinacionales, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado la evasión de las multinacionales a nivel global en un rango de 100 mil y hasta 240 mil millones de dólares al año. Un estudio de la Universidad de las Américas señala que en 2015 los consorcios evadieron en México 197 mil 156 millones de pesos. Las empresas se valen de lagunas legales para ampliar sus deducciones tributarias y para trasladar sus ganancias a otros lugares, usualmente los llamados paraísos fiscales […] Gracias al pago de impuestos los servicios públicos se financian. En el momento que un sector deja de cumplir sus obligaciones, el país en general lo resiente, al no poder modernizar sus procesos o ampliarlos. Lo que se dejó de cobrar en 2015 equivale a lo que se asignó ese año a las secretarías de Desarrollo Social y de la Defensa. A mediados de 2017, el Servicio de Administración Tributaria tenía un universo de casi ocho mil 500 grandes contribuyentes, de los cuales 60 por ciento son trasnacionales; es decir, al menos a cinco mil empresas se les debe exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Si las compañías extranjeras que operan en el país obtienen millonarias ganancias del mercado local, lo lógico es que paguen lo que por derecho les corresponde. Las acciones no deben interpretarse como ‘cacería’, sino como un estricto apego a la normatividad”.

Caciques sindicales en resistencia
En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, habla acerca del futuro incierto de los líderes sindicales mexicanos con la llegada de López Obrador al poder, especialmente con sus intenciones de reformar hasta los sindicatos: «liderazgos sindicales acusados de corrupción y cacicazgo tratan de blindarse ante la nueva política laboral del obradorismo, la cual garantizará elecciones libres en las organizaciones de trabajadores y a cuyo amparo se están organizando corrientes disidentes para empujar el cambio de esos dirigentes charros y, de ser posible, su procesamiento judicial. En las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sus actuales dirigentes están en búsqueda de mantenerse en el poder […] En Ciudad del Carmen, Campeche, por ejemplo, Víctor Kidnie de la Cruz, dirigente de la sección 47 del sindicato petrolero, ha iniciado la entrega de plazas definitivas: ya lo hizo con 77 trabajadores y ha anunciado que en total serán 300 beneficiados con empleo seguro. Kidnie de la Cruz, como varios de los miembros de la dorada clase sindical petrolera, está acusado penalmente de diversos delitos, sobre todo, del conocido como lavado de dinero (así lo reconoció en esta semana el fiscal general de Campeche, Juan Manuel Herrera Campos). Además, los dirigentes petroleros han sido constantemente acusados de extorsionar a los aspirantes a obtener empleos; para conseguir una plaza definitiva deben entregarse centenares de miles de pesos a los líderes. Víctor Fuentes del Villar, líder máximo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), ha disfrutado durante largos años de escenificaciones degradantes para quienes aspiran a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad o a mejorar sus ingresos: sus subordinados le organizan filas de solicitantes de empleo que le aplauden y le buscan agradar, en particular mujeres vestidas con faldas cortas […] Llegó a la silla sindical como otros miembros de la élite sindical, por la vía familiar: en agosto de 2005 murió su tío, Leonardo Rodríguez Alcaine, conocido como La Güera, y el sobrino ascendió al trono mediante trámites expeditos y nada democráticos”.

Gasoducto y extorsión
En el Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: “ha detenido desde 2015 el gasoducto Ramal-Tula, al que le faltan solo 1.6 kilómetros, lo cual ha duplicado su costo a 100 millones de dólares. Exigió dinero a la empresa canadiense ATCO para permitirle concluir el trabajo; pero como la firma se negó, el ducto sigue detenido. Ha sido procesado dos veces por peculado. Hoy se le ha premiado no solo con una curul federal, sino con una de las secretarías de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Julio César Ángeles Mendoza trabajó en la industria automotriz, primero como empleado, pero después se convirtió en dueño de empresas proveedoras. Ha sido dos veces presidente municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, de 2009 a 2012 y de 2016 a 2018, cuando dejó la responsabilidad por una diputación federal. De Encuentro Social pasó a Morena. Dos veces ha sido encarcelado. La primera, en 2012, por no haber aclarado gastos por 1 millón 127 mil pesos como alcalde. La segunda, en 2016, por transacciones indebidas con el Consorcio Aguas Tratadas del Valle de México por 202 millones de pesos, también en su primer gobierno. En el primer caso fue exonerado por falta de pruebas, en el segundo por prescripción del delito […] No es éste el único gasoducto frenado por litigios o extorsiones. Por lo menos cuatro están siendo litigados por la Secretaría de Energía. El costo es muy alto porque el gas natural es tres o cuatro veces más barato, y mucho más limpio, que el combustóleo o el diésel. Ángeles Mendoza ya no podrá cuidar su negocio desde la presidencia municipal de Atotonilco de Tula. Si bien regresó a la alcaldía después de ser electo diputado federal, la sala regional del Tribunal Electoral le quitó la curul por eso, aunque la sala superior se la devolvió después. Hoy, sin embargo, podrá hacerse cargo de su negocio desde la Cámara de Diputados. El premio por haber parado el gasoducto ha sido su nombramiento como secretario de la Comisión de Energía. Qué mejor lugar para seguir deteniendo las inversiones”.

Justicia y fuerza en la 4T
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: «el martes, durante la presentación del Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project, Ana Laura Magaloni, que sabe en serio de todo esto, dijo lo siguiente sobre lo que considera más importante para el futuro cercano y acabar con la violencia. “Tenemos —dijo Ana Laura— que entender qué significó sacar al Ejercito a las calles y tratar de entender cuál fue la consecuencia de usar la fuerza para combatir el delito y la delincuencia. Porque hoy el debate es justicia”. Y Magaloni ve en Ayotzinapa el cambio. Dice que ella esperaba después de la noche de Iguala que se repitiera el esquema anterior y mandar un operativo, y no mandaron el operativo; la única forma de hacerle frente a Ayotzinapa fue la justicia. ‘¿Cuál es la diferencia? La justicia da explicaciones, la fuerza no. El sistema de justicia está diseñado para explicar qué pasó, quién es el responsable, por qué, qué lo motivo, qué hizo la autoridad; esas explicaciones se generan con pruebas, con evidencias, en una audiencia donde todo mundo podemos ser capturados por la historia que hay ahí y entender que lo que hay ahí es justicia. Es éste el responsable o éste no es. Y yo creo que una forma de renovar el pacto de civilidad es la justicia y no la fuerza. “Creo que son los argumentos, las razones, las pruebas, la ley, lo que da el basamento de autoridad al Estado. Y no la fuerza. Menos la fuerza desnuda, no la venganza y creo que estamos atorados aquí después de 12 años de guerra y lo que quieren las personas es escuchar explicaciones”. Primero, celebro que Ana Laura esté en el equipo de Claudia Sheinbaum. Y luego espero que la próxima jefa de Gobierno la comparta con el gobierno federal. Creo que este es el dilema por el que han transitado a lo largo de este verano y en el que no parece haber mucha claridad. Y tal vez más preocupante, el último anuncio de López Obrador parece haber optado por la fuerza: 50 mil elementos más, mandos por regiones a cargo de militares o federales —200 regiones les ha dicho a algunos gobernadores—; es decir, fuerza. Las fiscalías, la federal y las estatales, parecen estar fuera del discurso cuando necesitan urgentes intervenciones”.

Llama secretario indios a indígenas
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: «al que le dieron un enérgico correctivo fue al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados. Y fue nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos (Morena). Cuando el secretario de Estado hablaba de las centrales renovables, eólicas y solares, refirió que 36 de éstas “andan en trámites o en acuerdos con los dueños de la tierra o en procesos de consultas si están establecidos en comunidades indias”. La diputada corrigió al secretario al señalarle que las comunidades indígenas “no son comunidades indias” y lo llamó a cuidar su lenguaje. El remate a don Pedro se lo dio uno de los suyos, el diputado del PRI, Enrique Ochoa, cuando se sumó a lo dicho por la morenista. ‘Estamos de acuerdo en que debemos de referirnos con respeto a las comunidades indígenas de nuestro país’”.

Justicia al fin
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: «es casi una tradición en nuestro país la existencia de supuestos presos políticos. Luchadores sociales o activistas que ingresan a prisión bajo otros cargos y a manera de castigo. Tras concluir un encuentro con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que presentará una iniciativa de ley para la amnistía a presos políticos y que la encargada de redactarla será Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación. No se tratará de una liberación generalizada, insistió. Se analizará caso por caso para determinar en cuáles sí se fabricaron pruebas por tratarse de opositores al actual régimen. Tema delicado que habrá que manejar con pinzas”.

El error de octubre
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: «el «error de octubre» de Andrés Manuel López Obrador comenzó a tomar pista con el anuncio de la consulta dizque popular para definir, o más bien justificar, la cancelación del nuevo aeropuerto. Quienes sí saben de cuestiones estadísticas comentan preocupados que uno de los principales inconvenientes de dicha consulta es la facilidad con la que puede ser manipulada. Por más que Javier Jiménez Espriú diga que será un ejercicio neutral, la realidad es que, de entrada, no garantiza representatividad de la sociedad, debido a su diseño. Los 538 municipios en los que se aplicará no fueron seleccionados de forma aleatoria, sino a dedazo. Para colmo, la participación se prevé más bien baja y muy cargada hacia los opositores al NAIM. Dado que habría apenas dos mesas en cada municipio, los expertos dicen que es muy probable que la consulta se convierta en un bonito ejercicio de acarreo. Así que, hasta ahora, da la impresión que la consulta es, en realidad, para darle el avión a quienes creen que sí debe construirse el aeropuerto”.

ONGs esperan a AMLO
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Profesionistas de Seguridad Pública anunciarán hoy que rescinden el convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, que encabeza Renato Sales, para la implementación del Mecanismo Ciudadano de Transparencia. “Dada la falta de avances sustantivos y la visible falta de interés de la CNS para que el mecanismo operara y se cumplieran los objetivos del convenio”, las ONG cierran el capítulo, sin dejar de señalar que están puestas para reanudar el ejercicio con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador”.

Redacción/SinEmbargo

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