Organizaciones civiles, investigadores, familiares de víctimas y activistas exigen que el Estado mexicano deje de negar la crisis en derechos humanos y asuma su papel para frenarla. Los inconformes proponen iniciar aceptando las observaciones de organismos internacionales.
México, 12 de octubre (SinEmbargo).– La crisis de derechos humanos que atraviesa México debería ser atendida de forma urgente por el Estado, además de asumir su responsabilidad en lugar de negar la realidad ante organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, expusieron organizaciones civiles, grupos, movimientos, colectivos sociales e investigadores.
Las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura no son hechos aislados sino son prácticas que se replican en todo el país. Los casos van en aumento y van acompañados de la no averiguación, la no justicia a las víctimas y a sus familiares, denunciaron.
«Cuando hablamos de una crisis no es una palabra que se nos ocurrió, sino porque está manifiesta en lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestro país. La desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones arbitrarias están presentes en todo México y el Estado no ha realizado un esfuerzo acorde, ni de acuerdo a la magnitud de esta grave crisis. Al no aceptarla manda un mensaje de impunidad a los perpetradores, y de impunidad a toda la sociedad», dijo Víctor Hugo Carlos Banda, defensor de derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
«Respaldamos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo expuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se enumeran y denuncian graves violaciones a los Derechos Humanos testimoniadas y documentadas en todo el país. Exhortamos de forma urgente a la sociedad mexicana a la participación, organización y articulación para exigir que el Gobierno de México acate y dé seguimiento irrestricto y puntual a todas las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales al respecto, asuma sus obligaciones y responsabilidades y ponga fin al grave y preocupante escenario de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos que estamos viviendo en México», dice el pronunciamiento que hizo la red de organizaciones.
Mario Vergara Hernández, del grupo «Los otros desaparecidos de Iguala”, expuso que la desaparición forzada no es un hecho atípico, pues «es cosa de tiempo para que a todos nos llegue la violencia y que nos desaparezcan a un familiar».
Desde su experiencia contó que luego de los hechos de Iguala, Guerrero, varias personas alzaron la voz y comenzaron a buscar a sus familiares, utilizando picos y palas para explorar las fosas clandestinas en los cerros y lugares inhóspitos. Tan sólo en aquel municipio Mario y familiares de víctimas de este crimen de alto impacto desenterraron 104 cuerpos.
«La desaparición generalizada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y las decenas de fosas encontradas posteriormente, tan sólo en ese mismo municipio, abrieron una verdad que se pretendía ocultar durante esta administración y que ha puesto de manifiesto una mínima parte de la gravedad que vive México en lo referente a estas violaciones», acusó el grupo de ciudadanos que piden a los tres órdenes de gobierno atender las recomendaciones de organismo internacionales en materia de derechos humanos.
El activista Mario Vergara relató los impedimentos que las autoridades les han obligado a acatar, justificando la supuesta contaminación de la escena del crimen. Además expuso que son tratados muchas veces como delincuentes sólo por buscar a sus desaparecidos, y que a la hora de la búsqueda están desprotegidos, no sólo en términos de seguridad sino de recursos.
«En la búsqueda está muriendo mucha gente. Nosotros ya no pedimos justicia, ni queremos saber quién lo hizo, lo único que queremos es poder encontrar a nuestros familiares. Pero al estarlos buscando corremos muchos riesgos, porque ellos piensan que estamos buscando delincuentes, que los estamos señalando. Entonces le pedimos a la sociedad que busquemos soluciones a este gran problema que tenemos. Ya tenemos el problema, ya no es tiempo de estarnos quejando. Es tiempo de buscar soluciones y armar un gran equipo», dijo Vergara.
La red de organizaciones civiles aseguraron que el Gobierno mexicano respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «Iguala no es México”; sin embargo, casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales se repiten de forma extensiva y escalada en diversas partes del país.
ACALLAR, DISOLVER, ATERRORIZAR
Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, aseveró que se realiza la tortura para evitar derechos penales democráticos, con ello coacciona las declaraciones durante investigaciones. Sumado a ello, esta práctica no sólo es consecutiva en las detenciones, sino se usa tanto por el crimen como por fuerzas del Estado para acallar, disolver y aterrorizar.
La investigadora detalló que faltan cerca de 100 días para que el Congreso de la Unión apruebe una Ley contra la tortura y recomendó a los legisladores que tomen en cuenta el Protocolo de Estambul, que las víctimas tengan acceso a exámenes médicos y psicológicos por peritos independientes y que se otorgue la reparación del daño de forma integral para los afectados y familiares.
En el contexto de la guerra contra el narcotráfico durante el periodo 2006-2012, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles fueron consideradas como “daños colaterales”, señalaron los demandantes.
«En el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto, sin más, se ha omitido esta grave violación a los derechos humanos para cuidar la imagen», recriminó Erin Brewer.
«Es hasta el informe del caso Tlatlaya –emitido por el Centro Prodh– que se evidencian de forma contundente las faltas al debido proceso, justificando la muerte de supuestos delincuentes», destacaron las organizaciones civiles.
Además, agregaron, en muchos casos se han utilizado las ejecuciones extrajudiciales pretendiendo acreditar la muerte de personas como casos aislados y que en realidad defienden su territorio y demás recursos naturales.
