A unas semanas de que arranque el proceso electoral de 2016, donde 13 estados elegirán 547 alcaldes y 398 diputados locales, además de que en 12 de ellos se votará por un nuevo Gobernador, especialistas destacan que estos comicios marcarán la ruta para 2018 y, además, nuevamente pondrán a prueba la fortaleza de instituciones, como es el caso del INE. A partir de esta entrega, SinEmbargo inicia una serie de análisis sobre las condiciones en que los gobernadores salientes dejarán sus entidades.
Ciudad de México, 12 de octubre (Sin Embargo).– Por muchos motivos el proceso electoral del próximo año reviste una importancia especial para los mexicanos. En 2016 habrá elecciones en prácticamente la mitad del país, 13 elecciones locales de las cuales en 12 se jugará la gubernatura. Casi 27 millones de mexicanos saldrán a las urnas a definir nuevos mandatarios estatales, 547 presidentes municipales y 398 diputados locales.
El PRI tiene mayor número de gubernaturas en juego. Nueve de los 12 estados donde se renovará al Gobernador constitucional tiene actualmente un priista al mando: Aguascalientes, gobernado por Carlos Lozano; Chihuahua, de César Horacio Duarte; Durango, de Jorge Herrera Caldera, e Hidalgo de Francisco Olvera.
Así como Quintana Roo de Roberto Borge Angulo, Tamaulipas de Egidio Torre Cantú, Tlaxcala de Mariano González Zarur, Veracruz de Javier Duarte de Ochoa y Zacatecas de Miguel Alonso Reyes.
Además hay tres entidades gobernadas por un personaje emanado de coaliciones o alianzas electorales formadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el 2010: Oaxaca, gobernado por Gabino Cué Monteagudo; Puebla de Rafael Moreno Valle, y Sinaloa de Mario López Valdés.
Los tres fueron priistas que renunciaron al tricolor por una u otra razón, principalmente porque en su momento se les negó la candidatura y optaron por refugiarse en otras fuerzas políticas.
Más allá de los números, el proceso electoral que inició formalmente la semana pasada es importante porque trazará una vereda más clara hacia la elección presidencial del 2018.
Los partidos políticos de oposición, principalmente PAN y PRD, probarán si vale la pena formalizar las alianzas electorales para competir contra el partido en el poder el Revolucionario Institucional (PRI) y su incondicional Verde Ecologista de México (PVEM).
El proceso electoral 2016 también será el segundo compromiso electoral del partido de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. El Diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Virgilio Caballero, adelantó a este diario digital que Morena espera tener buenos dividendos en cuatro de los 13 estados en disputa. Principalmente en Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz y en Oaxaca.
Desde el ángulo opuesto a los partidos políticos, la elección 2016 tendrá un fuerte desafío respecto a las candidaturas independientes o ciudadanas.
Lejos de que la elección del próximo año sirva para consolidar esta figura y permita que la sociedad empiece a familiarizarse con ella, las candidaturas independientes tendrán revés en seis estados de los 13 en donde habrá elecciones.
La elección de 2016 también será un laboratorio para un experimento muy particular: Veracruz y Puebla tendrán elección para un Gobernador que durará menos de dos años en el cargo para homologar la elección gubernamental con la presidencial del 2018.
¿Qué puede hacer un Gobernador en 22 meses de gestión? Muchos especialistas consultados especulan que se trata en realidad de una jugada de los gobernadores de Veracruz y Puebla para dejar en el cargo a un incondicional que «limpie el tiradero».
En total participarán 26.6 millones de personas inscritas en la lista nominal en los comicios del 5 de junio del 2016. Veracruz es el estado donde habrá mayor participación ciudadana con más de cinco millones de electores inscritos en su lista nominal. Le sigue Puebla con más de cuatro millones y Oaxaca con casi tres millones de electores.
Especialistas en materia electoral consultados por SinEmbargo afirmaron que el próximo proceso electoral da continuidad al reto de las instituciones del Estado mexicano por recuperar la confianza ciudadana en que los problemas pueden ser resueltos por la vía democrática.
“Este proceso electoral que se avecina va a ser fundamental porque el país enfrenta el reto de [demostrar a la ciudadanía] que cualquier conflicto se puede canalizar y solucionar por la vía democrática y, además, que sí se puede confiar en las instituciones para elegir a sus gobernantes”, afirmó Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció la demanda ciudadana por lo que consideró que mencionó que ante la crisis de credibilidad y confianza que atraviesan instituciones y partidos políticos, la transparencia es una oportunidad para revertir la percepción de la ciudadanía.
Al participar en la Semana Nacional de la Transparencia, Córdova recalcó que las últimas reformas a las leyes de transparencia y electorales trajeron consigo cambios importantes que abonan a la rendición de cuentas, uno de los pendientes más grandes en términos de construcción democrática.
Detalló que estos cambios se pueden ver al menos en tres nuevas disposiciones: la máxima publicidad, como uno de los principios rectores de la actividad electoral; el robustecimiento de la fiscalización, a nivel nacional, y la conversión de los partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de transparencia.
INTEGRACIÓN DE OPLES, TALÓN DE AQUILES DEL INE
Por no ser elección federal, el proceso electoral 2015-2016 no será responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), al menos no la mayor parte de él.
Como lo marca la legislación electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) son los encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa para la elección de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos.
A su vez, estos son integrados por el órgano central, es decir el INE. Tal como ocurrió en el 2015, hoy existen diversos señalamientos y acusaciones de falta de independencia de los órganos electorales respecto de sus gobernadores estatales, para el proceso electoral del próximo año.
“Los consejeros son representantes no de los ciudadanos sino de los partidos políticos, si usted analiza las listas de quienes quedaron en las OPLES se dará cuenta que son prácticamente los mismos nombres, y no porque estos sean muy efectivos, sino porque tienen apoyo político”, explicó Héctor Tejera, profesor investigador del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los OPLES deben garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; preparar la jornada electoral; producir los materiales electorales; efectuar el escrutinio y cómputo de los votos; implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los comicios.
Sin embargo, sí es tarea del INE emitir la convocatoria, evaluar y avalar a los integrantes de los OPLES, previo a la elección estatal.
La primera vez que el INE realizó esta labor, fue durante el proceso electoral 2014-2015, cuando avaló a los integrantes de las (OPL) de los estados involucrados en la elección, con malos resultados en algunos casos particulares.
El caso más representativo por el tono de la desaprobación fue el del instituto electoral de Chiapas, cuyas malas decisiones, su reconocida parcialidad a favor del PVEM y sus múltiples errores provocaron que el INE mismo investigara la actuación de los consejeros.
Para el proceso electoral 2016 el INE tiene nuevamente la tarea de evaluar y aprobar a los integrantes de los órganos electorales locales.
El pasado 2 de septiembre el Consejo General del INE aprobó por mayoría a los consejeros de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
El consejero Marco Antonio Baños, presidente de la comisión de OPLES, afirmó que los integrantes de los órganos gozaban de plena independencia respecto a los gobernadores estatales, a pesar de que consideró acertado que en tres de los ocho casos repitieran en la presidencia los consejeros colocados por sus mandatarios.
“Advertimos que efectivamente los principios de independencia y de neutralidad política […], si esto no fuera así, los gobernantes en las entidades federativas no hubieran presionado a los OPLES en funciones por la vía de la asignación presupuestal”, dijo Baños.
Sin embargo, la oposición rechazó los nombramientos y alertó que se trató nuevamente de un proceso de simulación que terminaría beneficiando a los candidatos del partido político del gobernador en turno.
Advirtieron que el mensaje que se está enviando en estos casos, más allá de los méritos propios de cada uno de los aspirantes, y de un análisis específico y particular en cada caso, es el de continuidad a los proyectos políticos de los gobernadores estatales.
“No cambiaron mucho en términos de los que estaban anteriormente. Es decir, siguen siendo aquellos que los gobernadores quieran que sean, pero sí cambiaron los procedimientos y muchas cosas –administrativamente– que antes hacían los institutos estatales, ahora tienen que pasar por el INE”, dijo Héctor Tejera.
Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que el presupuesto solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio de 2016, contemplan los requerimientos necesarios para que la autoridad electoral pueda ejercer sus atribuciones de capacitación e instalación de las casillas en los estados que tendrán elecciones el próximo año.
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
Desde que terminó la elección federal de 2015, los gobernadores de seis estados han orillado a sus congresos estatales a reformar las leyes electorales locales para imponer mayores candados que dificultan la implementación de las candidaturas independientes, conocidas como “Leyes Anti Bronco).
Se trata de los gobernadores priistas Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; César Duarte Jaques, de Chihuahua, y Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas. Así como los panistas Manuel Moreno Valle, de Puebla, y Francisco Vega, de Baja California, y un mandatario que llegó al poder gracias a la coalición PAN-PRD, Mario López Valdés, de Sinaloa.
Ante esta amenaza de retroceso, académicos y organizaciones de la sociedad civil publicaron un desplegado por el cual exigieron equidad en las contiendas electorales, y que los partidos mayoritarios cesen de obstaculizar las candidaturas ciudadanas.
Por su parte, el primer Diputado federal independiente, Manuel Clouthier Carrillo, presentó una iniciativa de reforma constitucional y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) para fortalecer las candidaturas independientes.
Se pretende fortalecer el derecho de cualquier ciudadano a ser votado sin que sea respaldado por un partido político; que su candidatura cuente con las mismas prerrogativas, acceso a medios de comunicación; y que se eliminen los nuevos candados que imponen algunos congresos locales a los independientes.
Además, el PAN vía su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, presentó una iniciativa para fortalecer las candidaturas independientes.
La propuesta panista plantea que los aspirantes a las candidaturas ciudadanas ténganla obligación de reunir solo 0.5 por ciento de las firmas de apoyo ciudadano, que tengan el plazo suficiente y que además permitan la participación de quienes dejan un partido político para competir como ciudadanos.
“A lo que nos referimos es a que las candidaturas independientes sean realmente para auténticos ciudadanos. Y, por ello, lo que estamos haciendo es disminuir en todos los casos, el número de firmas requeridas para que puedan participar y registrarse”, dijo Marko Cortés.
Por su parte, especialistas consultados refirieron que si bien las candidaturas ciudadanas no son la solución definitiva a los problemas democráticos del país, sí son el mejor método que tiene la ciudadanía para expresarse sin los partidos políticos.
“Yo no creo que las candidaturas independientes sean la panacea, pero sí entiendo la necesidad de abrir los espacios para que ciudadanos que busquen una candidatura de este tipo, logren convencer a la ciudadanía de tener su apoyo electoral”, dijo Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Por su parte, Héctor Tejera, profesor investigador del Departamento de Antropología Social de la UAM, Unidad Iztapalapa, afirmó que el principal problema de las candidaturas independientes se da en el contexto de partidos políticos que tienen mucha fuerza, pues podría servir para generar un efecto contrario al esperado.
En otras palabras, es posible que en lugar de fortalecer el voto ciudadano, en realidad se logre debilitar la fuerza independiente y favorecer al partido del gobernador en turno.
“Es la mejor manera de fraccionar el voto. Si tiene usted un partido fuerte como es el PRI y pone 20 candidatos independientes lo único que hace es que debilita el voto en contra del partido predominante”, dijo Héctor Tejera.
GUBERNATURAS DE SOLO DOS AÑOS
En las próximas elecciones de 2016 los estados de Puebla y Veracruz elegirán gobernadores que tendrán un mandato de solo 22 meses.
El argumento por el cual los congresos estatales avalaron los cambios es homologar los comicios gubernamentales con la fecha en que todos los mexicanos elegirán al Presidente de la República, en el año 2018.
Se dice que al empatar la elección estatal con la federal se acabará con la “escalera” electoral a lo largo del sexenio, se reducirán los costos de los proceso electorales y aumentará la participación ciudadana en las urnas.
No obstante, existen motivos para creer que esto no es así.
“Estos cambios no tienen que ver con homologar calendarios, reducir costos o simplificarle la vida a la sociedad, a los ciudadanos, tiene que ver con cálculos pragmáticos de los gobernadores en turno”, señaló Jorge Alcocer, en entrevista para SinEmbargo.
El especialista consideró que lejos de beneficiar a la sociedad, la medida tiene la verdadera intención esconder los yerros de los gobernadores de ambos estados “bajo el paraguas de la parafernalia mediática relacionada con la elección presidencial”.
Para el analista político Jorge Alcocer, en los hechos, estos minigobernadores serán mandatarios débiles, sin posibilidad de cumplir un proyecto de gobierno, y se limitarán a ser encargados de despacho, mientras llegan los tiempos para elegir al siguiente gobernador de un periodo de seis años.
De esta forma los más beneficiados serán los gobernadores Rafael Moreno Valle, de Puebla, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, quienes podrán mantener el control político en la entidad más allá de su propio sexenio.
