El objeto de la investigación es el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en la adjudicación de obras públicas.
Por Franklin Briceño
LIMA, 12 de agosto (AP) — La Fiscalía peruana inició una nueva investigación preliminar contra el Presidente Pedro Castillo y su Ministro de Transportes por presuntamente integrar una organización criminal. Esta es la sexta indagación contra el mandatario, un caso inédito en la historia peruana.
La nueva pesquisa, que incluye al Ministro Geiner Alvarado -quien antes estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda- es ejecutada por la Fiscal General Patricia Benavides.
El objeto de la investigación es el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en la adjudicación de obras públicas en dos provincias, una de ellas llamada Chota y ubicada en los Andes, donde el mandatario vivía antes de asumir la presidencia.
Me acusan falsamente de haber traicionado a la patria. No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino.(6/8)
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 11, 2022
La noche del miércoles Castillo dijo en el Palacio Presidencial ante líderes barriales de la capital que las investigaciones fiscales han golpeado a su familia, pero que iba a responderlas con trabajo.
Su cuñada Yenifer Paredes, de 26 años y criada desde niña como hija por el mandatario y su esposa Lilia Paredes, se entregó a la Fiscalía luego de que las autoridades ordenaron detenerla por 10 días por supuestamente integrar un grupo criminal para lavar activos liderado por el mandatario.
«Sé que el día de hoy en este momento Yenifer [Paredes] está pernoctando en el piso, es parte de la lucha, de la vida política en el Perú, pero eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia juntamente con ustedes vamos a salir adelante, por un país más justo», dijo el mandatario.
El Ministro Alvarado -uno de los pocos funcionarios que sobrevive en el Gabinete de Castillo desde el inicio de su gobierno el 28 de julio de 2021- también está implicado en la investigación por presunto lavado de activos que provocó la detención de Yenifer Paredes.
En la indagación por lavado de activos, la Fiscalía esbozó un organigrama de una presunta red criminal liderada por Castillo que incluye a varios familiares, a Alvarado y a un Alcalde del pueblo donde vivía el mandatario. La coordinadora sería la primera dama y los testaferros tres cuñados del mandatario, incluida Yenifer Paredes. En tanto, las empresas de fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial.
Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones. El martes, luego de que policías y fiscales buscaran sin éxito a su cuñada en el Palacio Presidencial, el mandatario indicó que la Fiscalía «montó un show mediático» y añadió que existe una confabulación de una parte del Congreso, la Fiscal General y un sector de la prensa para «tomar el poder de forma ilegal».
La víspera el Ministro Alvarado rechazó ser parte de una organización criminal para lavar activos y pidió a la Fiscalía esclarecer el caso para «no afectar la dignidad de las personas».
Esta la primera vez que la Fiscalía peruana investiga a un mandatario en funciones.
El caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht que explotó en 2016 en casi toda Latinoamérica dio pie a que el Ministerio Público peruano iniciara investigaciones contra cuatro expresidentes, políticos y empresarios influyentes. Desde entonces los peruanos vieron por primera vez detenciones de personas que antes eran consideradas intocables, algunas de ellas con grilletes en las manos y rodeadas de policías.
Un expresidente se suicidó antes que la policía lo detuviera, otro exmandatario fue encarcelado por nueve meses junto a su esposa y afronta un juicio donde la Fiscalía pide una sentencia de 20 años de cárcel, otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición y un cuarto expresidente tiene prohibido abandonar Perú y debe firmar cada mes su asistencia en un juzgado.
Antes, en 2009, la justicia sentenció a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos y también por corrupción a otro expresidente, Alberto Fujimori (1990-2000).
