Redim y NIMA lamentaron que los gobiernos de Guanajuato y de Salamanca no atendieran la resolución de la Jueza federal, que se emitió desde marzo pasado, «sino hasta que el valiente trabajo periodístico develó el cautiverio y maltrato de que eran víctimas decenas de niñas niños y adolescentes». Por este motivo, urgió a la PGR atrae la investigación sobre la violencia física, sexual y psicológica al que fueron sometidos menos albergados en Ciudad de los Niños, y sancionar al sacerdote Pedro Gutiérrez.
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Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo/ZonaFranca).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió este día al Gobierno de Guanajuato, a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Presidente Enrique Peña Nieto investigar los abusos al que fueron sometidos niños en un albergue católico en Salamanca, y castigar a los responsables.
En un comunicado, la organización civil lamentó que «nuevamente niñas niños y adolescentes [sean] motivo de indignación pública al descubrirse víctimas indefensas de violencia física, sexual y psicológica en el centro de asistencia social Ciudad de los Niños A.C. […] que se encuentra a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, otras religiosas y personal sin formación profesional que, de acuerdo con testimonios de las víctimas, son los responsables directos de las agresiones y vejaciones».
Desde hace más de un año se denunció de manera anónima que en el albergue habían abusos físicos y sexuales en contra de los menores, además de desvíos de los recursos. Sin embargo, fue hasta este día que el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) estatal, por instrucción del Gobierno de Miguel Márquez Márquez, tomó el control de La Ciudad de los Niños, brindando atención a cinco menores, “cuyos dictámenes recomiendan recibir atención psicológica en condiciones adecuadas de mayor alcance y profundidad”, se informó en un boletín.
La denuncia anónima fue admitida por la Jueza Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, quien desde marzo pasado ordenó indagar a las autoridades del albergue, así como a funcionarios y particulares que entregaron apoyos.
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Ayer, el medio local Zona Franca informó que pese a que una Juez federal puso en evidencia las graves violaciones a derechos de los menores en la Ciudad de los Niños de Salamanca, que ha tenido respaldo de políticos y funcionarios, el Gobierno local no había procedido de ninguna manera.
Redim lamentó que los gobiernos de Guanajuato y Salamanca no atendieran la resolución «sino hasta que el valiente trabajo periodístico develó el cautiverio y maltrato de que eran víctimas cientos de niñas niños y adolescentes».
«Ante la evidencia de inacción de las autoridades locales, hacemos un llamado a la PGR para atraer el caso y realizar las investigaciones conducentes para sancionar al sacerdote Pedro Gutiérrez y el personal cómplice de los abusos. Es un buen momento para que la jerarquía católica atienda el llamado del Papa Francisco quien ha comprometido a la Iglesia para no tolerar más curas pederastas, por lo que exigimos lo entreguen a las autoridades competentes para que responda a las acusaciones y en su caso sea procesado penalmente», resaltó la ONG.
La ONG condenó que las altas autoridades del país siguen mostrando desdén ante el 32 por ciento de la población nacional, invalidando el gran esfuerzo realizado por funcionarios que buscan hacer realidad el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA).
El Presidente de la República no ha convocado a la tercera sesión del SIPINNA desde hace siete meses. Más de 20 gobernadores han dejado de convocar a las sesiones de los Sistemas Estatales donde se tiene que definir la política pública que garantice los derechos de la niñez, señaló la Red.
En tanto, el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA) pidió a las autoridades que se deslinden las responsabilidades de particulares y se sancione por la vía penal los delitos cometidos y documentados; que se establezca claramente las responsabilidades estatales (por acción u omisión) de funcionarios municipales y estatales que conocieron los hechos, incluyendo la responsabilidad institucional.
También solicitó que “las instituciones federales, en concreto a la CNDH, a la PGR y a la Procuraduría Federal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que atraigan el caso y que coadyuven para que estos casos no se vuelvan a repetir”.
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DIF SE REÚNE CON EL SACERDOTE PEDRO
Alfonso Borja, director del DIF Estatal, dijo este miércoles que conocen la sentencia desde “hace unas semanas” y que aunque la sentencia “no está firme, no es definitiva, hemos actuado de manera proactiva y nos hemos adelantado a atender que ellos vivan sus derechos de manera plena”.
Señaló que el martes por la noche se reunió con el padre Pedro Gutiérrez y acordaron que el DIF se encargaría de la administración de la casa hogar. “Él está sensible a la situación, él entendió, por supuesto, que hay una sentencia, aunque esta no es firme», insistió el funcionario estatal.
Borja dijo desconocer si existen carpetas de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “pues ellos están enfocados en lo que les compete”.
El DIF estatal, mediante un boletín informó que se estableció un perímetro de protección a los inmuebles de Ciudad de los Niños, Borja declaró que esto se debe a que “decidimos solicitar apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública para cuidar que hubiera alguna sustracción” de algún menor y que continúa de manera permanente. En los recorridos que realizó Zona Franca no se percibió la presencia de ningún tipo de seguridad, inclusive se pudo ingresar al albergue sin el menor problema hasta el martes pasado.
El DIF ha atendido a 63 niños, niñas y adolescentes en dos albergues del estado.
