Después de que el Presidente Enrique Peña Nieto instruyera a la Procuraduría General de la República (PGR) interponer recursos de inconstitucionalidad en contra de paquetes anticorrupción que “blindan” a los gobernadores priistas en Veracruz y Quintana Roo, esta decisión fue replicada en Chihuahua, donde César Duarte Jáquez carga con diferentes acusaciones, como haber desviado recursos públicos para la creación de un banco en el que posee acciones.
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El abogado y activista Jaime García Chávez consideró que el Gobernador César Duarte Jáquez tiene un panorama cada vez más complicado para quedar en la impunidad. Un gobierno entrante, encabezado por el político del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Corral Jurado, busca que pague por presuntos actos de corrupción, y ahora, por decisión presidencial, un entramado de leyes anticorrupción que Duarte impulsó para “blindarse” se encuentran en vilo.
No es sólo la herencia de una deuda de 42 mil 762 millones de pesos lo que el próximo Fiscal Anticorrupción en la entidad deberá investigar, sino, a los ojos de García, también tendrá que indagar la serie de conflictos de interés que vinculan a la actual administración del estado fronterizo con la creación del Banco Unión Progreso de Chihuahua.
El abogado dice que justo por gente como César Duarte es que el partido del Presidente, el Revolucionario Institucional, va en picada. Y dice que no van por él, aunque tienen evidencia, porque prestó favores al Presidente mexicano.
García Chávez, un abogado defensor de los trabajadores y con militancia en la izquierda, fue quien puso los ojos del país en el nuevo banco del Gobernador de Chihuahua.
Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, constituyeron un fideicomiso en Banorte en noviembre del 2012 con número de contrato 744743 por 65 millones de pesos. En él se instruye a Banorte que adquiera acciones en una institución financiera: Banco Progreso Chihuahua.
“O sea los dos que están casados por sociedad conyugal instituyeron este fideicomiso con claro propósito de convertirse en acciones dominantes del futuro banco”, explicó García.
Ante la ola de acusaciones que ese acto desató, Duarte declaró que ese fideicomiso era un listado de las asociaciones crediticias que respaldarían algún riesgo que Banco Unión Progreso pudiera tener en el futuro, al estar de por medio más de 100 mil ahorradores y más de 3 mil accionistas. Pero, en marzo de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la creación del banco, donde el secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios.
Pese a que García, quien ha sido político y Diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció a Duarte en septiembre del 2014 por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, ante la Procuraduría General de la República (PGR), aún no hay resultados.
En esta red también están implicada Patricia Berges Chávez, esposa del empresario Jaime Galván Guerrero y Carlos Hermosillo Arteaga, quien tiene una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.
En una entrevista concedida a SinEmbargo, García comenta los pormenores de lo que espera lleve a Duarte a la cárcel.
— ¿Creen que la solicitud de inconstitucionalidad es positiva para esclarecer el caso del banco?
—Yo creo que sí, eventualmente está conectado. Porque si Duarte llegase a nombrar un Fiscal Anticorrupción es obvio que el principal asunto que tendría tratar es el del Banco Unión Progreso, que le atañe directamente a él y a su Secretario de Hacienda [Jaime Ramón Herrera Corral]. Aún está por definirse cuál sería la competencia federal en esta denuncia del banco y cuál la estatal, porque podría darse el caso que se repartiera. A nivel estatal, Duarte estaría protegiéndose a través de crear carpetas de investigación y luego archivarlas, de tal forma que cuando el próximo Gobierno intentase hacer algo se toparía con una cosa juzgada. Esa es la maniobra que Duarte estaría intentando con nombrar un Fiscal.
— ¿Existen denuncias a nivel estatal en contra de las anomalías?
— Presentamos una moción en la Fiscalía para que nos informen si hay carpetas de investigación abierta contra César Duarte, Jaime Herrera, Carlos Hermosillo Arteaga. Y nos basamos en el pacto de San José que establece la posibilidad de que a los particulares se nos brinde información. Pero nos lo negaron hace 20 días. Y eso es sospechoso de que se esté fraguando algo. Aquí el punto es que nosotros no estamos pidiendo que nos den el contenido de las carpetas, por el carácter secreto de las averiguaciones previas, sino sólo saber si existen.
—¿Ve que hay voluntad política del Gobierno federal para auditar estos presuntos recursos públicos depositados en el banco? ¿Qué papel ha jugado el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso en este asunto?
—Yo creo que Chihuahua terminó por abrir las denuncias de corrupción en términos que trascendieron a la calle. En este caso, es un asunto en el que ha faltado voluntad política de manera indiscutible. Parece ser que hay una complicidad de Peña Nieto con César Duarte para mantenerlo en la impunidad. Porque hay violaciones a leyes federales como serían leyes bancarias, la afectación a la legislación que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue que más que evidente la intención de cometer un delito antes de que entrara la ley Antilavado de Dinero. Hay un itinerario delictivo muy obvio, que mi modo de ver recae en el ámbito federal.
— ¿Además del conflicto de interés que supondría que Duarte designara a un Fiscal Anticorrupción para investigarlo, ve un conflicto de interés entre la amistad de Duarte y el mismo Peña Nieto?
— Creo que hay un conflicto de competencias. De lo que corresponda a la federación, básicamente. Y yo creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal. Porque los delitos están más que acreditados. Y no tienen más vuelta de hoja. La única protección que tiene es la Presidencia de la República, y la abulia en la que ha caído la PGR al no ejercer la acción penal.
—Duarte también demandado por una empresa en España llamada ACM a la que presuntamente adeuda 3 millones 760 mil dólares. Se presume que intentó pagarlo con el erario. ¿Qué sucedió luego con la orden de embargo presentada hace un mes?
— Hay que plantear que, si bien es cierto que el tema de la demanda mercantil que se inició en Murcia [España] ya tiene un exhorto en los tribunales del Distrito Federal, se trata de una cobranza privada a César Duarte, su esposa, y la gente mafiosa que rodea al Gobernador. Ellos están preparando venir a Chihuahua a embargar. Pero yo quiero ser claro que mi denuncia es por el uso del erario. En cambio, esta es una cobranza del tipo privado. Yo creo que en poco tiempo vendrán e intentarán demostrar esto. Lo que podría servir para que se destapen otras operaciones realizadas por el Gobernador. Porque, efectivamente, el pretendió pagar una deuda privada con fondos público.
— Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre del 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos a la Unión de Crédito Progreso. ¿Se trata de 80 mil millones de pesos del erario?
— Ahí hay un evidente conflicto de interés, hay una declaración pública televisada donde él [Jaime Herrera] reconoce ser accionista en la antigua Unión Progreso. A su vez fue el estratega para convertir Unión Progreso y otras instituciones auxiliares en el Banco Progreso de Chihuahua. Hay documentos públicos que lo acreditan como constancias en el Diario Oficial de la Federación. Después de una solicitud de transparencia hemos acreditado los 300 y tantos depósitos que alcanzaron la cantidad de 80 mil millones de pesos. Eran depósitos de corto plazo. De fin de semana, viernes, sábado y domingo, de tal manera que podemos decir que siempre tuvieron 400 millones de pesos diarios en al institución de la que se beneficiaban.
— ¿No hay un delito en esto?
— Ahí hay una violación a la ley de instituciones de crédito, porque las únicas que pueden recibir depósitos de parte de los gobiernos son las bancas de fomento o las instituciones de banca múltiple. Y cuando se hicieron los depósitos no se hicieron en institución de banca múltiple. Sino en una organización auxiliar, con la finalidad de acreditar de que se podía convertir en banco. Entonces la violación a la Ley de instituciones de crédito también fue violentada. Por lo cual creeemos que este asunto debe caer en el ámbito de los jueces federales, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
— No se advirtió de que la participación de Herrera en el Gobierno sería un claro conflicto interés?
— Hay dos certificaciones de la agencia Moody’s. Hay un primer dictamen en el que dice que no recomienda la creación del banco porque los accionistas coinciden con los políticos del estado. Y que más que hombres ligados a la industria eran políticos que se estaban apoyando en el erario. Y la segunda observación, habló de que las operaciones de Unión Progreso no daban el volumen para la creación de una institución de banca múltiple. Y esa observación de Moody’s ocasionó que se trajeran a Jaime Herrera a la Secretaría de Hacienda y que él desfogara una cantidad enorme de recursos a Unión Progreso. Cayendo en este conflicto de interés que es muy obvio. La misma Moody’s lo había dicho.
— Vemos cómo el Presidente Peña Nieto, mediante la PGR, veta a los Congresos estatales con mayoría del PRI. Y pareciera que el PRI atraviesa fragmentaciones y agitación en el marco de la elección de un nuevo presidente del partido. ¿Estas divisiones se ven reflejadas en Chihuahua?
—Pasa lo mismo que a nivel nacional. Con la diferencia de que aquí Duarte ha sido revanchista y a impugnado de manera ruin y risible. Pero no ha tenido el decoro de renunciar, ni él ni el presidente [estatal] del PRI, en los términos como lo hizo Beltrones. Incluso, con el trascendido que él [Beltrones] planteó que con gobernadores como César Duarte, cómo querían que se ganarán las elecciones. La lección del nuevo presidente nacional del PRI, es como la del síndico de una quiebra: a él ya le toca pagar con los remanentes. Pero el PRI es un partido que va en franca caída.
