El incendio ocurrió el 8 de marzo y 41 niñas murieron intoxicadas y carbonizadas en una pequeña aula del Hogar Virgen de la Asunción, un centro estatal de acogida a niños y adolescentes que sufrían abandono, abusos físicos y sexuales y discapacidad.
Por Sonia Pérez
ADEMÁS
Guatemala, 12 de junio (AP).- La Fiscalía de Guatemala solicitará el retiro de la inmunidad al Presidente Jimmy Morales para poder investigarlo en torno al incendio de un hogar para menores, en el que murieron 41 niñas.
La secretaria general del Ministerio Público, Mayra Veliz, dijo el lunes en rueda de prensa que se recibió una solicitud de dos diputados opositores para quitarle la inmunidad política al Presidente y ahora corresponde a la Fiscalía hacer la petición a la Suprema Corte, que deberá determinar los pasos a seguir.
Los diputados Sandra Morán y Locadio Juracán argumentan que el Mandatario tendría responsabilidad en los hechos porque era el superior de los funcionarios involucrados y detenidos por el caso.
Un día antes del siniestro varias menores se habían fugado aduciendo malos tratos y abusos por parte de sus cuidadores, sin embargo, fueron recapturadas. Según testimonios, el incendio fue provocado por una de las menores tras más de 8 horas de estar recluidas, sin acceso a sanitarios.
La Diputada Morán dijo que el presidente también sería responsable de que no se contrataran a personas adecuadas. “En la línea de mando él era el inmediato superior de los capturados, se sabe que a medida que sucedían los hechos, el presidente era informado y no dio instrucciones”, dijo la Legisladora.
La Corte Suprema de Justicia, tendrá que resolver si acepta o no la solicitud y según la Ley de Antejuicios, trasladarla al Congreso de la República, donde serán los diputados quienes decidan si le retiran o no la inmunidad a Morales.
La solicitud contra Morales ocurrió horas después de que la policía y fiscalía detuvieran a cinco funcionarios acusados de presunta participación en el incendio.
Julia Barrera, vocera de la fiscalía, dijo que a los detenidos se les imputa homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
Entre los detenidos está Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, y Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia.
La Fiscalía ha dividido en tres los momentos importantes de la tragedia: el primero el día 7 de marzo cuando empezó la fuga, el siguiente el momento de la recaptura de los niños y el tercero desde que fueron recluidos en pequeñas aulas.
“Ambos funcionarios dejaron de ejercer su mandato de protección a los niños y niñas y velar por sus derechos”, aseguró la Mayra Veliz, secretaria adjunto de la fiscalía, también aseguro que delegaron la autoridad de las niñas a la policía a pesar de que las niñas no tenía conflicto con la ley.
Veliz dijo que la Fiscalía también solicitó que se le retire la inmunidad a la jueza Rocío Albani Murillo Martínez, a quien la Procuraduría de Derechos Humanos, le había solicitado realizar una exhibición personal para determinar si los niños y niñas eran víctimas de vejámenes, pero la jueza, aduciendo temer por su seguridad, no realizó.
Por este caso también están en prisión y ya sujetos a investigación Carlos Rodas Mejía y Anahí Keller, ex Secretario y ex Subsecretaria de Bienestar Social de la presidencia, respectivamente, y Santos Torres, ex director del hogar.
Ningún empleado, varios de los cuales habían sido acusados de prostituir y abusar de las menores, ha sido detenido ni acusado en el caso.
ADEMÁS
